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Economía

Estado mantiene incentivos fiscales a empresas que violan derechos laborales

Maryelos Cea (Primera de cuatro entregas)

lunes 20, agosto 2018 - 12:03 am

Cuatro de las empresas que emplean a bordadoras a domicilio no pagan impuestos por ser beneficiarias de incentivos fiscales./Laura Ortega

Mientras la empresa textil salvadoreña Konffetty S.A. de C.V. libraba en 2008 una batalla legal contra una municipalidad para hacer valer su derecho a no pagar impuestos – por gozar de exenciones fiscales- un grupo de sus bordadoras a domicilio se apresuraba por concluir las piezas de la semana, sin exigir un contrato, seguridad social o un salario mínimo, silenciadas por una mordaza que persiste hoy en día: leyes que no funcionan y el temor a perder sus ingresos.

“Nos decían que nosotras no teníamos derechos como las (empleadas) de la planta porque trabajábamos desde la casa, que estábamos bien porque pasábamos en la casa”, relata Rosario (nombre ficticio), una de las bordadoras a domicilio que conversó con Diario El Mundo con la condición de proteger su identidad.

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ADEMÁS: Minec dice es “difícil” detectar empresas con bordadoras a domicilio

A las bordadoras a domicilio, como son reconocidas, el sistema les ha dado la espalda. Pero no a las empresas. Konffetty fabrica productos textiles que exporta a Estados Unidos y Honduras, según el sitio El Salvador Trade, una plataforma público-privada que recoge información de los exportadores salvadoreños.


Cuando la alcaldía de Apopa pretendió cobrar a Konffetty los $18,773.32 en impuestos municipales que no pagó entre 2006 y mayo de 2008, la compañía llevó su caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El 27 de enero de 2005, a través del acuerdo número 91, el Ministerio de Economía (Minec) concedió a Konffetty los beneficios de la Ley de Zonas Francas y Depósitos para Perfeccionamiento Activo (LZFDPA). Entre ellos está la exención de impuestos municipales. Por eso, en su resolución 366-2008, la Sala declaró ilegal la actuación de la alcaldía.

El trabajo a domicilio en El Salvador está regulado. La Constitución de la República y el Código de Trabajo dejan claro que este tipo de empleados tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Pero esta es letra muerta para las bordadoras. Aunque trabajan para empresas legales, no tienen un contrato escrito, no cotizan para su pensión o en el Seguro Social y su sueldo es inferior al mínimo fijado para este rubro, lo que viola una resolución de la Sala de lo Constitucional, de la CSJ, emitida en noviembre de 2017.

La ley de zonas francas también exige a las empresas beneficiarias cumplir con la legislación laboral y de seguridad social. El artículo 29 ordena respetar la edad mínima para el trabajo de menores, así como garantizar “condiciones aceptables con respecto al salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional”. Además, obliga a pagar aguinaldos, indemnizaciones y vacaciones. Ninguna se cumple para las bordadoras.

El 14 de marzo de 2011 se hizo justicia para Konffetty. Mientras sus bordadoras seguían tejiendo las piezas bajo condiciones precarias, los magistrados de la Sala de lo Contencioso firmaban la resolución que confirmó la exoneración de impuestos a favor de la empresa.

Premios fiscales

Mujeres Transformando (MT) fue la primera organización en abordar el problema y sus investigaciones concluyeron que el bordado a domicilio tiene más de 20 años de existencia en El Salvador. MT ha identificado cerca de 300 bordadoras en comunidades pobres de Santo Tomás, Panchimalco, Rosario de Mora y El Paisnal, en San Salvador, así como en Coatepeque, Santa Ana, y Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán.

Las bordadoras a domicilio necesitan hasta 16 horas para concluir una pieza y por ella reciben un promedio de $2.11 a $2.27, según MT. Estas creaciones adornan prendas infantiles, como vestidos, que se venden hasta en $200 en Estados Unidos y otros países, según las páginas web de las compañías que emplean a estas mujeres.

 

300
Bordadoras
Los estudios de MT identificaron a cerca de 300 bordadoras a domicilio en El Salvador.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicadas este año, indican que un millón de salvadoreños, en particular mujeres, tienen un empleo vulnerable. Las bordadoras a domilicio están dentro de este grupo, pero su realidad se mantiene oculta por un Estado que no ha logrado hacer un censo de esta población y tampoco ha podido hacer valer sus leyes.

El primer estudio de MT, publicado en noviembre de 2013, se basa en los testimonios de 183 bordadoras, quienes señalan a siete empresas que demandan sus servicios y violan sus derechos laborales: Handworks S.A. de C.V., Jacabi S.A. de C.V., Konffetty S.A. de C.V., Industrias Margareth S.A. de C.V., Velásquez Soto S.A. de C.V., Creaciones Alejandrina y María Isabel Alonso Rochi de Vidrí.

En años posteriores se han añadido a la lista otras empresas. Excellent Seams S.A. de C.V. es una de ellas. En 2015 esta y las otras empresas señaladas en la investigación de MT fueron inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) por denuncias relacionadas al trabajo a domicilio, confirmó la cartera de Estado. La otra es Recursos Humanos de Latinoamérica S.A. de C.V., dedicada a la subcontratación de personal. Diario El Mundo tuvo acceso a declaraciones recientes del Impuesto sobre la Renta (ISR) de algunas bordadoras, que permiten establecer su relación laboral con esta empresa y también con Konffetty.

 

1
Millón
La OIT estima que un millón de salvadoreños tiene un empleo vulnerable, en particular mujeres.

De estas empresas, Konffetty, Handworks y Jacabi no pagan impuestos por ser usuarios del régimen de depósitos para perfeccionamiento activo (DPA), indica una lista del Ministerio de Economía (Minec) obtenida por este periódico vía la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los DPA no están en las zonas francas y en ellos se elaboran o reparan mercancías para su posterior exportación. Pertenecer a este régimen permite a las empresas no pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta por 15 años. Vencido ese plazo, solo pagan una parte de lo que deberían. Tampoco están obligadas a pagar aranceles e impuestos por la importación de materia prima, maquinaria y materiales para la elaboración de los productos beneficiados con el régimen. Además, están libres de impuestos municipales, entre otros.

Solo en 2015, el fisco no recibió $110.17 millones por el impuesto al valor agregado (IVA) e ISR que dejaron de pagar las empresas de zonas francas, DPA y servicios internacionales, indica un informe oficial de la cartera de Estado.

El listado entregado por el Minec incluye a los usuarios de DPA activos hasta junio de este año. María Isabel Alonso Rochi de Vidrí y Velásquez Soto aparecían en uno de 2015, pero ya no forman parte del más reciente. Los documentos del Centro Nacional de Registros (CNR) consultados por Diario El Mundo indican que Alonso Rochi canceló su empresa en mayo de 2016. El cierre de las operaciones fue confirmado por una de las bordadoras que laboraba para ese negocio. No obstante, Velásquez Soto seguía activa hasta 2017.

 

$110
Millones
Hacienda estima que en 2015 dejó de percibir más de $110 millones por los incentivos otorgados a zonas francas, DPA y servicios internacionales.

Gladys Irene Quintanilla Sumba, la fundadora y directora ejecutiva de Excellent Seams, también aparece entre los beneficiarios de las exenciones fiscales para DPA. Industrias Margareth no es parte de ese régimen, mientras Creaciones Alejandrina no aparece registrada en el CNR.

Las empresas producen prendas infantiles que se exportan en particular a Estados Unidos e incluso se vendieron en la cadena de almacenes de lujo Sacks Fifth Avenue, destacó Montserrat Arévalo, fundadora y directora ejecutiva de MT.

Aunque Recursos Humanos de Latinoamérica se dedica a subcontratar personal, algunos de sus directivos también están al frente de Konffetty. Se inscribió en 2013 y su representante legal de ese momento era Joaquín Roberto Alvarenga Flores, quien desde 2011 formó parte de la junta directiva de Konffetty y se mantuvo en ella hasta 2016. También Luis Alonso Ramírez Villatoro, José Carlos Maximiliano Mojica Burgos y Mario Eduardo Calderón Garrido son actualmente directivos de ambas empresas.

 

 

¿Qué beneficios reciben los DPA?

Si el DPA está en el área metropolitana, no paga ISR ni impuestos municipales durante 10 años. La exención es por 15 años si está fuera de ella. Vencido de ese plazo, el DPA solo paga una parte de lo que le corresponde.

No pagan impuestos por la importación de maquinaria y equipo, ni por la internación de los mismos. Tampoco pagan impuestos por lubricantes y similares necesarios para sus operaciones, ni por transferir bienes raíces.

LEA LA SEGUNDA ENTREGA: Fondepro entregó más de $120,000 a empresas con bordadoras a domicilio




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