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Editorial & Opinion

El Sitramss, un negocio redondo

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 13, mayo 2017 - 12:00 am

No cabe duda que la última resolución emanada por la Sala de la Constitucional en donde suspende el uso exclusivo del carril del Sitramss a partir del jueves 11 de mayo del año en curso, viene a reivindicar el derecho de aquellas mayorías excluidas por el interés particular de unos cuantos empresarios afines al gobierno del FMLN. La decisión tiene su lógica y fundamento en la existencia de un interés público, dado que están en juego varios derechos de la colectividad, como la libre circulación y el disfrute de bienes de usos públicos.

Está claro que desde el inicio del proceso de modernización del sistema de transporte en San Salvador, existieron una gran cantidad de irregularidades por parte del gobierno, liderado en aquel entonces por el expresidente Funes. Por ejemplo, no se tomó en cuenta el estudio realizado por el consorcio EM&A, referente a la “Factibilidad Económica y Financiera” con fecha 19 de junio de 2012, en donde expone en el anexo 26, con claridad, que el Sitramss tendrá poderes otorgados por el VMT para la ejecución de las actividades de implantación de flota, patios, talleres, oficinas, a las que se sumará la operación de las rutas troncales, pretroncales y alimentadoras del Sitramss.

Es decir, súper poderes que irán excluyendo gradualmente del mercado a los demás competidores del transporte público y formar así un monopolio a favor de unos cuantos empresarios que son leales a los principios del FMLN. Así mismo, en el proceso concesionario no se consideró lo contenido en el artículo 156 del Reglamento General de Transporte, que establece que “cualquier infraestructura que funcione dentro de un Sistema Integrado de Transporte que sea propiedad del Estado, la Dirección General la autorizará con la sola presentación de los requisitos”.

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Mientras que el artículo 120 Constitución regula que “la explotación de ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión (…) estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación”. Esto significa que todo bien público debe de ser concesionado para su explotación y no solamente adjudicado a una empresa privada, tal como se hizo con el Sitramss.

De manera que la concesión y su adjudicación, estuvieron plagadas de una gran cantidad de  irregularidades que evidentemente llevaban como finalidad favorecer a unos cuantos empresarios del transporte ligados históricamente al FMLN, unos cuantos funcionarios públicos conectados a SUBES y a SIPAGO, y el capital foráneo vinculado a las empresas de ALBA. Ahora bien, ningún salvadoreño ignora que el MOP realizó otra concesión que se encargó de las obras públicas de modificación y adecuación de la infraestructura de la carretera donde inicia y termina la ruta del Sitramss.


Dicho de otra manera, todos los salvadoreños que pagamos los impuestos financiamos la infraestructura de adecuación de calles que son de uso público para que circulen buses de una compañía privada (SUBES y SIPAGO) en un carril exclusivo que el Estado le otorgó, en detrimento de los demás empresarios del transporte público, de miles de familias que viven del comercio, empresarios del transporte de carga, de miles de usuarios que tienen el mismo derecho de utilizar el carril para transportar sus mercancías y de los demás salvadoreños que circulan en vehículos particulares a diario por esas vías para llegar a sus trabajos o viviendas.

Que no pretendan darnos atol con el dedo, todos sabemos que los únicos favorecidos en este negocio donde se ha limitado el derecho de circulación de las grandes mayorías, han sido los de SUBES y SIPAGO, dado que han obtenido una gran cantidad de utilidades desde el año 2015, que entró en vigencia la concesión.

Claro que al gobierno del FMLN le conviene continuar engañando a los ilusos diciendo que la Sala de la Constitucional es la culpable. La misma estrategia que utilizaba ARENA, en los procesos de privatización.

Que no vengan a decir que esta resolución afectará el derecho de las mayorías si es una minoría la que usa ese sistema de transporte en El Salvador, ni tampoco es válida la tesis del sabotaje, ya que los únicos beneficiados económicamente con la exclusividad de la calle son una minoría ligados al FMLN que desean continuar enriqueciéndose de las arcas del Estado.




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