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El principio clásico de división de poderes ya no corresponde a la realidad político-constitucional de los ordenamientos iberoamericanos, pero sigue teniendo aplicación, con independencia de su consignación de manera tradicional en la mayoría de los textos fundamentales  en cuanto a una serie de reglas para la distribución de las funciones públicas entre diversos órganos autónomos de decisión. Para ello, deben perfeccionarse los mecanismos de esta distribución de mandatos, a fin de lograr la colaboración y el equilibrio armónico entre los diversos órganos de autoridad.

Para lograr esta finalidad, de una distribución equilibrada y democrática de las distintas funciones del Estado social de derecho en Iberoamérica, se considera conveniente extender o incrementar la participación de los diversos sectores sociales en la toma de decisiones autónomas. En ese propósito deben ampliarse e institucionalizarse diversos sistemas de consulta y  colaboración de las autoridades que tienen a su cargo la toma de decisiones; además de establecer medios o instrumentos a través de los cuales la población exprese sus puntos de vista en relación con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo elabora en el procedimiento previo a la iniciativa ante el órgano legislativo.

Se considera que en la realidad constitucional iberoamericana, como reflejo de una tendencia generalizada en las constituciones contemporáneas, el órgano legislativo ha perdido paulatinamente su participación en la elaboración de numerosos cuerpos legales, los que por ser de carácter técnico son elaborados en un gran porcentaje por el Ejecutivo. Ante ello, resulta conveniente fortalecer las actividades de control por los legisladores, tanto en lo que respecta a las directrices generales de las leyes, como en relación a los mecanismos de control de la actividad administrativa, en especial en lo que se refiere a la ejecución de los diversos planes, proyectos y programas y también en lo concerniente a la aprobación y vigilancia de los presupuestos de egresos e ingresos de la cuenta pública, a través de organismos técnicos adecuados.

Se observa la tendencia de las constituciones más recientes de Iberoamérica de conceder al Ministerio Público (esp.Fiscalías), las mismas garantías que a los jueces, respecto a sus funciones, tanto represivas como de representación social, con independencia de que el propio Ministerio Público esté o no situado formalmente dentro de la esfera del Ejecutivo o del Judicial, en virtud de que sus funciones tan importantes requieren de autonomía para llevarse a cabo dentro de un sistema armónico de separación de mandatos; además, resulta conveniente separar las actividades de asesoría jurídica y de representación del Ejecutivo respecto de las del Ministerio Público propiamente dicho, con las que se encuentran confundidas a través de los fiscales o procuradores generales en varios de los ordenamientos iberoamericanos.

En relación con el organismo judicial, se ha fortalecido la opinión, que ahora predomina en la doctrina y además ya se ha consagrado en varios ordenamientos jurídicos de Iberoamérica, en el sentido que debe conferirse a las cortes supremas o salas respectivas la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes que se consideren contrarias a las normas y principios constitucionales, en virtud de que la desaplicación particular en los procesos concretos, además de no ser incompatible con dicha declaración general, ya cumplió su función histórica y no basta.

Se consideró conveniente la implantación de instituciones de fiscalización de la actividad administrativa a través de las cuales los gobernados puedan plantear sus quejas e inconformidades, a fin de que aquellas sean investigadas y se llegue a una solución rápida de los problemas o que se propongan soluciones para corregir las deficiencias en la prestación de servicios públicos. En ese sentido, el organismo técnico que recibe el nombre genérico de ombudsman (el procurador para la defensa de los derechos humanos), ha demostrado su eficacia en los ordenamientos que lo consagran o autorizan para realizar estas funciones de investigación y propuesta, con la ventaja de que él puede recomendar o proponer el perfeccionamiento de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas, con base en la experiencia alcanzada en el estudio de las reclamaciones que conozca o se le presenten.

 

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