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Florentin-Melendez-Sidney-BlancoLos magistrados de la Sala de lo Constitucional rechazan que haber anulado los efectos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, vaya a desestabilizar al país. Los magistrados Sidney Blanco, exfiscal del caso jesuitas, y Florentín Meléndez, exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son claros: la Sala no ha eliminado la amnistía de todos los hechos sucedidos en la guerra, sino solo de un núcleo de casos. Creen que esta sentencia sienta las bases para las futuras generaciones: “si sucede una desgracia” o “guerra fraticida” se recuerde que los actos de barbarie no podrán ser perdonados por decreto legislativo.

 

 

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La crítica generalizada contra la sentencia que anuló la amnistía en 1993 es que causa desestabilización política y prácticamente todos los partidos políticos están contra este fallo. ¿Cómo se puede entender esta sentencia respecto al deseo de todos los sectores, sobre todo los firmantes de la paz, de una reconciliación en el país y no una apertura de las heridas del pasado?

 

SIDNEY BLANCO:

La ley de amnistía que fue declarada inconstitucional tenía unas características que eran incompatibles con la Constitución y esas características son que sea una amnistía absoluta, amplia e incondicional, al poner en práctica una amnistía con esas características prácticamente se desatienden otros derechos de índole constitucional, que son los derechos de las víctimas, al acceso a la justicia, al conocimiento de la verdad y a la reparación integral. No es por poco la primera vez que la Sala de lo Constitucional se encuentra enjuiciando disposiciones que generan una colisión o enfrentamiento entre derechos o garantías constitucionales. Ya hemos dicho nosotros que los derechos o los principios constitucionales no tienen una jerarquía a grado tal de sacrificar a unos para darle primacía a otros, sino buscar, a través de determinado juicio de ponderación cómo equilibrar esos derechos enfrentados. Es cierto que la paz social, la armonía son valores que se persiguen en la Constitución, la seguridad, pero también es cierto que el derecho de acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación o indemnización a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos son también derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, la labor de la Sala era cómo hacer compatible estos dos derechos aparentemente enfrentados tomando en cuenta de que no puede haber una jerarquización de derechos constitucionales. La Sala, en la sentencia, si bien es cierto que reconoce, no podía ser de otra manera, la validez constitucional de una amnistía, porque la amnistía es una figura que existe en la Constitución, constituye una atribución de la Asamblea aprobar amnistías. La Sala, al igual que con los suplentes, no hemos dicho los suplentes no existe, eso está en la Constitución, nosotros no hemos dicho que la amnistía es una figura contraria a la Constitución, lo que hemos dicho es que esta amnistía con estas características no es compatible con los otros derechos igualmente constitucionales. Al hacer ese juicio de ponderación, la Sala encontró que había una manera de compatibilizar esos intereses apararentemente en pugna y la manera era expulsando del ordenamiento jurídico una amnistía con esas características. Yo creo que esto es coherente con el siguiente argumento: la Sala revive una norma que había sido derogada, denominada Ley de Reconciliación Nacional, que sí contempla a nuestro juicio una amnistía que no tiene esas características radicales de ser absoluta, amplia y condicional, sino que es una amnistía que permite compatibilizar con los derechos de las víctimas. Lo que está en el centro de la sentencia es el reconocimiento del derecho de las víctimas a sus derechos fundamentales, acceso a la justicia, derecho a la verdad, además lo ha derivado la Sala de los artículos 2 y 6 de la Constitución, de tal manera que el derecho a la verdad es un derecho constitucional, así como también el derecho a ser reparado por los daños ocasionados de violaciones constitucionales. Yo creo que esta sentencia recoge más temas, hay un análisis de fondo sobre el interés de la Sala de promover una nueva fase de verdadera armonía y de reconciliación. Esto significa que la Sala no ha creído el hecho de que esta sociedad esté reconciliada y que vivimos en armonía. Siempre se ha dicho que las víctimas no fueron consideradas al momento de los pactos políticos, la Sala (decidió) bajo ese convencimiento de que en nuestro país no se ha producido una verdadera reconciliación, porque lo que vemos son discursos políticos que podrían estar interesados en mantener en la oscuridad los verdaderos crímenes de guerra.

 

¿Cómo promover una verdadera reconciliación? Algunos diputados han dicho que ustedes también eliminaron la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1992.

 

SIDNEY BLANCO:

No, yo creo que eso es contrario a lo que dijimos. En la sentencia dijimos que quedaba la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Qué se plasmó en la sentencia? Que al darle vida a la Ley de Reconciliación Nacional se recogía el verdadero espíritu de los acuerdos de paz, en el sentido de que se iba a conceder la gracia por aquellos hechos cometidos durante la guerra, salvo aquellos hechos mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Eso retoma la Sala al darle reminiscencia a esa ley en el sentido de que no pueden verse beneficiados con la gracia de la amnistía los casos que aparecieron en el 93 mencionados en la Comisión de la Verdad porque son los casos que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, su huella dejada en la historia oscura del país exige el conocimiento público de la verdad, dada la magnitud, la intensidad de las masacres cometidas y de las graves violaciones a los derechos humanos. La sentencia lo que hace es rescatar ese derecho al conocimiento de la verdad y de las víctimas a tener una reparación integral, que no necesariamente puede ser cárcel. Las víctimas pueden quedar reparados en sus perjuicios a través de las distintas vías, compensación, la rehabilitación psicológica o cualquier otro mecanismo.Yo creo que al analizarlo fríamente la mayoría de la población puede estar conforme con esta sentencia sabiendo que esto no significa ni volver al pasado ni la sentencia va a habilitar una nueva guerra. En mi consideración, no es posible que la paz o la aparente paz esté sostenida en mantener la impunidad de ciertos violadores de los derechos humanos. Yo no creo que el país se va a desestabilizar por la imputación de graves violaciones a los derechos humanos a tres, cuatro, cinco, 10, 20 o 100 personas. La sociedad no debe servir de escudo protector para que estos graves violadores de derechos humanos queden en la impunidad, yo creo que el país tiene otros intereses más allá de proteger a criminales de guerra o a graves violadores de derechos humanos. La democracia no puede estar sustentada en que éstos gocen de impunidad, yo creo que el país ha avanzado mucho más como para cerrar fila y defender a los violadores de los derechos humanos.

 

RODOLFO GONZÁLEZ:

Dos aspectos. El artículo 1 de la Constitución nos obliga a todos los intérpretes y aplicadores a interpretar a partir de la persona humano, dice que es el origen y el fin del Estado. Ese artículo tiene una serie de aplicaciones y, en el caso concreto, los firmantes de los Acuerdos de Paz, es un acuerdo político; pero la Asamblea, que es un órgano de Estado que aprobó la amnistía en el 93, aduce razones de país, de evitar que se siguieran produciendo muertes por razones políticas y que era necesario. Hemos hecho una lectura a partir de la persona humana, de la víctima, no puede ser, ese es el mensaje que se deriva de la sentencia, que un órgano de Estado le imponga a la víctima el perdón, ignorándole un derecho a toda persona que se considera agraviada en sus derechos, que es de acudir a la justicia civil, penal, para deducir responsabilidades, si lo quiere. Tampoco se le puede obligar a la persona que todo sea penal. No dice en ninguna parte de la sentencia que la Sala está ordenando un enjuiciamiento penal y cárcel para todos los responsables, es más, decíamos en los debates en Sala que realmente es imposible investigar los 80 mil muertos, ya no digamos otros crímenes como daños a la propiedad por las partes, sería imposible. Pero las propias partes firmantes del conflicto que dejan unos casos a la Comisión de la Verdad y la Ley de Reconciliación del 92 sí da una amnistía, es atribución de la Asamblea, pero en su artículo 6 deja unos casos fuera. Ahí nosotros decimos que esos casos y los que reúnan las mismas características no están cubiertos por la amnistía, justamente porque a las víctimas no se les puede imponer una decisión política. Si usted quiere verlo en otros términos, el Estado tiene la obligación de combatir la delincuencia, pero no puede llevarse de encuentro el debido proceso. No puede tomar las cárceles como espacios donde van tirando a las personas, olvidándose de sus condiciones de hacinamiento, salud, reduciendo su dignidad. A la base de una sentencia está una filosofía judicial, de decirle a los tomadores de decisiones por parte del Estado, la Asamblea concretamente, que no estuvo bien que le impusiera a las víctimas un supuesto interés público. Es cierto, en la Constitución dice que el interés público tiene primacía sobre el interés privado, pero no puede llegar al p unto de que sin escuchar a la víctima se le imponga un pasar la página por supuestas razones de país. Es la víctima la que va a decidir. Hay una parte extensa de la sentencia de todo lo que comprende la reparación integral, el apoyo psicológico, el reconocimiento público, petición de perdón por los victimarios, por el Estado, resarcimiento económico, y la forma de dignificar a las víctimas y la manera en que no se deja un sector excluido y la sociedad colectivamente toma la decisión de pasar la página del conflicto es involucrando a todos los sectores. Así como no puede haber exclusión social o económica de ciertos sectores, en términos de acceso a la justicia no puede haber exclusiones ni imposiciones por parte de autoridades estatales obviando sus derechos. Esa filosofía judicial que es lo que nos lleva a ponderar, a tomar elementos del derecho internacional, se ha basado en esa interpretación a partir del artículo 1 de la Constitución.

 

FLORENTÍN MELÉNDEZ:

Ha transcurrido un mes y este país no se ha desestabilizado más de lo que está a raíz de la sentencia. No hemos visto que el pueblo haya salido a protestar a raíz de la sentencia. Lo que sí hemos escuchado son protestas de sectores interesados que se sienten afectados directamente por el fallo, ignoro por qué motivos, son las únicas voces que se han escuchado que están en contra de la sentencia. Es inconcebible que en una sociedad democrática aplicar la Constitución dé lugar a hablar de desestabilización. Es absurdo en términos democráticos sostener que hacer justicia constitucional en un país en favor de graves violaciones a los derechos humanos en un conflicto armado implicaría desestabilizar el país. Yo creo que el país se ha desestabilizado precisamente porque no se ha hecho justicia. Por lo tanto, no es aceptable esa afirmación que nosotros tengamos el afán de desestabilizar las instituciones del Estado; por el contrario, estamos convencidos que estamos fortaleciendo la justicia y sentando un precedente de futuro. No solo estamos trazando reglas, aplicando la Constitución y derecho internacional para que no queden impunes los actos de barbarie que ambas partes pudieron haber cometido durante el conflicto armado, no cualquier tipo de violencia, sino los actos de barbarie, los actos que afectan la conciencia moral de la humanidad, los derechos fundamentales inderogables, las masacres de niños, la desaparición sistemática de opositores políticos, la tortura de presos de conciencia, la ejecución planificada de funcionarios civiles, la práctica de actos de terrorismo en personas civiles. O sea, no estamos hablando de delitos que comúnmente se cometen en todas las sociedades. Hemos reconocido que la Constitución permite la aplicación de la amnistía en el país y nosotros hemos dejado vigente la amnistía como figura política constitucional, pero no con los alcances irrestrictos que se previeron por los diputados en 1993. Hemos dejado básicamente un pequeño núcleo de casos que quedan fuera de la amnistía, el resto está amnistiado por la ley que se firmó en 1992. Por regla general todos los hechos ocurridos en la guerra están amnistiados, salvo primero los 32 casos que menciona el informe de la Comisión de la Verdad, ahí hay casos imputados a ambas partes; segundo, las excepciones que plantea la Constitución en el artículo 244 (“Las responsabilidades en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieron). Aquí hay una excepción muy clara de la Constitución que ha sido retomada en la sentencia. El otro tipo de hechos que quedan fuera de la amnistía son los crímenes de lesa humanidad y las más graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Los crímenes de lesa humanidad son los actos de barbarie que ambas partes pudieron haber cometido contra población civil. las más graves violaciones al DIH son las infracciones a las leyes de la guerra que ya estaban vigentes en El Salvador, estaban consignadas en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977, esos seis tratados contienen algunas disposiciones que se aplicaban al conflicto interno, leyes de la República antes de que iniciara la guerra y tiene prohibiciones contundentes, y todo tiene que ver para salvaguardar los derechos de las personas especialmente protegidas en los combates: la población civil, dentro de ellas, niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas que no participan directamente en los combates, los prisioneros de guerra, el personal sanitario, el personal religioso que asiste a ambas partes, los periodistas que cubren una escena de guerra, hay prohibiciones absoluta para las partes de atentar contra sus derechos fundamentales. Esos hechos, según la sentencia, quedan fuera de la amnistía. No estamos hablando de todos los hechos sucedidos en la guerra. Ese núcleo de casos quedan fuera de la amnistía. En el conflicto fueron masacrados centenares de niños por las Fuerzas Armadas, no por un grupo de delincuentes, por una institución estatal, no se puede, por lo tanto, ejercer una función pública, so pretexto de defender la patria, atropellando derechos fundamentales de la población, es inaceptable. Estos hechos de barbarie quedan fuera de la amnistía, es un precedente, no es para que haya cacería de brujas, no ha habido de denuncias, que se va a caer el Gobierno, no ha sucedido, estamos conscientes que no va a pasar nada de esto. Pero sí es importante que la Asamblea tome las medidas para reparar en lo esencial hasta donde sea posible y a contribuir a la reconciliación nacional. Esto es un legado para las futuras generaciones. Con esta sentencia estamos sentando bases para que en el futuro, si sucede una desgracia como la que tuvimos en el conflicto armado, una guerra fraticida, o en otro hecho, que quede un precedente que los actos de barbarie no pueden ser perdonados por un decreto legislativo. La misma sentencia da parámetros y cerrar este episodio que nunca fue cerrado en el conflicto ni en el proceso de paz. La sentencia, para nosotros, no solo implica atender una demanda ciudadana, los demandantes no son de la oligarquía, son activistas de derechos humanos que han venido a reclamar justicia, pero no solo estamos dando respuesta a las demandas, sino que estamos construyendo un precedente de futuro para que en el país las cosas se resuelvan de manera civilizada sobre la base de la Constitución y derecho internacional, y que hayan decisiones equitativas.

 

¿Han recibido amenazas o intentos de influencias luego de estas sentencias?

 

FLORENTÍN MELÉNDEZ:

No es primera vez que tenemos presiones fuertes, críticas sobredimensionadas, exageradas, peligrosas, difamaciones, mentiras sobre la Sala, sobre las intenciones de la Sala, sobre nuestras sentencias. Ahora creo que ha subido un poco el tono, porque desde las más altas esferas del Gobierno, en la plaza pública, se nos ha tildado de golpistas y eso es un señalamiento muy grave. Pero la falsedad cae por su propio peso, porque, si golpistas fuéramos, el mismo día hubieran activado los mecanismos legales de que disponen para destituirnos. En este país, nadie está facultado para dar golpes de Estado contra autoridades legalmente establecidas. Por lo tanto, estos señalamientos, que somos desestabilizadores, que obedecemos a una estrategia de la oligarquía para derrocar al Gobierno, desconocen también que la Sala aprobamos muchísimas resoluciones a favor del Gobierno, a favor de los impuestos e incluso a favor del presidente actual, nosotros habilitamos la presidencia de la República, no aprobando una demanda contra su elección alegando que había vicios en su elección. Nosotros resolvemos demandas de distinta naturaleza y vienen demandantes de todas partes. No obstante estas amenazas, difamaciones, nosotros seguiremos trabajando, no nos amedrenta este tipo de acciones.

 

RODOLFO GONZÁLEZ:

Desde 2009 el control de constitucionalidad que hemos ejercido ha sido mucho más intenso de lo que había sido desde 1984 y mucho más intenso de lo que es ordinariamente en otros países. Creo que nos ha tocado ejercer la jurisdicción constitucional cuando la institucionalidad después de los Acuerdos de Paz ya estaba mostrando muchas distorsiones, de reparto de instituciones del Estado entre partidos, de organismos colegiados entre partidos, distorsiones como vicios en un órgano importante como el Legislativo, transfuguismo, decisiones no consultadas, de atropello de procedimientos. El control tan intenso, en el ámbito electoral, tratando de mejorar la calidad de nuestra democracia representativa, ha alterado el status quo y eso ha generado reacción. Desde recordarnos que nos pueden destituir hasta cuestiones más subterráneas como difamaciones, afortunadamente la justicia constitucional desde la perspectiva institucional ha demostrado una fortaleza que se ha mantenido, si tomamos como punto de partida el decreto 743, son cinco años, y estamos seguros que así va a seguir. Tomamos la cautela del caso pero tampoco es que solo pensamos en ese punto, si no, dejaríamos de trabajar. Los llamados que se nos hace a medir el impacto de nuestras resoluciones en el ámbito económico, institucionalidad, de no caer en una anarquía, todas esas cautelas las hemos tomado. Lo que nos retrasa (en un fallo) son los efectos, más que el razonamiento técnico que fundamenta el fallo, los efectos los medidos, pero hasta ahí llega la cautela, no a cesar el trabajo pensando en que A o B se puede disgustar o puede tomar represalia o algo así, no lo consideramos.

 

Magistrado Blanco, ¿ha sido amenazado en algún momento?

 

SIDNEY BLANCO:

No. Cuando deliberamos este caso, estábamos conscientes de la incomodidad que generaría a ciertas personas y a ciertos sectores, pero creo que los jueces debemos asumir la responsabilidad, este es un agregado en el cargo, los riesgos frente a ciertas decisiones. Si bien es cierto que esta sentencia puede incomodar, no a la gran mayoría de victimarios durante la guerra, sino a un grupo más reducido, ese grupo reducido es un grupo que ha tenido mucha presencia en la vida política en el país. Lo que quiero decir es que estábamos conscientes de lo que estábamos firmando y como lo hemos hecho en otras oportunidades, aún sabiendo eso, nos enfrentamos a la responsabilidad de actuar como jueces y resolver según nuestras convicciones jurídicas y asumir los riesgos. Firmar una sentencia de esta naturaleza es una manifestación de asumir los riesgos. Siempre queda en nosotros la esperanza de que hoy, en el siglo XXI, las mentes de los victimarios no estén tan calenturientas como en la época de guerra y que sería una fatalidad que atenten contra funcionarios que defienden la Constitución. Tenemos la esperanza de que esas opiniones impulsivas no sean más que exabruptos y que en algún momento entre en análisis con la cordura que le corresponde a un funcionario de lanzar estos mensajes, porque aunque ellos no ordenen directamente atentar contra la integridad de algunos de lso firmantes algunos otros más fanáticos pueden entender que hay habilitación de sus propios ídolos para poder actuar contra algunos de nosotros.

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