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No cabe duda que la intervención de la izquierda y la derecha, hacia el movimiento “Alto a la Impunidad” no tiene límites, dado que ha quedado en evidencia que ambas fuerzas políticas tienen el interés de provocar la muerte anticipada de este movimiento que abandera la lucha contra corrupción e impunidad que tiene al país al borde del caos.

Ya que la marcha promovida y realizada por Democracia Limpia el 5 de septiembre, en la que se le exige a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad estuvo asediada por emboscadas, tanto de la derecha como la izquierda, por ejemplo, es contraproducente que dentro del movimiento estén participando personajes vinculados a la derecha como miembros de la empresa privada o el movimiento grupo los 300. Dado que ello le resta seriedad al movimiento y lo lleva por el camino de la parcialidad.

Igual de preocupante es la desestabilización que generó un grupo de jóvenes ligados a la izquierda que llegaron con alevosía y premeditación a la marcha exigiendo la investigación del Fiscal General con respecto a los documentos que se extraviaron del caso Francisco Flores. Creo que la exigencia, aunque provocativa, era atinada, pero no es el movimiento Alto a la Impunidad la identidad para ir a exigir la impunidad del caso Francisco Flores, sino la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, lo que sí quedó en evidencia fue la poca tolerancia de algunos miembros del movimiento “Alto a la Impunidad” que cayeron en la trampa de los infiltrados, aunque he de decir que la exigencia de estos jóvenes sobre la investigación del caso Francisco Flores, era precisamente uno de los puntos sobre los cuales tuvo que haberse pronunciado enérgicamente en la marcha “Alto a la Impunidad”.

Todo ello con el fin de que los salvadoreños confíen en el movimiento anticorrupción como una expresión auténtica de la ciudadanía, sin ningún nexo político; de ahí la importancia de mantener siempre una posición imparcial de los distintos casos de corrupción que se han dado desde el año 1989 hasta la actualidad y entender que la corrupción debe de combatirse, independientemente de donde venga y sin importar la condición actual del funcionario o exfuncionario que ha manejado o está manejando flujo de bienes del Estado. En consecuencia, solo se puede apoyar a un movimiento anticorrupción que encarne el verdadero patriotismo y sentimiento de la mayoría de salvadoreños, cansados de la clase política que solo llega al poder para beneficiar a sus parientes y correligionarios, y para empoderar a la partidocracia que es el verdadero poder detrás de cada partido político poderoso. Me refiero a los financistas de estos proyectos políticos, o sea, el poder económico fáctico que manda, prohíbe y permite; los que dicen quién debe ser el Fiscal, quiénes serán los nuevos magistrados, o quiénes dirigirán la Corte Cuentas de la República, dado que de ello depende que se mantengan en la oscuridad todos aquellos actos de corrupción que se dan en cada dependencia del Estado.

Ya que la mayoría de salvadoreños como simples mortales, solo tienen acceso a cierta información que publican las instituciones del Estado o aquella que piden ciertas Ong’s pero que siempre es controlada incluso por el Instituto de Acceso a la Información Pública, dado que se dan el lujo de negar la información bajo la modalidad que es reservada o próvida.

Es así como se ha negado la información de 17 viajes que tuvo un expresidente en Jet privado que cuestan alrededor de $11,000 cada vuelo, y francamente con los ingresos de presidente se ve imposibilitado a costear tan alta extravagancia, o qué decir de los bienes que poseen algunos expresidente que si se les hace un inventario de la joyería que tienen, quizás solo en relojes y bolígrafos de lujo bien podrían costearse los fármacos que hacen falta en el hospital Rosales.

Por ello creo importante crear una CICIES, para exigirle a la Asamblea Legislativa que declare imprescriptibles los delitos de administración pública de forma retroactiva, hasta llegar a todos aquellos pícaros que se apoderaron de los bienes del pueblo y procesarlos como lo que son: delincuentes comunes y corrientes.

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