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Editorial & Opinion

Información pública y protección de datos personales

José Salvador Molina / Abogado y Notario

sábado 13, enero 2018 - 12:00 am

Desde que se comenzó a hablar en las diferentes latitudes sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales,  y más recientemente del Derecho de Acceso a la Información Pública, ambos con asidero y fundamento constitucional, se comenzó a tener choques de pensamiento en relación a la prevalencia de ambos derechos, y en las distintas sociedades en que se tiene dentro de sus sistemas jurídicos, y nuestro país no es la excepción, para que exista en algún momento diferentes criterios en relación a la prevalencia de alguno de estos sobre el otro; en relación a lo cual no podemos dejar de mencionar, que ambos se sustentan en una base constitucional y que representan un paso adelante en la consolidación de la democracia en nuestro país.

Por una parte, el derecho de acceso a la información pública viene a romper con el principio denominado ARCANA IMPERI o Imperio del Secreto, que se refiere precisamente a privilegiar el secreto de las cuestiones de Estado, es decir, en donde el principio imperante era o ha sido siempre la opacidad y el secreto de la información pública, que ha tenido a su base la estructura del Poder Político. Como bien lo expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, en su informe anual en 1999, con respecto al derecho del público a la información: “La información permite que las personas escruten las acciones del gobierno y es la base para un debate apropiado, e informado sobre tales acciones. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos prefieren conducir la cosa pública en secreto, en Swahili, una de las palabras que denominan al gobierno significa: secreto feroz. Inclusive, los gobiernos democráticos prefieren realizar la mayor parte de sus actividades fuera de la mirada del público”.

Quedando a discreción de los funcionarios de turno cuál es la información que proporcionarán, lo cual privilegia los temas de tráfico de influencia, fomento de la corrupción, manejo de información privilegiada en grupos de poder cercanos a los funcionarios que manejan este tipo de información.

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Hoy por hoy, hemos alcanzado un enorme logro con la promulgación y posterior vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), gracias al impulso y lucha, previa a su vigencia, con el concurso del llamado Grupo Promotor de esa iniciativa de Ley, el que estaba integrado por  las prestigiosas universidades Dr. José Matías Delgado, y José Simeón Cañas (UCA), y otros centros de pensamiento, como Fusades.

Pasando del estadio de la Arcana Imperio, a la etapa de máxima divulgación de la información, en donde la  citada ley ha dejado claro la prevalencia del principio de máxima publicidad de la información pública en poder de los entes estatales y sus dependencias, salvo las excepciones expresamente establecidas por la referida Ley; y que en caso de duda se deberá de hacer prevalecer el criterio de la publicidad de tal información, como la misma Ley lo indica , pudiendo hacer uso de recurso de someterlo a la prueba del interés público.

Es importante no omitir que la protección de datos personales es un derecho humano de rango constitucional, al igual que el de acceso a la información, cuyo objetivo es proteger los datos e información de carácter privado de sus respectivos titulares, la cual se sustenta en los derechos a la intimidad y en el derecho a la privacidad.

No obstante, no existe ninguna regulación de ley secundaria específica para este derecho que necesitaría de una normativa específica para cubrir todas las aristas que el mismo tiene. Sí  hay una regulación sobre el mismo dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el Título III de ese cuerpo de Ley, que se refiere precisamente a los datos personales y su protección.

Resulta claro que ambos derechos en complemento son pilares para el fortalecimiento de la democracia y a la vez  que este régimen debe garantizar los mismos, para producir un círculo virtuoso en torno al impulso de la transparencia, la gobernabilidad y la madurez de ésta.



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