La fiscalía guatemalteca y la CICIG señalaron en 2015 al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti de liderar la red “La Línea”. / Archivo

Integrantes de la trama de corrupción aduanera conocida como “La línea”, por la que fueron detenidos el exmandatario de Guatemala Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, estafaron unos $34,8 millones en otro caso de fraude al Estado, informaron ayer fuentes oficiales.

El fraude tuvo lugar entre 2008 y 2010, según se explicó ayer en una rueda de prensa de la fiscal general, Thelma Aldana, el titular de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas.

En el nuevo fraude detectado, descubierto a través de interceptaciones a comunicaciones de Giovanni Marroquín, supuesto implicado en “La Línea”, se urdió un sistema para evitar el pago de $33,3 millones en obligaciones fiscales de la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que se repartieron el cobro de un crédito fiscal de $1,5 millones.

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas tres querellas contra Aceros de Guatemala por fraude en la compraventa de chatarra, que Marroquín trató de que se sobreseyera utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.

El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso “La Línea”, y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el pasado viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.

Junto a ellos, otros 11 trabajadores de la SAT están involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron $385.000, y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.