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Editorial & Opinion

Discusión de temas de interés publico

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos Paz

miércoles 27, septiembre 2017 - 12:00 am

Se volvió costumbre para funcionarios del Órgano Ejecutivo y dirigentes de los partidos políticos encerrarse en Casa Presidencial a debatir los temas clave de nación. Es una práctica generalizada, el Concejo Municipal también sesiona a puerta cerrada, la mismísima Sala de lo Constitucional se eligió en 2009 entre cuatro paredes después de negociaciones en las que participaron los partidos políticos y el presidente de la República, fue en un cuarto de la Casona.

Hay cosas que realmente no se entienden: En conferencia de prensa el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas declara que si “ARENA realmente quiere contribuir a solucionar el grave problema de pensiones, que ellos mismo nos heredaron en sus gobiernos, el mecanismo es atender el debate que ya está instalado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa o en el espacio que la propia legislatura decida en que se debe de resolver”; sin embargo, desde el martes de la semana recién pasada tomaron lugar reuniones en Casa Presidencial en las cuales participaron los partidos políticos para buscar “una solución” al tema de reformas al sistema de pensiones. Los temas de interés público se discuten públicamente. Los debates parlamentarios en las plenarias y comisiones se trasmiten en vivo y en directo por radio y televisión. Todas las sesiones del Concejo Municipal convendría que fuesen públicas, así ante la faz de la nación, los funcionarios se van a exhibir como realmente son.

La ciudadanía tiene el derecho a supervisar los procesos de toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos. Esto implica que se debe exigir a las autoridades, que rindan cuentas de sus acciones ante la ciudadanía y que ésta pueda participar en el seguimiento, control y evaluación en la ejecución de las  acciones de los funcionarios públicos. Son inaceptables las reuniones a puerta cerrada.

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El derecho a la información es algo que se debe defender a capa y espada. Reuniones privadas que se realizan para discutir, resolver o llegar a acuerdos previos que después públicamente se aprueban durante plenarias de la Asamblea Legislativa no se valen. Estas prácticas empobrecen el nivel del debate político al que están obligados a llevar a cabo todos los grupos parlamentarios. Los arreglos por debajo de la mesa son inaceptables.

No hay que cansarse de repetirlo, discusiones de funcionarios de gobierno entre cuatro paredes no sirven. Es fundamental para la construcción de una sociedad democrática que los trámites públicos se lleven a cabo de manera abierta y pública, y que los ciudadanos tengan pleno conocimiento y puedan observar el desempeño de los funcionarios públicos, así como asistir y escuchar a las deliberaciones y decisiones que sirven para crear la política pública. Un organismo gubernamental no puede cerrar sus puertas al público para discutir el tema de interés nacional.


Hoy una ventana de oportunidad está abierta: Las reuniones secretas, en Casa Presidencial, entre el Gobierno y los partidos políticos fracasaron, ayer naufragaron en la sesión plenaria, los diputados de la Asamblea Legislativa no llegaron a ningún acuerdo. Hoy debe quedar absolutamente claro, las discusiones de la reforma al sistema de pensiones deben ser abiertas y trasmitidas en vivo por la radio y televisión del parlamento.

Después de tanto tiempo, energías y dinero gastado en discusiones a veces sin sentido sobre la reforma del sistema de pensiones ojalá que lo que aprueben no vaya ser un parche.

Seguramente el viernes 29 el ministro de Hacienda presentará el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. Carlos Cáceres está sentenciado: La Sala de lo Constitucional le rebotó el presupuesto 2017 y ordenó eliminar excesos, pues el presupuesto se aprobó incompleto y sin el financiamiento correspondiente y por eso fue  inconstitucional.

Los diputados pronto deben llegar a acuerdos que den salida a los problemas nacionales y recordar siempre, que la Asamblea Legislativa no es plataforma electoral, para buscar votos ni para perder el tiempo en discusiones interminables dominadas por la confrontación estéril.

Ya no hay tiempo, el 4 de octubre, el Gobierno debe pagar $91 millones en servicio de deuda previsional y esta es hora que no cuenta con los recursos para cumplir esta obligación, depende de una emisión de bonos que no le quiere autorizar ARENA.

Basta ya de discursos que no se entienden. Señores diputados y funcionarios públicos en general, abandonen por favor el aserejé, ja deje tejebe tude jebere incomprensible con que hablan y con lenguaje fuerte y claro expresen argumentos para sacar adelante al país.




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