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El 11 de junio de 2015, haciendo uso de mi derecho como ciudadano, solicité información estadística al Ministerio de Hacienda –misma información que, por ejemplo, en Guatemala se encuentra en el sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)–. Para mi sorpresa me fue denegada. Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) da la posibilidad de presentar un recurso de amparo para que el Instituto de Acceso a la Información Pública decida si la información se debe entregar o no. Ésta es una gran diferencia con otros países de la región, pues en El Salvador existe un órgano autónomo e independiente que sirve de juez entre las instituciones públicas y la sociedad.

Luego tuvo que pasar una audiencia de avenimiento, el 7 de septiembre, y una audiencia oral, el 21 de octubre. A pesar que la LAIP establece que la resolución se debe emitir dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, a mí me la hicieron llegar hasta el 4 de enero de 2016, como regalo de año nuevo, y dos días después me fue entregada la información. Es decir, tuvieron que pasar 209 días desde que inicié el trámite para contar con la información.

Lo anterior solo es un pequeño ejemplo de cómo la transparencia en El Salvador es un largo y tortuoso camino que vale la pena recorrer. Porque todavía hay funcionarios que no están acostumbrados a rendir cuentas; quizá porque no comprenden el significado íntegro de «funcionario» y además se han desenvuelto en un espacio en el que la ciudadanía no se involucra en el quehacer gubernamental.

Lejos se está de comprender que cada vez que pagamos impuestos, estamos dando parte de nuestros recursos individuales para la construcción de bienes y servicios públicos que nos permitan vivir como sociedad. Por lo que no es necesario ser diputado, fiscal o gran empresario para poder hacer auditoría social, cualquier persona la puede hacer, utilizando los instrumentos que existen. La LAIP se considera una de las mejores leyes de Latinoamérica: ¡usémosla! Y además el Instituto de Acceso a la Información Pública, que aunque debe ser fortalecido, ha demostrado ser un defensor de la transparencia.

Hasta ahora, la mayoría de población ha llegado a considerar como “normal” la presencia frecuente de los hechos de corrupción, sin cuestionarse ni hacer lo suficiente para señalar y modificar esos patrones de conducta que causan múltiples efectos nocivos a toda la sociedad. La corrupción sigue constituyendo una amenaza real frente al propósito de construir Estados fuertes que, por un lado, logren una verdadera legitimidad social y, por el otro, cuenten con los recursos públicos suficientes para que los objetivos definidos por las sociedades no queden en aspiraciones sino se vuelvan proyectos con posibilidades reales de aplicación.

Por lo que esa normalidad debe cambiar, y se puede empezar en el municipio preguntando ¿cuál es el plan de desarrollo municipal? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuántas personas trabajan en la alcaldía y cuánto ganan? ¿Cuánto costó la obra que hicieron en su comunidad? ¿A cuánto asciende la deuda? ¿Existe nepotismo? ¿Cuánto se gasta en combustibles? ¿Hay viajes de placer que han sido pagados con recursos públicos? ¿Cómo se gestionan los proyectos en los que están involucradas empresas privadas? ¿Qué dijo la Corte de Cuentas en la auditoría que se hizo?

La transparencia no se debe limitar al sector público, también debe abarcar al sector privado. ¿Cómo es posible que empresas multinacionales paguen menos que un ciudadano promedio? ¿Cuántos empleos generan las empresas que reciben privilegios de parte del Estado? ¿Quiénes son los contratistas del Estado? ¿Quiénes financian a los partidos políticos?

El cambio que requiere el país no lo harán los partidos políticos, lo harán los ciudadanos en la medida que se involucren, participen y abandonen la apatía. Porque si la opacidad puede reflejar el robo de nuestro dinero, la transparencia representa la construcción de la democracia y el desarrollo.

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