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El artículo 22 literal F de la Ley de Partidos Políticos obliga a estas entidades a que lleven una contabilidad formal, hagan una auditoría interna e informen a instancias como Hacienda, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Cuentas sobre el uso de los recursos propios y financiamiento público. El magistrado Miguel Ángel Cardoza resalta que los partidos deben rendir cuentas de sus ingresos, a pesar de percibirse avances en la transparencia en el manejo de los fondos, aún observa resistencia de los partidos a revelar sus fuentes de financiamiento.

¿Han evolucionado los partidos en el tema de rendición de cuentas de sus finanzas?

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Habría que hacer una memoria histórica del tema del financiamiento de los partidos. Esto surge con la Constitución de 1983 en el artículo 210 de la Constitución que establece la deuda política, el mismo constituyente lo establece para garantizar la autonomía y la independencia de los partidos políticos de poderes económicos, para garantizar que fueran instituciones sanas, transparentes. Esa medida va en la línea de fortalecer la vida de los partidos.

¿Pero no se ha conocido cómo se ha manejado la deuda política?

En principio lo que los partidos han venido haciendo es reportando a Hacienda sus balances. Hacienda sí sabe cómo lo gastaron, cuántos votos sacaron y en esa línea el Ministerio de Hacienda ha sido el receptor de la información de los partidos. Hoy ha evolucionado la cosa para bien. La ley de partidos establece dos vertientes fundamentales: la primera es mejorar los canales de participación democrática en los partidos políticos y todo lo que es democracia interna. Por otro lado, se mejoró en la vertiente del control del financiamiento de los partidos políticos, porque es evidente, y la práctica lo ha demostrado, que ya los partidos no solo subsisten con el financiamiento público, sino que también reciben financiamiento privado. En estas dos líneas, la ley de partidos le ha dado una tendencia nueva positiva. La Sala de lo Constitucional ha ido más allá al decir ‘ábranse más a la participación democrática y ampliemos los controles’.

Con todos estos avances en materia de transparencia, ¿observa usted resistencia de los partidos a rendir cuentas (aún no entregan información a los ciudadanos que la solicitan)?

En principio, hemos podido ver, sobre todo en el tema de los donantes, que ha habido una resistencia de los partidos y ha habido una especie de discusión entre lo que la Sala Constitucional ha interpretado y lo que los partidos han regulado y se han venido como en respuestas y contrarespuestas y han obligado a modificaciones a la ley.

Los partidos en El Salvador tienen reconocimiento constitucional. Raras constituciones en el mundo le dan una vida constitucional a los partidos políticos, en el caso del artículo 85 nuestro le da ese estatus, lo cual convierte a los partidos en una institución de personas privadas, pero de derecho público, porque existe un interés público en el funcionamiento de los partidos. Entonces, ya no hay ninguna discusión de que los partidos, por esa naturaleza que tienen deban de tener información accesible al público, por eso la misma ley de partidos les obliga a crear oficinas de acceso a la información.

¿Sería ejemplarizante que el TSE sancione a los partidos que han entregado balances incompletos o que no han presentado nada?

No sería ejemplarizante, más bien sería para fortalecer la sanidad de los partidos. Porque cuando se habla de financiamiento en las campañas políticas, se está corriendo el riesgo si el financiamiento, si hay mucho dinero de por medio se corren varios riesgos. El primero es que se pierde el equilibrio en la competencia electoral porque un financiamiento para X o Y partido, eso desequilibra la competencia y ya no es competencia en igualdad de condiciones, eso afecta a la democracia por un lado. Por el otro, si resulta que existen grupos de poder económico que financian a un determinado candidato, lo que está ocurriendo es que, si el financiamiento excede límites, resulta que están hipotecando al candidato. Después el candidato y el partido está forzado a cumplir requerimientos de sectores económicos poderosos y eso es lo que el constituyente de 1983 quiso evitar y por eso dio el financiamiento público. Lo importante es prevenir que dinero del narcotráfico, dinero mal habido, entre a los partidos políticos y eso es mucho más grave, por eso es importante preservar la buena salud de los partidos.

¿Qué deficiencias ve en la Ley de Partidos?

Creo que el tema de los donantes es fundamental y ahí no hay una claridad entre lo que ha pensado la Sala y lo que han dicho los partidos. Yo creo que lo importante es establecer límites a la campaña, de tal forma que no se excedan de esos límites, hay que establecer límites a las donaciones de particulares y deberíamos de tener algún nivel, si los partidos hacen contribuciones, si andan recogiendo dinero en los mitines o hacen cenas, eso está bien y ahí los donantes pueden ser anónimos, yo no creo que sea necesario que el que donó 10 dólares tenga que decir quién es, pero si se excede de cierta cantidad, si se pasa de 25 mil ó 50 mil dólares, no tengo parámetros, pero sí, establecer cierto monto que a partir de ahí deba de publicarse el nombre de los donantes, no estamos hablando del montón de personas que ayudan a los partidos, no es eso, no debería ser eso y parece que nos hemos enfrascado en esa lucha, pero sí es importante que se vayan transparentando estos procesos.

¿Qué tanto las declaraciones de los partidos dan garantías que no va incluido dinero ilícito en el financiamiento de campaña?

Ahí va a depender mucho de las instancias de control. Aquí, si bien es cierto el organismo responsable electoral es el TSE, el Tribunal tiene que garantizar que se cumpla con las obligaciones de la ley de partidos, pero hasta ahí llega la atribución del Tribunal. No hay que olvidar que cuando hay dinero ilícito, esto es delito y ahí hay otras instancias de control, como la misma Fiscalía. Por eso nosotros, si al análisis de los balances pudiera aparecer la sospecha de un cometimiento de delito, tendríamos que informarle al fiscal, en este caso nuestro como tenemos la figura del fiscal electoral, tendríamos que informárselo.

 

 

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