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OPINIONGracias a la reciente entrevista televisada que realizaron al Fiscal General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez, la ciudadanía salvadoreña ha tenido la oportunidad de conocer la dura realidad que afrontan los fiscales del país en su lucha por defender los intereses del Estado y de la sociedad.

De hecho, muchos abogados sabíamos de dichas dificultades, pero se tendió una sombra de “secretismo prohibitivo” que, al final de cuentas, resultó en que esa entidad del Ministerio Público en lugar de recibir el apoyo que realmente necesita, afrontara problemas diversos que crecieron como hiedra en perjuicio de la misma sociedad, especialmente en una época de incremento delincuencial en todas sus formas y modalidades, incluyendo los “delitos de cuello blanco”, que permanecieron en la más cruda impunidad.

Francamente es inaudito que la Fiscalía General no cuente con suficientes recursos financieros, personales, tecnológicos y demás que le permitan cubrir, con un alto porcentaje de efectividad y eficiencia, su alta misión de combatir el crimen y otras actuaciones ilícitas que afectan los intereses estatales o de la sociedad. Y el problema sigue hasta el momento presente, incluso con atisbos de que, al interior de ciertos partidos políticos, con diputados en la Asamblea Legislativa, preparan un borrador de “reforma constitucional” absurda que engarza el presupuesto fiscal con el de la Corte Suprema de Justicia.

Esa ridícula reforma, de aprobarse, podría lograr una finalidad malévola: reducir a la CSJ un aproximado de 80 millones de dólares y, de esa reducción, destinar un 6% a la FGR. En cristiano, eso significaría postrar económicamente tanto a la Corte Suprema como a la Fiscalía quién sabe por cuánto tiempo, todo motivado por razones obvias que cualquier ciudadano, con dos dedos de frente, puede advertir de inmediato.

Y hablemos claro: tanto los fallos de la Sala de lo Constitucional, como las investigaciones oportunas de la FGR, no les han hecho ninguna gracia a los dos grandes partidos del espectro político nacional. Ellos deseaban que tanto el anterior titular de la FGR, como el actual, se plegaran a sus intereses, lo cual no les resultó.

En cierta medida, el anterior fiscal Luis Martínez, también cayó mal cuando calificó de “hipócrita” a la tregua con pandillas, misma que fue impulsada por la administración Funes y que forma parte del haber pendiente de investigación. Luego, el actual caso de corrupción donde se involucra a Mauricio Funes, así como otros que están por ventilarse, o que a lo mejor ya están sobre el escritorio del fiscal Meléndez, tampoco son del agrado del partido oficialista, que  al través de muchos mensajes en redes sociales, discursos presidenciales, arengas diputadiles y hasta columnas periodísticas, han  tratado por querer desvirtuar la actividad fiscal tildándola de “show mediático”, impulsado por “una sed de venganza  de los Estados Unidos y la derecha nacional”. Los hechos  demuestran que la “consultoría” que dijeron realizaba el señor Funes  en Nicaragua, en realidad eran gestiones para obtener asilo político y así eludir la acción de la justicia  salvadoreña. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

En la FGR hay turnos de 24 horas, sin broma. Pueden ser en cualquier día de la semana, así como en vacaciones. No hay estímulos de ninguna índole. Es una condición no solo deprimente, sino indignante. No hay pago de horas extras ni buenos vehículos para transportarse a veces hasta lejanos sitios rurales. Un mismo vehículo fija su ruta diaria para llevar a varios fiscales a distintos tribunales en su recorrido, para regresar más tarde a recogerlos y llevarlos a la sede, donde se quedan revisando expedientes  para las varias audiencias del día siguiente, o empezando su turno de la noche hasta el amanecer. Junto a los héroes anónimos de nuestra Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, llegan a sitios de alta peligrosidad sin portar un chaleco antibalas.

No se tienen laboratorios propios para la  investigación inmediata de los delitos, por lo cual deben esperar resultados que realicen peritos policiales. Tampoco poseen equipos tecnológicos modernos para analizar fotografías de personas o llamadas sospechosas, en fin, hay una carencia total. Por eso y más merece que se apoye a la institución que nos protege de la delincuencia común, organizada y…politizada.

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