Cerrar [X]

Editorial & Opinion

El juicio contra tres exjueces desmitifica creencias erradas

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 28, febrero 2017 - 12:00 am

Tres exjueces especializados de San Miguel que recibieron o solicitaron dádivas a cambio de favorecer pandilleros y narcotraficantes en procesos por homicidios, extorsiones y drogas, fueron condenados el viernes de la semana pasada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Los jueces del tribunal tuvieron que escuchar a decenas de testigos de cargo y descargo y cerca de 125 grabaciones de escuchas telefónicas, con la finalidad de hacerse de un criterio para poder absolver y/o condenar a los exjueces que ya antes habían sido destituidos por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.

Los exjueces Enrique Alberto Beltrán Beltrán, José Rodolfo Castillo Morales y Jorge González Guzmán, a través de sus defensores todavía tienen la posibilidad de casar su sentencia ante la Sala de lo Penal, si es que consideran injustas o ilegales sus sentencias. Sus abogados anunciaron que harán uso de ese recurso y están en todo su derecho.

publicidad

Beltrán fue condenado a 19 años y seis meses de prisión, Castillo a 14 y González a cuatro. En el caso de Beltrán aún tiene abierto otro proceso en San Miguel porque supuestamente era parte de una red delictiva que operaba en la zona oriental y en la que están involucrados exfiscales, exempleados judiciales y reconocidos delincuentes.

El proceso contra los tres exjueces deja una gran lección, siendo la más importante que nadie, absolutamente nadie, debe estar por sobre la ley, independientemente de su cargo o posición social o legal. Los tres exjueces, en apariencia, se aprovecharon de sus cargos para abusar y buscar beneficios personales y afectar a otros.


Aunque los tres condenados aseguraron tras el fallo que se seguían considerando inocentes, los tres jueces que emitieron el fallo encontraron suficientes elementos de prueba para creer lo contrario en algunos casos procesados. Con el fallo se genera una alta dosis de confianza en el sistema judicial, sobre todo si se toma en cuenta que, en su debido momento, jueces de la zona oriental se excusaron de conocer el caso porque eran conocidos y hasta amigos de los imputados. Que los jueces de oriente se recusaran vino a demostrar que actuaron con mucha ética y profesionalismo en apego a las leyes.

Así debe ser siempre, la ley debe aplicarse a todos por igual, sin importar abolengos, jerarquías, posiciones y condiciones. Quien viola las leyes debe ser procesado y ser considerado inocente hasta que en debido proceso se quiebre su inocencia.

Por eso también es plausible que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia investigue las declaraciones de probidad de casi 80 exfuncionarios y funcionarios, pues lo está haciendo sin ningún color político o presión social. Ahí se han abierto procesos contra personas de todas las tendencias ideológicas.  Desde luego que Probidad investigue los patrimonios de funcionarios no equivale a que necesariamente encontrara anomalías o indicios de enriquecimiento ilícito. Incluso, que la Corte Plena mande a una Cámara de lo Civil un proceso contra alguien no es sinónimo de culpabilidad. Perfectamente en un juicio civil la persona demandada puede demostrar que no es responsable de enriquecimiento ilícito.

Lo trascendental del fallo contra los exjueces especializados de oriente y los casos que investiga Probidad es que desmitifican las creencias erradas de muchos, en el sentido de que la justicia se parcializa y carece de independencia.

El sistema judicial, por la naturaleza social de su deber ser, siempre está en el ojo del huracán, siendo el centro de las críticas, muchas veces injustas, descontextualizadas o sin fundamento. Por ejemplo, se critica que los jueces impongan penas tan bajas a los menores delincuentes, pero se desconoce que ellos solo aplican las leyes y que quienes las hacen son el sector político representado en la Asamblea Legislativa; en otras ocasiones se lanzan improperios contra jueces porque liberan a imputados, pero quienes externan su malestar desconocen que no hubo pruebas, víctimas o testigos y que los jueces solo condenan o absuelven con base a pruebas de cargo y descargo.

Por eso el trabajo de la Sección de Probidad y juicios como el realizado contra los tres exjueces, deben generar confianza en la población. Se avanza en el camino correcto:  Justo y legal.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.