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Editorial & Opinion

Desplazamientos forzados y control pandilleril de territorios

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 17, julio 2018 - 12:00 am

En su última sentencia, el viernes pasado, la anterior Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ), amparó a varias familias desplazadas por la violencia y ordenó al Estado recobrar el control territorial de las zonas dominadas por los grupos de pandilleros terroristas.

La Sala reconoció el fenómeno de los desplazamientos forzados de personas, lo cual es negado por el Órgano Ejecutivo que por todo medio posible trata de suavizar la situación al afirmar que tiene control total sobre el territorio nacional y que existe una simple movilidad humana.

Recordemos que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC),  una organización internacional no gubernamental establecida en Ginebra (Suiza), en  1998 por el Consejo Noruego para los Refugiados, ha ubicado a El Salvador en la décima posición a escala mundial con más desplazados por violencia generalizada. Muchos han emigrado hacia otros países, especialmente para Estados Unidos, pero la mayoría se ha desplazado a otra zona geográfica dentro del territorio salvadoreño, encontrando casi siempre riesgo e inseguridad por el accionar pandilleril.

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El colmo es que en muchas ocasiones es el Estado mismo, a través de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, quien brinda seguridad para que las personas se puedan desplazar por la amenazas de los grupos terroristas. En las noticias es posible ver a policías y soldados ayudando a cargar las pocas pertenencias de las víctimas para que puedan desplazarse. No es malo que brinden este tipo de ayuda, pero sería mejor que garantizaran su permanencia en los lugares donde residen y en el resto del territorio nacional.

Hace poco, en una capacitación, le escuché decir a un oficial de la PNC que él, al igual que muchos miembros de la corporación policial, se sienten molestos cuando escuchan a los periodistas decir que hay zonas controladas por pandilleros, pues para él y otros policías, el control lo tiene el Estado a través de la PNC. Obviamente, aunque muchos se molesten, la cruda realidad es que sí hay territorios controlados por las pandillas que reclutan u obligan a los pobladores a ser sus colaboradores. Hay comunidades en todo el territorio donde el control de quienes entran y quienes salen es exclusivo de las pandillas. Si un ciudadano ingresa a esas comunidades, tiene que cumplir con las reglas impuestas por las maras, tales  como mostrarles el DUI, pagar por el ingreso, bajar los vidrios (si son polarizados), etc.


En algunas comunidades los pandilleros han logrado lo que el Estado no ha podido, tal es el caso de crear estructuras de colaboradores. Las pandillas cuentan con niños, jóvenes, adultos y ancianos que les advierten e informan todo lo que ocurre. He visto niños de diez o menos años que sirven de informantes de los pandilleros. Ancianos (as) que hacen las veces de monitores para tener informados a los pandilleros, incluso guardándoles armas y drogas. Familias enteras que viven del accionar delictivo y que han hecho de la extorsión un modo de vida cotidiano.

Conozco muchos casos de familias que han tenido que dejar de un día para otro sus comunidades porque repentinamente llegaron pandilleros a amenazarlos de muerte por resistirse a colaborar con ellos. Es el caso de Rosa D., una mujer que vivía con sus tres hijos en un cantón de Zacatecoluca, quien tuvo que dejar su vivienda, su trabajo, sus vecinos y amigos, porque fue amenazada por pandilleros, por el simple hecho de tener un pariente militar. Ahora, junto a sus hijos, vive en un país vecino, tratando de reiniciar su vida.

Así, muchas familias se han visto forzadas a desplazarse a otros lugares donde  tampoco estarán seguros, porque son pocos los territorios donde no hay presencia de pandillas. Quienes han optado por irse del país, especialmente a Estados Unidos, sufren las inclemencias del viaje en calidad de indocumentados y se exponen a ser secuestrados, encarcelados, violados, deportados y hasta asesinados o morir por las inclemencias del desierto.

Entonces, que los magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional hayan reconocido la existencia de los desplazamientos forzados y que hayan dado seis meses al Gobierno Central para atender a los desplazados aumentando el presupuesto para la atención a dichas víctimas, es un acierto constitucional, tanto como el hecho de mandar al Estado a recuperar las zonas bajo control pandilleril. El Estado debe actuar.




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