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Editorial & Opinion

La corrupción nos está ganando la lucha

Dr. Mauricio Eduardo Colorado / Abogado

lunes 5, junio 2017 - 12:00 am

El fenómeno de las pandillas o maras, ha avanzado en forma increíble en nuestro país, y en otros países del mundo. La mara salvatrucha (el nombre hace relación a El Salvador) ha sentado reales en ciudades importantes de los Estados Unidos, al igual que en países de Europa, tales como Italia y España. Ya no son esporádicas las noticias de actividades de estas agrupaciones delictivas, puesto que sus crímenes aparecen tan frecuentemente en las agencias noticiosas del mundo.

En nuestro país, el fenómeno se reconoce como “natural” y la población ha sido forzada a convivir con esa plaga. Pero aparte del fenómeno de las pandillas, los casos de ex, o actuales funcionarios, han tomado trascendencia, al grado que en la actualidad se encuentran bajo procesos judiciales funcionarios que han defraudado a los ciudadanos que día a día luchan a brazo partido por encontrar la supervivencia diaria.

La realidad de nuestro país es tan evidente, que basta leer los periódicos para encontrar en sus páginas la violenta realidad de la inseguridad, y aparejado con ello el abuso de empleados y funcionarios que por ignorancia, por falta de ética, o por mala fe, se aprovechan de los escasos recursos del Estado (impuestos pagados por los particulares) para favorecerse con bienes, o dinero que debería usarse en otra cosa más productiva.

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Nos sorprende que determinados funcionarios critiquen la política que está demostrando la principal oficina anti crimen, -la Fiscalía- en su repunte por darle brillo a la justicia, con el objeto de detener esta ola de criminalidad, que en ocasiones se origina dentro de las mismas oficinas del Estado.

Entendemos que en su actuar, la oficina de la que hablamos, cumple a cabalidad con los derechos del procesado, y mantiene bajo control los principios universales, tales como que toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario o de que todo acusado tiene derecho a una defensa legal. Por otro lado, nos preguntamos cómo es posible que en algunos casos, la responsabilidad penal se quiera traspasar a empleados de segunda categoría, mientras los superiores permanecen intocables.


El caso de la famosa e indeseable tregua, es ejemplo de lo que decimos y que provoca incógnitas que no dejan de ser motivo de sorpresa y contraste en cualquier proceso debido y justo, cuyos resultados serán cuestionables al final de todo. Entendemos que la justicia humana está sujeta a error, porque quien la aplica tiene naturaleza falible. Sin embargo, la justicia la pintan con una venda sobre los ojos, porque tiene que ser ciega en su actuación.

También es cierto que cada caso es único, y que los jueces tienen que ser cuidadosos en extremo, con el fin de no cometer errores al aplicar las leyes, ya que lo que está en juego, es el sagrado derecho de la libertad de una persona. De ahí que el llamado “error judicial” debe ser erradicado de los juicios cotidianos. Cuando la corrupción llega a niveles en que quienes se relacionan como aplicadores de la justicia, colaboradores o auxiliares, se presenta institucionalmente una situación de gravedad extrema que amerita recomponer el concepto de justicia en el diario quehacer judicial.

El hacinamiento de los miles de reos que albergan nuestras cárceles, amerita una verdadera recomposición de nuestras cárceles, un análisis del porqué está sucediendo el fenómeno. La añorada rehabilitación del reo, no deja de ser una ilusión burlesca de nuestras cárceles. Los sucesos recientes a nivel de fallidos centros de detención y rehabilitación, son una prueba más que suficiente para sostener lo que afirmamos. La evaluación de un gobierno debe hacerse no únicamente bajo el concepto de producción económica, y producto interno bruto, o disminución de la pobreza. También es necesario evaluar su sistema judicial, y su capacidad para rehabilitar a quien en determinado momento irrespetó las normas de convivencia. Un país con un alto índice de población reclusa, no deja de ser fracasado en su misión de proteger al ciudadano.




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