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Política

Evaluarán con FGR, CSJ y PDDH si prorrogan las medidas extraordinarias

Redacción Política

miércoles 31, enero 2018 - 12:00 am

Con la relatora especial sobre ejecución extrajudicial y directora de libertad de expresión, Agnes Callamard. / A.L.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa convocará al gabinete de seguridad, Corte Suprema de Justicia, procuradura de derechos humanos y fiscal general, para decidir si se prorrogarán las medidas extraordinarias de seguridad.

El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, señaló que habló sobre el tema con la relatora especial de las Naciones Unidas para

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“Ella mostraba preocupación por las medidas extraordinarias… Ella me dijo: que no les den jabón para bañarse y que no les permiten bañarse. Mire, le dije, las medidas no son esas las que nosotros aprobamos. Yo creo que ella se sintió un poco apenada porque quizás lo que le habían dicho es otra cosa”, afirmó.

Gallegos señaló que revisarán las medidas extraordinarias en consenso con las instituciones relacionadas. “De esto va a depender si las prorrogamos todas o las declaramos permanentes o algunas de ellas”, dijo el presidente de la Asamblea.


El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, aseguró que el control de las cárceles no tiene que reñir con las garantías a los derechos fundamentales.

“No es lo mismo privarle de la visita íntima, o de un hampón del mismo grupo criminal, que privarle de la visita de su madre, sus hijos, hay que hacer una revisión exhaustiva de estas medidas”, afirmó Ávila.

Las medidas extraordinarias se vencen en abril y ARENA cree que se podrían aprobar después de las elecciones. El diputado Ávila aseguró que “a estas alturas  no hay pretexto que ya no se pueden controlar el ingreso de celulares”, respecto a la restricción de señal alrededor de los centros penitenciarios.

El diputado Misael Mejía, del FMLN, señaló que el peligro de aprobar la prórroga de las medidas extraordinarias es que los jueces dejan de programar las audiencias virtuales, las cuales impiden que peligrosos reos sean trasladados físicamente a los juzgados, un escenario que provoca una especie de vulnerabilidad para la comisión de delitos.




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