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Uno debe alegrarse cuando ve que un amigo , conocido o cualquier persona mejora sustancialmente su forma de vida y la de su familia gracias a su esfuerzo y esmero. Conozco a muchos que vivían sumidos en la pobreza, pero con fe,  inteligencia, creatividad y ganas de salir adelante, lograron formarse como profesionales o comerciantes para superarse con honradez. Lo hicieron en el marco de la ley.

Por desgracia no todos los que mejoran su calidad de vida lo hacen de manera legítima, algunos han tenido que delinquir para incrementar notablemente su patrimonio. Así, vemos casos de lavado de dinero de personas que de la noche a la mañana han incrementado su patrimonio en millones de dólares, sin que puedan justificar una forma lícita.

Otros se prestan a servir de testaferros para aparecer como dueños de bienes e inmuebles a fin de tapar los delitos de otros. Algunos son capaces de cometer cualquier tipo de delito para obtener dinero fácil o fondos estatales.

La experiencia salvadoreña indica que muchas personas que llegan a ser funcionarios de gobierno, una vez que dejan el cargo quedan acomodados económicamente hablando, pues por “arte de magia” incrementan sustancialmente su patrimonio.  Vale aclarar que hay quienes llegan a ser funcionarios y cuando dejan de serlo lo pueden hacer con la frente en alto, pues si incrementaron su patrimonio fue por las vías legales. De todo hay en la viña del Señor.

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, reveló un informe que señala que 60 diputados propietarios del período 2009-2012, aumentaron su patrimonio, al menos uno hasta en más de un millón de dólares.  En el período 2012-2015,  fueron 51 diputados los que  elevaron  su patrimonio. Lo interesante de ambos informes es que señala a diputados de todos los colores partidarios.

La mayoría de los exdiputados y actuales parlamentarios que tuvieron un incremento patrimonial justifican que ello se debió a que heredaron bienes, hicieron mejoras en sus inmuebles  o  tuvieron ingresos provenientes de sus empresas o negocios.

Las  justificaciones de los ex y actuales diputados son creíbles, toda vez que aporten pruebas, lo cual es viable, pues toda herencia queda registrada o todo ingreso extra queda documentado, pues los buenos salvadoreños, obligados o no, pagamos impuestos y llevamos controles o registros de ingresos y egresos.

El informe de la Sección de Probidad, de conocimiento público por ley, debe servir, precisamente, para que cada quien tenga la oportunidad de justificar con argumentos legales su incremento patrimonial. Un diputado gana menos de cuatro mil dólares mensuales y por ende no podría obtener ingresos superiores a $50  mil al año, pero perfectamente es posible que obtenga muchos más fondos de sus empresas o negocios, pues ser diputado no elimina el derecho a tener otros ingresos por otras formas establecidas en el marco legal.

Aquellos diputados y exdiputados cuyo patrimonio es muy superior al que tenían antes de ejercer el cargo, tienen la oportunidad de demostrar públicamente que todo lo han hecho de manera justa y legal. Ojalá que todos lo hicieran, a fin de no dejar dudas razonables en cada ciudadano. Hasta ahora hay dudas en muchos casos.

Los ex y actuales funcionarios públicos  de cualquier institución no deben temer a los informes de  la Sección de Probidad, al contrario, deben verlo como una oportunidad de aclarar sus situaciones. Si alguien incrementó su patrimonio hasta en mil por ciento, pero lo hizo de manera legal, no debe esconderlo, pues todos tenemos como objetivo de vida ir mejorando nuestras condiciones bajo las normas legalmente establecidas.

Es probable que algún ex o actual funcionario haya hecho una fortuna de manera ilegal, pero es muy posible que eso no sea de esa forma. Ocurre  que los salvadoreños hemos aprendido a dudar por experiencias del pasado y porque en El Salvador todo es posible. Todo.

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