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La admisión fue firmada por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. / DEM

El legislador Yohalmo Cabrera, del FMLN, sostuvo ayer que la admisión para estudiar una demanda contra la legalidad del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un boicot al transporte y al Gobierno, orquestado por el bloque de derecha y los mismos magistrados de la Sala.

“Estamos hablando de una modernización del transporte en donde en el país ha habido un cuestionamiento de la derecha. ¿Quiénes están defendiendo los buses sucios?, hay un sector que no quiere que el país avance y que el transporte se modernice. El boicot lo hace el partido ARENA en conjunto con una serie de instituciones como la misma Sala de lo Constitucional. No nos sorprende en realidad, ya se oía venir”, cuestionó Cabrera.

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Los magistrados admitieron la demanda presentada por un grupo de transportistas a fin de juzgar la constitucionalidad de los artículos 5 numerales 2, 8, 25 y 57; 156 inciso final del Reglamento General de Transporte Terrestre, que habilitan la explotación de obras materiales de uso público, y determinar si existe vulneración al artículo 120 de la Constitución.

De acuerdo a los demandantes, la infraestructura creada para la implementación del Sitramss y que es explotada por las líneas de Sipago, se hizo sin previa concesión de la Asamblea Legislativa.

El artículo 120 de la Constitución establece que toda concesión del Estado para la explotación de muebles, ferrocarriles, canales, u otras obras materiales de uso público, deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa a su aprobación.

El diputado del FMLN argumentó que no existe violación de ley, ya que por encima de las normativas está el bien común. Consideró que son valoraciones sin base jurídica y que los magistrados han venido reformando la Constitución por la vía de la interpretación.

“Hay abogados en esta Sala de lo Constitucional que la derecha los ha mandado, la oligarquía, a que estudien en Inglaterra, en España, teorías que no se apegan a El Salvador. Esas son interpretaciones jurídicas, esa es una ciencia cuestionable, nadie tiene la verdad absoluta”, expresó.

La diputada Milena Calderón de Escalón, de ARENA, se defendió de las acusaciones del FMLN e indicó que se trata de cortinas de humo. Agregó que el Gobierno ha privatizado los carriles a favor de grupos afines. “Nosotros muy claramente hemos dicho que el FMLN ha privatizado una calle a favor de una empresa de sus amigos”, mantuvo Calderón.

El diputado Rigoberto Soto, de GANA, planteó que el Sitramss es un proyecto de país que mejorará la calidad de vida a la gente pero nació con dudas planteadas por los transportistas. “El Gobierno tiene que aclarar esas interrogantes y, aunque sea un sistema de país, tiene que tener reglas claras tal como dice la Constitución”, indicó Soto.

Antonio Almendáriz, del PCN, no quiso dar opinión y manifestó que esperarán que la Sala dé una sentencia definitiva. La Sala ha dado 10 días al Gobierno para justificar la legalidad del Sitramss.

Admisión de demanda presentada por transportistas

La Sala admitió la demanda de inconstitucionalidad contra artículos 5 numerales 2, 8, 25 y 57, y 156 inciso final del Reglamento General de Transporte Terrestre, que habilitan la explotación de obras de uso público, y determinar si existe vulneración al artículo 120 de la Constitución.

La Sala declaró improcedente la pretensión de declarar inconstitucionales el artículo 5 números 4 y 5, artículo 77 inciso final y artículo 79 inciso final del Reglamento General de Transporte Terrestre, porque vulneraba el principio de igualdad. Dijo que hay término de comparación no idóneo.

La Sala declaró improcedente la petición de inconstitucionalidad de los artículos 5 numerales 4 y 5; 77 inciso final y 79 inciso final del Reglamento en la que planteaban vulneración a seguridad jurídica, reconocida en la Constitución. La Sala consideró que no se aportaron los argumentos.

La Sala no aceptó la solicitud de medida cautelar por los demandantes, consistente en la suspensión provisional del uso exclusivo de la infraestructura pública que hace uso el Sitramss. Dijo que no se cumplen los supuestos de procedencia requeridos para decretar la medida cautelar.

La Sala de lo Constitucional pidió un informe al Presidente de la República en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, en el cual justifique la constitucionalidad de los artículos señalados en el Reglamento General de Transporte Terrestre.

$45 Millones

Esa es la inversión del Estado para construir infraestructura del Sitramss.

19 mil Usuarios

De acuerdo a la empresa del Sistema Único de Boletos Electrónicos (SUBES), el Sitramss mueve cerca de 19 mil usuarios diarios.

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