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Editorial & Opinion

Educación constitucional medio ambiental

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Alonso Castillo Robles

Editorial & Opinion | Diario El Mundo

Viernes 12, Mayo 2017 | 12:00 am

La Constitución de 1983 establece la obligación del Estado de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Es más, declara de interés social la protección de los recursos y prohíbe la introducción al país de residuos nucleares y desechos tóxicos. (Art.117 Cn.)

Lo anterior es materia que debe incorporarse en el campo de la educación, en tanto es obligación del Estado, y específicamente se prescribe que debe enseñarse la realidad nacional, como parte del desarrollo de la personalidad en su dimensión social. (Arts. 53 y 55 Cn.)

Los mencionados deberes del Estado, y el correspondiente derecho de la persona humana a la educación, son preceptos primarios íntimamente ligados con la educación ambiental, de enseñanza obligatoria por las entidades educativas en los niveles de bachillerato y universitario, públicas y privadas. Para cada nivel el contenido programático varía en los planes respectivos, y al respecto observamos, en el nivel universitario, la importancia de crear la concientización cívica de que el medio ambiente es un sistema que abarca todos los elementos de la realidad biológica, mineral, social, económica, cultural, estética y particularmente jurídica. La educación legal ambiental es debida en cada una de las carreras, no solo en la de Ciencias Jurídicas, en que es de rigor por su naturaleza,  y tiene el propósito de motivar a los estudiantes a que tomen iniciativas de autodefensa personal y del medio ambiente, incluso mediante denuncias administrativas y penales y demandas de responsabilidad civil por daños ambientales. Corresponde a todos los ciudadanos este tipo de iniciativas, que también son parte de los deberes políticos: de velar porque se cumpla la Constitución de la República, y servir al Estado de conformidad con la ley. (Art. 73 Cn.)

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Se trata de combatir los problemas de contaminación del aire, del agua y los alimentos, principalmente. En las universidades debe impartirse la educación ambiental, según prescribe desde 2012 la Ley General de Educación Superior, enfocada al conocimiento y análisis del crítico problema global del cambio climático.

Es de suyo enfatizar a este respecto que numerosas enfermedades humanas frecuentes, incluyendo algunas terminales, tienen como causa, según los expertos, la exposición cotidiana a un medio ambiente contaminado. La polución es muy grave en nuestro querido país sobrepoblado y con índices terribles de desertificación. Nuestro llamado en este artículo lo dirijo a los estudiantes universitarios, para que exijan a sus autoridades se cumpla la norma constitucional y la ley que manda a las universidades el impartir educación ambiental. La referencia a lo legal de la formación se puede concentrar en los siguientes puntos: a) Los tres tribunales ambientales que están operando en el país (en Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel), tienen obligación formal de atender a todo ciudadano, que acuda a presentar una demanda, oral o escrita, de responsabilidad civil por perjuicio personal sufrido a causa de un daño ambiental, ya sea provocado por persona natural o jurídica, privada o pública, incluyendo municipalidades y entidades autónomas. El deterioro al medio puede ser causado por acción o por omisión; y en el proceso judicial ambiental los demandantes tienen derecho a ser indemnizados si resultan triunfadores.  b) Los ciudadanos pueden presentar aviso o denuncia ambiental en la Fiscalía General de la República, entidad competente para acusar por delitos ambientales en los tribunales penales. c) También se dispone de la posibilidad legal de reclamar indemnización por daños y perjuicios, aun cuando no exista delito, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, Secretaría de Estado obligada a la apertura y finalización de un procedimiento sancionatorio por infracciones ambientales, con derecho a resarcirse por  daños y perjuicios. El orden de los literales precedentes es útil para la planificación del caso por los ciudadanos interesados y afectados, quienes pueden solicitar auxilio  técnico a egresados de derecho y abogados.

Los estudiantes universitarios suman miles de ciudadanos, constituyen una fuerza poderosa de la sociedad civil, y en su papel de liderazgo social pueden impulsar un vigoroso proceso de cambios y acciones medio ambientales, una vez hayan tomado clara conciencia de la grave situación en el país, y decidido en consecuencia pugnar y apoyar  la ejecución de políticas  y medidas adecuadas, públicas y particulares.



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