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Editorial & Opinion

El poder judicial independiente y la democratización

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Dr. José Luis Lovo Castelar

viernes 6, abril 2018 - 12:00 am

En las nuevas estructuras y garantías del Poder Judicial en los países centroamericanos, se encuentran diferencias sustanciales respecto a la situación previa al proceso de democratización, el que surgió gracias a la creación de instancias especializadas, como lo son las Cortes o Salas de lo Constitucional; y progresos por la relativa separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas, cual es el caso de las tareas de evaluación y capacitación encomendadas a los Consejos de la Judicatura.

Como muestra de un avance sobresaliente en el ejercicio actual de las competencias del Poder Judicial destaco el conocimiento de reclamos constitucionales en contra de sentencias pronunciadas por diferentes  Salas del Poder Judicial.

Frente a palpables adelantos sustantivos y adjetivos en la “auditoría” constitucional, también hay retrocesos; por ejemplo en el llamado “control difuso”, causado por la excesiva concentración del poder decisorio en la nueva jurisdicción constitucional primaria, que restringió la competencia de antaño, de todos los tribunales, para determinar inaplicabilidades definitivas por motivos de inconstitucionalidad de leyes y tratados. En adición, hay moras en resolver, debido al aumento de funciones en las recientes entidades de control constitucional concentrado. Sin embargo, el complejo institucional instaurado beneficia la democratización del sistema político-jurídico judicial, al reforzarse sus facultades y ampliarse vertiginosamente el radio de acción con una mayor cantidad de fallos de impacto político nacional, lo que permite un mejor balance de pesos y contrapesos entre los Poderes.

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Pero, frente al renovado escenario, brotan objeciones por sentencias constitucionales “aceptadas pero no compartidas”, se dice, acusadas de responder a preferencias políticas, a falta de la fundamentación jurídica necesaria cuando hay cambio de precedentes, de constituir virtuales reformas sin respetar los procedimientos formales, de mutaciones constitucionales y abusos de poder. Los críticos aducen el peligro de propiciar un esquema de poder público desequilibrado por el mayor peso político de los jueces.

Sostengo que no es correcta ni prudente tal oposición como bandera de campaña política partidaria adversa, y que esas objeciones sólo serían pertinentes en muy pocos casos. Pienso, en línea clásica, que la autonomía en los Poderes Judiciales, desiderátum de Montesquieu, se vincula al fortalecimiento de su independencia institucional (Art. 172 Cn.).


La agenda en el poder judicial incluye:

  • separación de la tarea administrativa de la función jurisdiccional;
  • mejorar los parámetros para elección de magistrados, incluyendo la apoliticidad partidaria;
  • controles periódicos de probidad de los magistrados;
  • austeridad en el manejo de fondos;
  • transparencia, efectividad, celeridad y difusión, para superar la desconfianza en el sistema judicial; y
  • luchar contra la corrupción.

En suma, el proyecto democrático debe propender a: 1) la pronta y cumplida justicia; 2) la aplicación rigurosa de normas de ética; y 3) mejorar la organización, eficiencia técnica y el acceso popular a la justicia. Lo democrático, en principio, se refiere al origen y ejercicio del poder de impartir justicia y a lograr la vigencia del núcleo de libertad y los derechos económicos y sociales.

El estado actual y perspectivas del Poder Judicial lo estimo propositivo y participativo, en tanto hay opiniones y críticas de políticos, periodistas, abogados, jueces, y de la sociedad civil, que diagnostican y lanzan ideas para mejorarlo y corregir entuertos y gazapos. Las campañas y procesos de elección democráticos de magistrados son imperfectas, mas generan estupendas sugerencias de las asociaciones de abogados, y de jueces, y de los aspirantes mismos, a la luz del derecho constitucional.

Falta crear o consolidar en la región canales de comunicación y estudio entre constitucionalistas, legisladores, funcionarios y académicos, con las universidades, institutos y las Cortes, que favorezcan la expansión de la cultura de respeto a la ley y la universalización filosófica de las corrientes del pensamiento jurídico pluralista.

En conclusión, el debate sobre el Poder Judicial brinda líneas y recomendaciones constructivas hacia el objetivo compartido de defender con tenacidad y valentía el imperio de la legalidad constitucional, para pugnar por los valores primarios de justicia, seguridad y bien común, y para la gobernabilidad en el Estado Democrático de Derecho. Su desarrollo para la democratización es  idea-fuerza, en la Carta Magna, doctrina, jurisprudencia y opinión pública; empero es tarea inconclusa, como la sinfonía de Schubert.




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