Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Información pública y protección de datos personales (II)

José Salvador Molina / Abogado y Notario

viernes 19, enero 2018 - 12:00 am

Hemos dicho que ambos derechos tienen sus fundamentos en nuestra Carta Magna, por ello tienen igual nivel o rango normativo.

El primero se encuentra anclado al Derecho a la Libertad de Expresión, el que presupone el Derecho de Acceso a la Información Pública; basados en el presupuesto de que toda persona tiene derecho a hacer peticiones por escrito a las autoridades legalmente establecidas, y a que se le haga saber lo resuelto, de acuerdo al Art. 18 de la Constitución, el cual ha sido desarrollado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El segundo, el Derecho a la Protección de Datos Personales se basa en el Derecho a la autodeterminación informativa, incluido en el Art. 2 de nuestra Constitución, así como en otros derechos de igual rango como la inviolabilidad de correspondencia, y el derecho a la propia imagen, entre otros. Asimismo, ambos derechos tienen un fundamento extra constitucional, para el caso en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 19 y 12, respectivamente.

publicidad

El presente artículo reviste trascendental importancia, ya que en el ejercicio de sus aplicaciones los derechos en comento pueden entrar en colisión, aunque otras veces se pueden complementar; ocurriendo con mayor frecuencia lo primero, debido a que los entes de gobierno y sus dependencias reúnen gran cantidad de Información Pública que puede contener datos personales, lo cual en determinados casos provoca situaciones de conflicto, para el caso de solicitudes de acceso a información confidencial, que debe ser protegida por los entes estatales que los tienen y administran, y que constituye una excepción a la aplicación del principio de máxima divulgación, excepción que tiene fundamento legal en los Art. 31 y 32 de la referida Ley de Acceso a la Información Pública, que señalan los deberes de los entes obligados en relación a la protección de los datos personales.

Es importante apuntar que en los casos de conflictos de intereses y colisiones referidas, debe de establecerse una frontera y/o un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos personales. Este es uno de los aspectos más delicados de la dogmática jurídica de estos derechos fundamentales, en el sentido de establecer una solución en aquellos casos que tales derechos parecen colisionar.


Para ello, la dogmática ha recomendado buscar los puntos de contacto en lugar de los puntos de conflicto, al efecto de encontrar acercamientos interpretativos, para que las colisiones no sean insalvables, sin causar perjuicio a uno u otro derecho, al menos tratar de encontrar una justificación razonablemente justa para cada caso concreto,  sin que se sacrifique uno en perjuicio del otro.

Este conflicto de derechos provoca divergencias de opiniones en relación a proporcionar o no información pública que está en poder de una entidad pública y que contenga datos personales. Para contrarrestar estas diferentes situaciones existen algunas soluciones que se presentan a continuación:

Algunos países tienen leyes que regulan ambos derechos fundamentales por separado, o como el nuestro que lo hace en un solo cuerpo de ley, pero que indistintamente han optado por someter a la información solicitada a ciertas pruebas (prueba del interés público y prueba del daño), para el caso valorar el grado de interés general de conocer una determinada información sobre el interés privado de no divulgar por protegerla.

Nuestra Ley de Acceso no reguló en forma expresa la prueba del daño al interés protegido por ley, sólo la prueba del interés público referido al caso de las declaratorias de información reservada a que se refiere el Art. 21 de esa Ley; valga decir sobre la prueba del interés público, me parece bien fundada, en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para dar salida al choque de intereses entre los derechos apuntados, con el fin de encontrar la solución razonablemente justa a un interés protegido del cada caso concreto.

Pero es importante en este respecto tener en cuenta que nuestra ley de Acceso  ha dejado plasmada que la regla general en el tratamiento de Información Pública es la “máxima divulgación” de la información de esa naturaleza, en poder de los entes obligados, y que solo por excepción no entregará información requerida en los casos de aquella que fuere clasificada como “información reservada”; o bien la que se califique de acuerdo a la misma Ley como “información confidencial”, que abarca los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. Siendo la regla que sólo puede darse cuando se autorice por el titular con su consentimiento expreso y libre, pero tal excepción a la vez tiene una excepción para poderla entregar o divulgar sin autorización, que consiste en brindar la información que por mandato del legislador, en referencia específicamente a datos personales. Lo que considero es una calificación a priori del interés público, estableciendo de manera imperativa en su Art. 34, que los entes obligados deberán proporcionar datos personales sin el consentimiento de su titular, en los casos concretamente definidos de forma expresa en el referido artículo, mecanismos estos para dar solución a cualquier conflicto que se presente, en el tratamiento de los referidos derechos.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.