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Editorial & Opinion

Desiderata 2017: No roben al pueblo

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 20, diciembre 2016 - 12:00 am

OPINIONEl final de este año  pleno de escandalosas sorpresas, no puede  dejarse de comentar, sin traer a la memoria las palabras de la embajadora estadounidense, señora Jean Manes, pronunciadas en el marco de la denominada semana  de la transparencia y combate a la corrupción, cuando dijo lo siguiente: “En este país hay dinero, la pregunta es ¿a dónde va todo este dinero?

Si no hay dinero para los medicamentos, para lo hospitales, tienen que insistir a los funcionarios públicos  que no pueden robar la plata de la gente, que este dinero tiene que ir para los destinos apropiados”. Dura petición, pero realista. Y en mi carácter personal, retomo esa petición diplomática como un deseo fundamental para 2017, si realmente la administración actual y demás entes participantes de la sinergia pública, quieren aportar lo mejor de sus capacidades y buena voluntad para un desempeño favorable y honesto de la actividad estatal, que nos lleve a salir del atolladero socioeconómico y delincuencial, que nos asfixia como Estado y como pueblo.

También es duro decirlo, pero es nuestra realidad, de que solo aceptando, corazón adentro y sin falsos argumentos, lo malo que estamos realizando, podemos encontrar soluciones consensuadas a mediano y largo plazo, dejando de achacar a otros culpas que nada  deben, o tratando de forzar las condiciones adversas por medio de protestas vociferantes, incluyendo peligrosas amenazas a determinadas instituciones y personas, como magistrados constitucionalistas, ANEP,FUSADES,FUNDE, medios de comunicación y periodistas.

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Por la útil experiencia obtenida en el transcurso del tiempo, somos conscientes que administrar la cosa pública no es una tarea fácil, ni siquiera bien agradecida, especialmente cuando en los hombros y decisiones de los funcionarios públicos recae la ineludible e indelegable responsabilidad de asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la educación, el bienestar económico y la justicia social, como rezaba la Constitución que estudié en la vetusta Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de El Salvador, hace lejanos tiempos.

Esos aspectos siguen siendo fundamentales, aunque hoy se encuentren distribuidos en diversos títulos y capítulos de la actual Carta Magna.


Precisamente, cada obligación del Estado no puede realizarse solo con buenos propósitos, se necesita de dinero y en grandes cantidades para ejecutarlas. Mantener la policía, ejército, embajadas, tribunales, ministerios, escuelas, hospitales, etc. Así como construir, mantener o reparar carreteras, presas hidroeléctricas, etc. significan erogaciones cuantiosas que, en parte, provienen de la actividad tributaria estatal en concepto de impuestos, tasas y aranceles, previamente aprobados por la Asamblea Legislativa y, en segundo lugar, de empréstitos oficiales con instituciones crediticias nacionales y extranjeras, así como por donaciones de entidades y naciones cooperantes o amigas.

Suman millones, grandes e ingentes cantidades, las que si fueran debidamente bien invertidas y utilizadas  en las obras y rubros que la nación necesita y solicita, nos haría un país feliz, seguro y progresista. Precisamente, para evitar despilfarros, desviaciones  y actos de corrupción, desde los tiempos republicanos iniciales,  se creó un órgano contralor de las finanzas estatales y de sus gastos, hoy llamado Corte de Cuentas de la República, cuyos magistrados y subalternos, llevados por intereses bastardos, o afiliaciones partidarias, no han ejercido debidamente su función constitucional y legal de estricta auditoría, permitiendo que por esa actitud pasiva, utilizando la maña perversa de hacerse “los ojos pachos”, funcionarios diversos de otros órganos del Estado aprovecharon tal omisión para desbordar escandalosamente los cauces de la corrupción, llegando hasta enriquecerse ilícitamente con dineros estatales. Simplemente, se convirtieron en  vulgares ladrones, aunque vistieran de traje entero y usaran lociones de Nueva York.

Otros, menos sofisticados, se allanaron a la entrega y recepción de “sobresueldos” mensuales, no contemplados en la Ley del Presupuesto General de la Nación, o sea, robos “de menor cuantía”, pero siempre robos. O aceptar falsos cargos de asesores de asesores de otros asesores. Y detengo esta fatídica y enojosa camándula, porque puedo reventar en urticaria… Por favor, señores funcionarios públicos, hagan caso a este deseo nacido de la petición formulada por la Embajadora Manes: YA NO ROBEN EL DINERO DE SU VERDADERO DUEÑO, EL PUEBLO SALVADOREÑO.Y que este deseo se haga realidad en 2017.Amén.




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