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Fiscalía sin acusar a expresidente Mauricio Funes

Yessica Espinoza

domingo 20, agosto 2017 - 9:40 pm

Expresidente Mauricio Funes. Foto Archivo DEM

El miércoles 17 de agosto del año pasado, la Fiscalía General de la República allanó siete inmuebles en busca de evidencias por cinco delitos en supuestos actos de corrupción del expresidente Mauricio Funes, durante su mandato entre 2009 y 2014. Entre esos actos, se encuentra la adjudicación de millonarios contratos a las empresas de Miguel Menéndez Avelar mejor conocido como “Mecafé”, un empresario cercano al exmandatario que también fue director del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) al inicio de su Gobierno.

A pesar de que la orden de allanamiento, firmada por el juzgado 5º de Paz decía que la diligencia tenía como fin “ubicar, fijar e incautar evidencias relacionadas a los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias”, hasta este día, el Ministerio Público no ha acusado a Funes por ningún delito, en la vía penal.

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“Dentro de la administración Funes, bueno de todos es conocido, muchos actos de corrupción se han dado en donde estas empresas se han visto involucradas, desde el año 2009 hacia acá se han visto cuestiones corruptas que han sido objeto de investigación; y es esa investigación que nos ha motivado a efectos de poder venir a incautar todos los documentos que sirvan para lograr establecer esos actos que hasta este momento han sido señalados”, explicó el 17 de agosto, el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, Andrés Amaya.

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Los inmuebles allanados fueron la residencia de Menéndez Avelar, en la colonia Altamira, propiedad de la Compañía Salvadoreña de Seguridad S.A. de C.V. (Cosase), de la que el exfuncionario también es dueño; Las instalaciones de Cosase en la colonia y avenida Bernal, en la residencial Montecarlo de San Salvador, así como otras tres propiedades aledañas, donde funcionan otras empresas de Mecafé, Kawaki, Mendis S.A. de C.V. y Mecafe S.A. de C.V. La sexta propiedad de Mecafé, donde la Fiscalía allanó está ubicada en la residencial Altamira y el séptimo inmueble fue el despacho contable Ochoa Benítez Asociados, cuyo socio mayoritario es el exministro de Agricultura y expresidente del ISTA durante Funes, Pablo Alcides Ochoa, ubicado en la colonia Escalón.

El interés prioritario del Ministerio Público era secuestrar abundante documentación consistente en contratos de las empresas de Miguel Menéndez Avelar “Mecafé” y revisar si hubo un proceso transparente en las adjudicaciones.

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“Me acabo de enterar de los allanamientos de la FGR. No tengo nada que ver con las empresas de Miguel Menéndez. La investigación es ridícula”, escribió Funes en twiter ese día. “No tengo inmuebles ni cuentas. No tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la FGR para quedar bien con USA”, agregó y defendió los contratos que otorgó su Gobierno a las empresas de Mecafé diciendo que “no hubo tráfico de influencias”.

Los allanamientos continuaron y la Fiscalía confirmó haber incautado más de 250 cajas de abundante documentación sobre compras y ventas de las empresas propiedad de “Mecafé”, documentación que pondrían a la orden de peritos contables porque, dependiendo de los hallazgos, la Fiscalía determinaría si había suficientes indicios para judicializar el caso.

El 19 de agosto, el Ministerio Público allanó la casa donde residía el expresidente Mauricio Funes en Antiguo Cuscatlán. Ahí, la Fiscalía incautó docenas de armas, incluyendo fusiles de guerra, cajas fuertes llenas de armas y municiones, y más de una veintena de maletines, en su mayoría negros. Un busto del exmandatario y unos zapatos en bronce, formaban parte de la decoración de la vivienda que Funes sostuvo que era alquilada. También incautaron lujosas prendas de vestir; 74 pares de zapatos, el más barato valorado en $800 y otros hasta en $2 mil; pinturas, una camisa blindada y joyas. Amaya dijo en ese momento que harían un valúo para “ver a cuánto podría ascender lo incautado”. Esto fundamentaría, según la FGR, uno de los cinco delitos señalados, el de enriquecimiento ilícito.

Funes, quien hasta hoy permanece asilado en Nicaragua, dijo en su cuenta de twitter que la residencia “era alquilada”, que las armas estaban “legales” y que eran “obsequios de la FuerzaArmada”.

A pesar de todos esos procedimientos e incautaciones en búsqueda de evidencias para poder llevar el caso ante tribunales, la Fiscalía no lo ha acusado.




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