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Editorial & Opinion

El derecho a la huelga en la Constitución

Dr. René Hernández Valiente / Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, El Salvador

Editorial & Opinion | Diario El Mundo

Viernes 7, Abril 2017 | 12:00 am

La huelga, por encima de intentos de hecho, ya sea por motivaciones laborales o políticas, incluso revolucionarias, y sin menoscabo de la extraordinaria expresión cívica que la sociedad civil salvadoreña hiciera en 1944 en la llamada “huelga de brazos caídos”, encabezada por la AGEUS, que derrocó el régimen dictatorial del Gral. Maximiliano Hernández Martínez, dispone de un marco constitucional preciso en el campo del derecho del trabajo.

La Constitución de 1983 dispone lo siguiente: “Art. 48.-Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de haberse procurado la solución del conflicto que los genere mediante las etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inicien”.

En el Código de Trabajo (CT), para los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses, se establece cuatro niveles para solucionarlos: trato directo, conciliación, arbitraje y huelga o paro.

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En el art. 527 CT se define huelga como “la suspensión colectiva del trabajo, concertada por una pluralidad de trabajadores, con el propósito de obtener una finalidad determinada”.

En el art. 528 CT se expresan las finalidades de las huelgas laborales: la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo o de la convención colectiva de trabajo y la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores.

Dicho Código prescribe que la huelga debe limitarse a la suspensión pacífica de labores y al abandono del lugar de trabajo; que la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga compete a los jueces; y que debe haberse agotado las etapas del trato directo y de conciliación en la Dirección General de Trabajo (del Ministerio de Trabajo y Previsión Social).

En doctrina existen discrepancias si se trata de un hecho o de un derecho; o si es o no expresión de la justicia o del derecho natural; de si se trata de un fenómeno de fuerza en el que prevalece el arma de la coacción o si es un modo de ejercer presión para hacer efectivos derechos del trabajador que no pueden obtenerse de otra manera.

La huelga es un producto histórico de las luchas obreras de los siglos XIX y XX. Se sustenta en la “democratización” de normas socio-contractuales, y se ha logrado su reconocimiento constitucional en los Estados de Derecho; asimismo está reconocida como un derecho social y como un derecho humano de segunda generación. Representa una conquista social frente a la prohibición tajante en regímenes autoritarios, donde no se reconoce.

La huelga es legítima cuando hay causas justificadas y, cuando se declara legal, no conlleva la ruptura del vínculo contractual. En este sentido, el legislador salvadoreño optó desde la Carta Magna de 1950 (art. 153), por admitir la huelga en determinadas circunstancias, con la intención positiva de encauzar por la vía del derecho una confrontación social casi siempre violenta. Se reconoce el derecho colectivo primario de un conjunto de individuos organizados y concertados, en gestión de solidaridad, de adhesión y defensa de sus derechos subjetivos, en el ámbito de las relaciones laborales.

Aun así, la huelga no es un derecho absoluto, pues admite las voluntades individuales refractarias y la libertad de sustraerse de la misma; también somos conscientes que en la realidad no es ajena la figura de “esquiroles” o “rompehuelgas”. Por otra parte, puede prestarse a un ejercicio abusivo y hasta delictivo de la fuerza, a manipulaciones sindicales y a presiones indebidas. En todo caso, debe evitarse la exacerbación de la lucha de clases para fomentar huelgas con sentido político.

La cesación colectiva ha pasado históricamente de ser calificada como un delito a una proclamación solemne del constituyente; aunque debe sujetarse a la legislación y a la declaratoria judicial de legalidad. En nuestro país no ha habido huelgas con este tipo de declaratorias.

No obstante el reconocimiento constitucional de la sindicalización del trabajador público, se mantiene el artículo 221 Cn. que prohíbe la huelga de éstos, así como el abandono colectivo de los cargos; aunque cabe destacar que la mediación estatal ha dado frutos conciliatorios en la armonización obrero-patronal.



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