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Editorial & Opinion

Feminicidios, vergüenza e indignación nacional

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 15, mayo 2018 - 12:00 am

En nuestro país nadie se salva. Aquí matan a niños, mujeres, ancianos y jóvenes sin importar su condición social o sus creencias políticas o religiosas. Todo crimen es repudiable y condenable, pues nadie tiene el derecho para acabar con la vida de los demás. Algo anda mal y ese algo es terrible y al parecer sin solución a corto o mediano plazo. Hemos perdido los valores y la capacidad de solidarizarnos y sensibilizarnos, porque los muertos, salvo en casos especiales, han pasado a ser simples cifras que se manejan al antojo de las instituciones y de los intereses de los diferentes sectores o instituciones. En el país hace falta una política anticriminal que sea efectiva, integral y que incluya a todos, desde el gobierno hasta la ciudadanía, pasando por los políticos, los sectores productivos, las iglesias, los gobernantes y las fuerzas de seguridad pública, entre otros.

Últimamente se han puesto de “moda” los feminicidios.

En realidad siempre ha habido asesinatos de mujeres, solo que en los últimos meses han sido más escandalosos o más mediáticos y frecuentes. La muerte de la colega periodista Karla Lisseth Turcios Cortez, a manos de su compañero de vida Mario Alberto Huezo, visibilizó una cruda realidad, pues muchas mujeres sufren maltrato en su hogar y guardan silencio lo que en muchos casos trae consecuencias letales. Similiar situación ocurrió con el asesinato de la joven Graciela Eugenia Chávez Ramírez, asesinada en Mejicanos en febrero pasado, de 56 cuchilladas, por su novio José Héctor Otero Turcios.  En Santa Ana, en enero anterior la doctora Rosa María Bonilla Vega, fue asesinada a golpes por su pareja Denys Edenilson Suárez Mejía, quien la maltrataba cotidianamente. Los tres supuestos feminicidas ya están capturados y ahora están en manos de la Fiscalía y los tribunales.

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La semana pasada dos ancianas fueron asesinadas salvajemente. El martes, en Colón, María Teresa Jiménez fue asesinada a “batazos” por su yerno, quien ya fue capturado y probablemente al final de un juicio será condenado. Un día después, en Panchimalco murió acribillada Juana Vázquez, de 74 años, quien fue sacada al patio de su casa y ahí asesinada por dos hombres enmascarados. El mismo miércoles en Ciudad Arce, fue ultimada a balazos, mientras trabajaba, la promotora de salud Lidia de Jesús Bojorge, por supuestos pandilleros.

El listado de mujeres asesinadas es amplio. Solo este año ha habido más de 150 mujeres asesinadas en los primeros cuatro meses y medio. En muchos casos las mujeres han muerto a manos de sus compañeros, luego de meses o años de maltrato. Obligadas a callar sufren las peores consecuencias.


Ninguna mujer debe callar los maltratos. La Fiscalía, la Procuraduría, la PNC, los tribunales y hasta las asociaciones reivindicativas de los derechos de las mujeres, son instancias que pueden y deben ayudar a las mujeres. El Órgano Judicial ha creado los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, donde laboran expertos (as) en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres. Callar las agresiones puede llevar a la fatídica muerte.

El Estado y la iglesia deben hacer lo suyo. En materia de educación debe implementarse como eje transversal concienciar el respeto hacia las mujeres. Los líderes religiosos deben, desde el púlpito, orientar a sus feligreses para que desde el núcleo familiar se eduque a los hijos. Y cada uno de nosotros debe hacer lo suyo para educar y concienciar a los nuestros para que vean y sientan a las mujeres como seres con iguales derechos que los hombres. El que no respeta a una mujer, no tiene dignidad.

Se requiere de una política de Estado amplia para erradicar la violencia contra las mujeres y contra los hombres. La prevención es fundamental desde el núcleo familiar, la escuela y la convivencia social, pero también la represión es necesaria y obligatoria. Si alguien ya cometió un crimen hay que perseguirlo con rigurosidad y, como lo recomienda el fiscal general Douglas Meléndez, a los homicidas, especialmente a los feminicidas, hay que enviarlos al penal de máxima seguridad. Eso sí, toda vez que se les compruebe su culpabilidad.

Toda muerte es condenable, pero cuando los homicidas se ensañan contra mujeres indefensas, contra sus parejas, contra niñas y adolescentes o contra ancianas como doña Juana y doña María, entonces uno piensa hasta en la pena de muerte.




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