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Editorial & Opinion

Eficacia constitucional y jurisdicción

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Dr. René Hernández Valiente

Viernes 16, Septiembre 2016 - 12:00 am

OPINIONEl derecho es el mecanismo regulador de las relaciones de convivencia social y para ello debe orientarse a realizar el ideal del valor justicia.

En esa perspectiva, una corriente doctrinaria afirmó que el poder judicial es un poder subordinado y los jueces un instrumento que pronuncia las palabras de la ley. Es la idea de los revolucionarios franceses, defensores de la soberanía parlamentaria.

Frente a ello, surgió una segunda corriente que destacó al poder judicial por encima de la soberanía parlamentaria, lo que encontramos en el Código de Napoleón. Para ésta, los jueces tienen una función interpretativa y a la vez creadora del derecho, ya que sus sentencias tienen un valor superior a la propia ley.

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Se colige actualmente que en  una sociedad democrática  el  derecho a una eficiente y recta administración de justicia, ocupa un lugar preeminente. En efecto es plataforma fundamental en el constitucionalismo moderno puesto que expresa el consenso general, el mandato del soberano. De la voluntad del pueblo depende la “juridicidad estatal”.

Esta última concepción, en la práctica, causa inconvenientes políticos: el poder judicial debe pronunciarse en situaciones de conflicto y, en ocasiones, colisiona con los otros poderes, pues la sentencia emitida para hacer prevalecer la norma constitucional puede dejar sin efecto las resoluciones y/o actos de dichos poderes. Lo anterior, suele provocar reacciones negativas en los círculos políticos o de interés afectados.


En otro plano, la doctrina jurídica constitucional se ocupa del estudio de las instituciones democráticas y ello comprende la necesidad de asegurar en forma consistente los derechos de las personas frente al Estado. Esta relación tiene dos aspectos básicos: por un lado, el límite del juez ordinario, en lo que se refiere a la aplicación de la Constitución; y por otra parte, la creación judicial del derecho, la sentencia como fuente y precedente del derecho objetivo, cuya vigencia no depende de la legislación secundaria que la desarrolla, sino que se deriva de la eficacia directa de la Carta Magna. La eficacia constitucional se aprecia  en los casos en que la Constitución opera como norma jurídica por sí; y también al operar como norma preceptiva suprema que obliga al juez, que incluso debe desaplicar la disposición legal que contravenga disposiciones constitucionales.

El sistema tiene un efecto erga omnes cuando se declara la constitucionalidad o no de un precepto; y en el caso de interpretación conforme la Constitución, cuando el juez aplica la Ley Fundamental como norma jurídica. Se debe controlar la ley en el examen de constitucionalidad que  compete al juez ordinario y en los niveles superiores, sistema difuso.

Respecto a la hermenéutica tradicional, el juzgador debe remitirse al texto, sin rebuscamientos, pero debe aclarar su comprensión cuando hay dificultad para entenderlo, en casos de oscuridad. Tenemos el tradicional apego a la literalidad del texto, que devela el sentido natural y obvio  de la norma y no implica creación judicial del derecho. En la actualidad, sin embargo, la doctrina moderna advierte que el juez al explicar la norma, la proyecta, pasa de ser un presupuesto hipotético, a dictar un resultado con obligatoriedad. En definitiva, resolver según la norma primaria requiere su previa ponderación y con ello el papel del juez adquiere amplia dimensión institucional al proclamar el derecho.

La supremacía constitucional potencia la capacidad creadora del juez. No es un problema de oscuridad de la norma, sino el poder de atribuirle un sentido racional, con lo que se concretan en la sociedad valores jurídicos y principios. El juez analiza dentro de ciertos límites para dictar el fallo. Es el papel lógico-normativo de la Constitución que se patentiza en las declaratorias de inconstitucionalidad.

A modo de conclusión, en el Estado de Derecho hay dimensiones políticas y jurídicas, con base en el reconocimiento de la superioridad constitucional, ocupando el lugar más elevado la Sala de lo Constitucional, al cumplir la sagrada misión de garantizar la supremacía constitucional y los derechos fundamentales.

 

NOTA: Recordatorio. Evento del IIDC. Debate constituicional, desafíos jurídicos sobre sentencias de la Sala: Decreto bono $900 millones y Ley de Amnistía. Día sábado 15 de septiembre de 2016, de 07:45 a.m. a 11:00 a.m.., Salón Conacaste, Círculo Deportivo Internacional.




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