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Política

Esto dijeron los primeros entrevistados para ser magistrados de la CSJ

Gerson Chávez/Yolanda Magaña

martes 12, junio 2018 - 9:31 pm

Las primeras tres preguntas que debían responder los candidatos eran: ¿qué mejoraría en el Órgano Judicial?, ¿desde su currículum profesional qué considera importante de destacar?, ¿qué lo motiva a participar en esta elección? Pero luego los diputados cuestionaron a los candidatos, principalmente sobre la posibilidad de reformar la Constitución o incluso de revertir las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

El magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Carlos Sergio Avilés Velásquez fue el primero en ser entrevistado esta tarde por la subcomisión Política. La entrevista demoró 45 minutos y en la primera parte de su intervención se mostró a favor que las sesiones de la Corte en Pleno sean abiertas al público en general.

El diputado Juan José Martel (CD) le preguntó: ¿Qué le parece el actual funcionamiento de la Sección de Probidad y las decisiones que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos hasta la fecha?

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El candidato respondió: “El problema con la Ley de enriquecimiento ilícito es una ley  bastante antigua, de 1959, se ha quedado corta en muchos aspectos a situaciones que son novedosas y a nuevas formas que se han inventado aquí de corrupción”. Dijo que aunque es “una ley desfasada se ha hecho mucho” y que “mejorarlo (el trabajo) sin reformar la ley está un poco complicado porque  que hay aspectos como la declaración de patrimonio posterior a la cesación del cargo del funcionario que debería de no ser solo después de que cese en el cargo, sino mantenerse en el tiempo.

Carlos Sergio Avilés, miembro del Tribunal de Etica, aspira a ser magistrado de la CSJ. Foto: Wilson Urbina.


“Esa sería una reforma que pudiera ayudar  a monitorear el enriquecimiento ilícito del funcionario; pero, sin hacer ninguna reforma, creo que lo más sano sería que los magistrados asuman la defensa de estos casos que tienen que tienen que ver con los intereses de la sociedad sin ningún tipo de ánimo partidista”, expresó.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla le preguntó si hay alguna sentencia con la cual no se encuentre de acuerdo. El candidato respondió que discrepó con la resolución de la Sala sobre el Sistema Integrado de Transporte del Area Metropolitana de San Salvador (Sitramss) y sobre el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas. Cuestionó que la Sala no esperó a que resolvieran los magistrados suplentes.

El siguiente candidato entrevistado fue Aldo Cáder Camilot, quien es intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencia desde 2009 y catedrático de derecho constitucional y procesal civil de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

Aldo Cáder trabajó en la Sala de lo Constitucional y es intendente de la Superintedencia de Competencia. Foto: W.U.

El diputado Juan José Martel, del partido Cambio Democrático (CD), le leyó el artículo 235 de la Constitución, en donde dice que todo funcionario protestará ser fiel a la República, “cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, subrayo esa frase, cualquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen”. Y luego le preguntó: ¿Qué opina usted de la interpretación expansiva de la Constitución?

Cáder, quien antes de 2009 trabajó 10 años en la Sala de lo Constitucional, le respondió: “Le entendí perfectamente, está bien planteada. En primer lugar, cuando dice hay que atenerse a su texto, eso es cierto, pero el problema es que a veces el texto no es muy claro o también establece mucho concepto jurídico indeterminado a lo cual hay que irle dando contenido”. Mencionó ejemplos: el derecho a la protección del artículo 2 y el debido proceso no está establecido para el Órgano Judicial sino solo para la administración pública en el artículo 14. Sin embargo, Cáder señaló que tampoco se puede ir más allá de lo que dice la Constitución.

Es natural y es normal que un tribunal constitucional entre a dotar de contenido esos conceptos o términos jurídicamente indeterminados. Hay que tener cuidado que en esas interpretaciones no se alteren las disposiciones expresas de la Constitución”.
Aldo Cáder
Candidato a magistrado de la CSJ

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, dijo que le provocaba preguntar sobre lo mismo. “Cuando hablamos de los conceptos indeterminados que hay que darle interpretación, quisiera preguntar: ¿podríamos tener dudas como sociedad partiendo de lo que entendemos en cuanto al procedimiento para modificar la Constitución?, ¿podríamos concluir que el artículo 248 contempla conceptos indeterminados susceptibles de ser interpretados de forma restrictiva o extensiva?”, cuestionó Parker.

El candidato reiteró que es algo aceptado internacionalmente dotar de contenido a las disposiciones constituciones. “Sostengo mi opinión que si bien hay un proceso de reforma constitucional, también es cierto que es algo aceptado internacionalmente dotar de contenido a las disposiciones constitucionales, eso no se puede entender como una reforma constitucional, sino como contenido, una explicación, de algún concepto oscuro, algún concepto que puede tener diversas interpretaciones dentro de la misma Constitución”.

Cáder ejemplificó que, si un ciudadano indica que se le ha violado el derecho a recurrir o a impugnar, en el texto de la Constitución no está el derecho a recurrir, pero se interpreta de la conjunción de diversos artículos. Pero advirtió que “pueden haber excesos, hay que tener cuidado que en esas interpretaciones no se alteren las disposiciones expresas de la Constitución” ni que afecte el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

El diputado Parker insistió y dijo que la Sala de lo Constitucional se pronunció que la Constitución puede ser modificada por consulta popular, algo que aseguró “se aparta en forma explícita de los procedimientos previstos del artículo 248 para que la Constitución sea modificada”. “¿Hasta dónde un juez de un tribunal constitucional sin consulta?, sin hacer uso de recursos con los que cuenta el Órgano Judicial, que no pueden ser inferiores al 6 % de los recursos del Estado, y hemos observado que la Sala se ha permitido emitir fallos donde revirtió la carga de la prueba para que los periodistas tuviesen que revelar la fuente después de dar una información y no ir a la cárcel…

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Cáder insistió que un juez no puede desconocer el texto constitucional pese a una interpretación extensiva. “Esa tentación hay que dejarla a un lado y hay que apegarse al texto constitucional. Usted mencionaba lo del 6 %, imaginémonos una sentencia, se hubiera dicho que tiene más del 6 %, eso sería romper el texto constitucional porque es una disposición expresa”.

El abogado señaló que hay un precedente sobre el derecho al medio ambiente, que no estaba en el texto constitucional pero en una demanda de amparo por la construcción de una carretera frente al centro comercial Multiplaza, se hizo la interpretación de la Constitución y se interpretó que “todos teníamos derecho a un ambiente sano”, aunque no estaba expresamente en la Constitución. “Pero romper el texto constitucional, definitivamente no estoy de acuerdo”, reiteró.

El diputado Mario Tenorio, del partido GANA, le preguntó si se pronunciaba por una reforma integral de la Ley de Procedimientos Constitucionales o solo reformar algunas instituciones. Cáder le respondió que requiere una reforma integral, porque tiene terminología arcaica, vacíos y lagunas, en el tema de adopción de medidas cautelares y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, traslados, la creación de audiencias. “Hay un montón de cosas que deben actualizarse, hay que hacer cambios rotundos”, dijo. Agregó que debe pasar a la oralidad.

Luego, el diputado Antonio Almendáriz, del partido PCN, preguntó sobre la transparencia. Cáder se manifestó a favor de rendiciones de cuentas de “lo bueno, lo malo y lo feo” con opiniones de la ciudadanía y aseguró que actualmente no se encuentra un portal en donde se informe qué audiencias hay en los juzgados contenciosos administrativos, algo que se pudiera avanzar con la tecnología.

Jorge Schafik Hándal, del FMLN, le leyó una pregunta sobre qué opinaba de la sentencia 35-2015 que declaró inconstitucionales la emisión de $900 millones en bonos: “¿Se rompe el principio de congruencia?, ¿hay vulneración del derecho de defensa?”. Cáder respondió que la Sala de lo Constitucional si va más allá del petitorio de una inconstitucionalidad o un amparo, “yo eso no lo veo bien”.

Luego, el coordinador de la Subcomisión Política, Alberto Romero (ARENA), le preguntó qué piensa de quitar las funciones administrativas a la CSJ. Cáder dijo que se sumaría a esfuerzos por descentralizar funciones administrativas de la CSJ, incluso delegar al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El siguiente candidato fue Roberto Calderón, quien en su curriculum aparece como juez de vigilancia penitenciaria, pero explicó que recientemente la CSJ aprobó un decreto en donde suprimió el juzgado 10 de instrucción, cuya titularidad ocupaba, y ahora espera la creación del juzgado contra el crimen organizado el cual integrará.

Roberto Calderón, exjuez de lo penal y penitenciario. Foto: W.U.

Primero, al responder la primera pregunta, Calderón aseguró que “se está dando la depuración judicial” y que el órgano judicial ha mejorado y se ha ido modernizando. Luego, leyó una propuesta de “Sistema interinstitucional 7/24/365”, donde todas las instituciones se concentren para la atención a las víctimas y la recepción de denuncias. “Con este proyecto, todo estaría en un solo lugar”, les dijo a los legisladores. También leyó otra propuesta de tener “un área para los abogados en donde puedan estar, pueda haber café y aire acondicionado” antes de entrar a las audiencias.

Calderón aseguró que, “previendo la posibilidad de aspirar a la CSJ”, aseguró que también se graduó de un diplomado de derecho constitucional y tuvo como maestros a actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. “Además, tengo cursos de medio ambiente, contrabando de armas”, señaló.

El diputado Romero le dio la palabra al diputado Mario Tenorio, de GANA, quien no preguntó. Luego, el diputado Antonio Almendáriz preguntó: ¿Qué opina usted de la creación de lnstituto de Ciencias Forenses? Le respondió que Medicina Legal ha funcionado: “Usted lo sabrá mejor, usted tiene una gran trayectoria, ¿quién es el que menos puede viciar?, se decidió que el órgano judicial, yo hasta ahora, puedo dar fe que los dictámenes de Medicina Legal están robustecidos con la debida transparencia con excepciones. Con la pregunta que usted me hace, coronel, si vamos a generar un ente autónomo y lo vamos a revertir de esa infranqueabilidad, que sean profesionales, que se dediquen a hacer su trabajo, sería lo ideal”, le respondió al diputado del PCN.

Rodolfo Parker (PDC) aseguró que agradecía la extensión de su hoja de vida y señaló que es necesario conocer más a las personas que aspiran a la CSJ porque algunos “tienen la mejor de las apariencias y terminan siendo borrachos”. “Tenemos que transparentar más las hojas de vida”, dijo. Parker le preguntó su opinión sobre la sentencia contra la Ley de la Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. Respondió que todo ser humano tiene derecho a saber la verdad.

Luego, el candidato Calderón recibió dos preguntas polémicas sobre la Sala de lo Constitucional, la primera, realizada por Schafik Hándal (FMLN) y Juan José Martel (CD), sobre una supuesta prolongación del periodo de funcionarios de segundo grado y la segunda sobre la primacía de la Corte plena o la Sala de lo Constitucional.

Juan José Martel (CD): ¿Puede un funcionario de elección de segundo grado ejercer más tiempo por el que ha sido expresamente electo con tiempo de la Constitución, ha sido juramentado, en caso de no ser electo en tiempo, puede él decir, como no se ha electo el sustituto, continúo ejerciendo mi función más allá del tiempo que tengo estipulado?

Roberto Calderón: Gracias y le voy a contestar con el respeto debido, por el hecho que usted no es abogado como lo mencionó, mi respuesta en carácter de Roberto Calderón: si hay un plazo para el cual ha sido nombrado y ese plazo finaliza definitivamente no se puede ampliar que haya sido ya finalizado, sin embargo, para ellos, que hacen uso de la interpretación y de darle contenido a la norma y que si la norma no tiene contenido, pueden ellos interpretarla, sería ellos que podrán decidir si ellos o no pueden extender ese plazo pero en mi carácter personal que si hay un plazo yo no podría abrogar más allá de ese plazo, se debería llamar a los suplentes o darle otra solución, pero no continuar, eso con todo respeto, independientemente de lo que pueda decir la Sala de lo Constitucional, que también la respeto.

El diputado Leonardo Bonilla desistió de preguntar al candidato. Y, luego, Alberto Romero (ARENA) preguntó: ¿Es la Sala de lo Constitucional o la Corte Plena el máximo tribunal de justicia en El Salvador? ¿Si se llegara una demanda contra el decreto de nombramiento de magistrados del 2018, ¿quién debería resolver?, ¿la misma Sala o la Corte Plena?

A lo que el candidato Roberto Calderón respondió: “Históricamente la Sala de lo Constitucional es parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, ahí es una razón o es una interpretación que le puedan dar los abogados en este caso, los magistrados en el caso concreto, sin embargo, siempre se ha sido del criterio, es más, la Constitución establece que será a través de la Corte en pleno que se resuelvan casos cuando la Sala resuelve, debería ser la Corte en pleno la que haga la resolución, sin embargo, se vino consuetudinariamente dando que la Sala de lo Constitucional resuelve y es ella la que da las resoluciones y las concretiza en cada caso, sin embargo, la Sala de lo Constitucional es parte integral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala por lo tanto forma parte de ese pleno y el pleno de la CSJ sería a mi criterio la autoridad precisamente en la que se debería dilucidar los diferentes casos, tanto así, por eso el presidente para poder gobernar tiene que tener ocho votos. En otros países hay tribunales constitucionales que esos sí son independientes.”

Rogelio Canales, presidente del Centro Nacional de Registro (CNR), parte del Ejecutivo. Foto: W.U.

Rogelio Canales, director del Centro Nacional de Registros, quien tiene una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública, fue el siguiente entrevistado. Canales respondió “todo puede cambiarse” cuando Mario Tenorio, diputado de GANA, le preguntó si estaría dispuesto a modificar algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional.

El diputado Juan José Martel (CD) repitió su pregunta que le hizo a Cáder, sobre la exigencia de la Constitución de cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. “¿Qué pasa cuando en la Sala de lo Constitucional se toman resoluciones que no van atenidas al texto constitucional y que muchas veces lo pueden contrariar en su parte fundamental?”, cuestionó.

Canales respondió que los funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y que no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. “La Constitución fue dictada en diciembre de 1983 y este texto se ha mantenido con pequeñas modificaciones, llevándolo al contexto actual, han modificado la realidad social, económica y política del país, en consecuencia, los honorables señores que están en la Sala han aplicado un criterio interpretativo”, afirmó. Agregó que podrá ser válido para muchos pero agregó que se puede aplicar perfectamente aplicar el texto armonizándolo con las disposiciones diferentes de la Constitución. Sin embargo, dijo que una reforma constitucional debe seguir el mecanismo que indica la Constitución.

El diputado del FMLN Schafik Hándal le preguntó cómo se puede ponderar la sentencia del voto cruzado. Canales sugirió separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y agregó que cuando se hacen “estos cambios repentinos se generan trastornos”. “Si la Sala emitió una resolución modificando lo que estaba establecido en el pasado debe ser atendido y debe ser cumplimentado”, señaló, alegando que son “de obligatorio cumplimiento”.

Luego, el diputado no partidario Leonardo Bonilla aseguró que este día han escuchado una cátedra de credenciales en materia jurídica. “Creo que hay muy buenos prospectos”, le dijo. Luego le advirtió que no tenía el ánimo de vincularlo a algún partido. “En abril de 2017, me dicen que usted convocó a una conferencia para hablar sobre la sociedad Montecristo, fundada por Óscar Ortiz y el señor (José Adán) Salazar Umaña, señalado de lavado de activos, me piden que le consulte ¿cuántas conferencias de prensa ha convocado para aclarar si una sociedad está activa?, porque podría prestarse al entendido que era con motivos de ayudar al vicepresidente señalado en ese momento”. Bonilla aclaró que era una pregunta de las organizaciones de la sociedad civil.

Canales, quien dirigió el “Movimiento 5+” aclaró que jamás ha pertenecido a algún partido político y aseguró que tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica de las personas “sin exclusión de ninguna clase”. Explicó que en esa ocasión las publicaciones señalaban que el CNR había expresado que esa sociedad estaba activa, lo cual era una falsedad.

El diputado Mario Tenorio (GANA) le preguntó a Canales: “En el caso que usted resultara electo, usted estaría dispuesto a acompañar algunas modificaciones a precedentes de la anterior Sala de lo Constitucional, lo cual ya constituyen fuente del derecho. ¿Estaría dispuesto a modificar algunas de esas resoluciones, no voy a mencionar, digamos algunas de esas?

Canales respondió que hay resoluciones que generaron jurisprudencia. “El derecho tiene la capacidad de revisarse a sí mismo, los actos se modifican en la misma forma en que se hicieron y resulta que no hay resoluciones pétreas, no hay disposiciones pétreas, la Constitución no es pétrea, salvo lo que dice el artículo 248, que no podrán ser objeto de modificación, forma de gobierno”, dijo.

“En ese caso, señor diputado, cualquier cosa se puede modificar”, agregó el aspirante, quien sostiene que los magistrados de la Sala de lo Constitucional incluso cambian sus criterios dentro de sus mismas resoluciones.




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