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Un conjunto de factores sociales, económicos, demográficos y políticos han incidido en la sociedad salvadoreña durante los últimos 30 años, induciendo a una mayor intervención de las instituciones jurídicas en la vida social.

Estos factores exigen al sistema jurídico el desempeño de una nueva función: las normas e instituciones jurídicas deben operar mejor como medios efectivos de regulación, con una infraestructura jurídica nueva, producto de la Reforma Constitucional y la Reforma Judicial II.

Ha surgido una “nueva conciencia social” sobre la importancia del derecho para alcanzar la modernidad. Hoy la ciudadanía ha llegado a considerar al derecho como instrumento indispensable para la consolidación de un sistema político democrático.

Cunden además otros “fenómenos de crecimiento” (¿?), condiciones preocupantes, tales como la pobreza, la degradación ambiental, la migración, la exclusión social, la violencia, la narcoactividad, la corrupción, el crimen organizado, el desempleo y el desequilibrio económico. Sumemos al escenario los desastres naturales, las crisis económicas y las maras, que disminuyen la autoridad en un contexto social agresivo. El retrato es negro.

Por lo anterior, si queremos hablar del Estado de Derecho en El Salvador de hoy, la apreciación ciudadana es escéptica, dada la erosión visible de la autoridad política en el contexto de una sociedad dañada y compleja. Solo así entenderemos porqué El Salvador ofrece una imagen de inestabilidad.

Obviamente el Estado de Derecho salvadoreño enfrenta cuellos de botella por la carencia de apoyo social básico. Este apoyo no existe en nuestra cultura jurídica, llamémosla “externa”. Se ve el predominio de intereses de grupos y redes sociales por encima de los derechos, valores y méritos del individuo. Señalamos como pobre el entendimiento del significado del Estado de Derecho  en la política social.

La guerra que constituyó una negación del derecho, una etapa de ajuridicidad; la escasa demanda de servicios jurídicos y el acceso limitado a la justicia nos dejaron un sistema jurídico renqueante, producto de regímenes  autoritarios y de la guerra misma.

Hemos creado un sistema jurídico con lomas y barrancos, con niveles diferenciados de efectividad en la aplicación de la ley; el valor del derecho como instrumento de paz y convivencia social es ambiguo para los salvadoreños.

Surgió a la par de la Constitución de 1983 una nueva política basada en mercados abiertos y en menor intervención del Estado, sin cercenar los conceptos filosóficos de la Constitución de 1950. Bajo el régimen autoritario de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Ing. (José Napoleón) Duarte se implanta la reforma agraria, se nacionaliza la banca y se apropia la divisa del café, en pacto con un sector de la Fuerza Armada en la pretensión de implantar el Comunitarismo de la propia concepción duartista, lo que fracasó.

Más aún, hemos visto cómo en tiempos de cambio social se vuelve extrema la distancia entre las expectativas ciudadanas y las respuestas jurídicas, al grado que el sistema de derecho pierde legitimidad social. Ésta parece ser la situación en El Salvador.

Llegamos al supuesto que el cambio jurídico genera expectativas sociales y particulares.

Por tanto, la pregunta es: ¿Cómo y hasta qué punto el cambio jurídico producirá también cambio social?

Hemos de concluir que siempre la respuesta del sistema jurídico produce consecuencias sociales, en uno u otro sentido.

En El Salvador hemos tenido cambio social y cambio jurídico (recuérdese la Reforma Constitucional de 1991) en busca del restablecimiento de la paz y la armonía social, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales del salvadoreño.

Hagamos un recuento de las etapas y los cambios salvadoreños, tanto sociales como jurídicos.  Sociales: El conflicto bélico y la postguerra. Jurídicos: 1) Reforma Constitucional de 1991; 2) Reforma Judicial I. Marco teórico del derecho sustantivo; 3) Reforma judicial II. a) Reforma procesal: Establecimiento del sistema de justicia oral, b) Reforma Administrativa, y c) Reforma Cultural.

Hay en la Justicia un proceso social de búsqueda de nuevas formas como medio para disponer de mecanismos efectivos. Ello supone y evidencia que las existentes son insatisfactorias.

En definitiva, el ciudadano percibe que la seguridad, la protección de los derechos y el control de constitucionalidad son temas importantes, que deben mejorarse urgentemente.

Este es el nuevo reto social.

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