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Gobierno pide ley para combatir extorsiones

jueves 12, febrero 2015 - 12:05 am

El presidente Salvador Sánchez anunció el proyecto, junto al gabinete de seguridad. /CAPRES

El presidente Salvador Sánchez anunció el proyecto, junto al gabinete de seguridad. /CAPRES

graficaEl presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, envió ayer a la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación el proyecto de Ley Especial contra el Delito de Extorsión, que busca proteger a las víctimas de extorsión en los procesos judiciales y multa a las telefónicas que incumplen las normas para evitar que estos delitos se cometan.

El gobierno consideró que era necesario adoptar medidas “especiales” que contribuyan a la prevención del delito de la extorsión.

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El proyecto de ley contempla regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas administrativas para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión.

La ley ataca tanto a los extorsionistas directos, a los que colaboren para el delito e incluso a las empresas de telecomunicaciones que no tomen medidas para que sus medios no sean usados para extorsionar.


El ministro Benito Lara entregó el proyecto a la Asamblea. /Ó.M.

El ministro Benito Lara entregó el proyecto a la Asamblea. /Ó.M.

El proyecto establece multa de cinco mil salarios mínimos por día de infracción a telefónicas que den servicio en penales. Si reinciden 12 meses, se revoca la concesión. Propone un artículo transitorio que les daría un plazo de 45 días, una vez que entre en vigencia la legislación, para que puedan cumplir con las disposiciones de la ley para asegurar que los servicios que ofrecen no son utilizado como medios para el delito.

Si se aprueba, la ley especial ampliaría el concepto de extorsión, ya que siempre se considerará consumada, independientemente si el acto se llevó a cabo, y crearía el delito de “proposición y conspiración”, que sería sancionado con una pena entre cinco y 10 años de prisión. También el delito se amplía a la persona que “realice acciones tendientes a obligar o inducir” a la extorsión, y no solo a quien obligue o induzca, como se legisla actualmente en el artículo 214 del Código Penal.

Ese mismo articulado propuesto por el Gobierno pone pena de cárcel para quien realice la amenaza como para quien recolecte el dinero por extorsión. El Gobierno busca también que el delito de extorsión pueda ser investigado sin necesidad de la denuncia de la víctima. También, intenta proteger a la víctima cuando le permite designar un querellante o acusador mediante un acta y no un poder judicial, en el cual se coloque únicamente su clave, si se ampara a la ley de protección de víctimas y testigos.

El Gobierno propone en la ley que si internos del sistema penitenciario participan en extorsión se les aplicaría el “régimen de encierro especial” en el centro penitenciario de seguridad. Ayer, el mandatario reconoció que, aún, desde los penales hay participación en ese delito.

Nuevas medidas en ley especial, el proyecto.

No se requeriría consumar la extorsión

El proyecto amplía la definición del delito de extorsión e incluiría a las personas que “tiendan” a “obligar, o inducir”, incluso “de forma implícita” a hacer actos o negocios para “obtener provecho, utilidad, beneficio o ventaja para sí o para un tercero”. Pero la redacción del artículo explica que “la extorsión se considerará consumada con independencia de si el acto o negocio a que se refiere el inciso precedente se llevó a cabo”. En el proyecto la pena de prisión se mantiene entre 10 y 15 años.

Nuevo delito: Proposición y conspiración

El artículo 4 del proyecto de ley propone la creación de la “Proposición y conspiración en el delito de extorsión”, será sancionada con una pena de dos a cinco años de prisión. Agravantes: Dentro de las agravantes ya existentes (como si es cometida por un pariente, menor de edad, reo, desde el extranjero, funcionario, algo legislado ya en el artículo 214 del Código Penal), se añade cuando es cometido contra un funcionario y cuando se use un medio para tráfico de las telecomunicaciones.

Víctima podría designar acusador

El artículo 5 expresa que la acción penal para perseguir el delito será pública, así, la investigación podrá realizarse de oficio, sin que sea necesaria la denuncia.

Además, no solo la víctima podría denunciar, sino “a quien la víctima, su representante o apoderado designe” y no requerirá un “poder especial”, podrá ser nombrado ante el fiscal en acta separada “en la que bastará” “la consignación de la clave de dicha víctima en caso de aplicación del régimen de protección a víctimas”.

Encierro especial si es cometido desde la cárcel

El artículo 9 crea el “Caso especial de comisión de delito desde centros penales”. El articulado expresa que “en aquellos casos que resultare involucrado como autor o participe algún interno del sistema penitenciario, deberá aplicársele el régimen de encierro especial en el centro penitenciario de seguridad, de conformidad a lo establecido por el artículo 103 de la Ley Penitenciaria, donde además deberá cumplir la pena por este hecho”.

Sanción a las telefónicas

El artículo 14 del proyecto propone prohibir a los operadores de redes de telecomunicaciones brindar o prestar servicios de todo tipo de tráfico de telecomunicaciones en espacios físicos donde están ubicados centros o granjas penitenciarios. El incumplimiento haría incurrir a la operadora a una sanción administrativa por la primera vez, calculada a razón de cinco mil salarios mínimos mensuales. En caso de reincidencia, la sanción a aplicar será la multa y la revocación de la concesión.




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