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Editorial & Opinion

La corrupción que nos condena

Ricardo Castaneda / Economista sénior Icefi @Recasta

jueves 28, septiembre 2017 - 12:00 am

La corrupción es un cáncer social que se aprovecha de Estados con democracias débiles e instituciones disfuncionales, capaz de aniquilar las aspiraciones de desarrollo de una sociedad entera. A pesar de que la corrupción no tiene ideología, siempre encuentra aliados de uno y de otro lado. Si bien es cierto que los actos de corrupción han existido a lo largo de toda la historia, debemos estar claros que la corrupción no es normal.  Además, la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público, que afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial, como queda reflejado con la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos de corrupción.

En los años recientes hemos sido testigos de escándalos de corrupción que dejaron de ser secreto a voces y se convirtieron en investigaciones criminales, que incluso han involucrado a expresidentes de la República. Más allá de la coyuntura que estos casos representan, sus causas se encuentran en problemas estructurales, tal como lo demuestra el libro «La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano», elaborado por el Icefi. El estudio identifica ocho caminos principales que llevan a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e, impunidad.

Para El Salvador, con base en los documentos oficiales de las investigaciones y en reportes periodísticos se analizaron casos relevantes de presunta corrupción correspondientes a contratación de obra pública y otras adquisiciones públicas, incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios; corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»; malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en herramientas paralelas de ejecución como los fideicomisos; negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción.

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Si bien es cierto, que es muy difícil saber cuál es el costo económico de la corrupción, tomando en cuenta la información de estos presuntos actos de corrupción, el Icefi estima que 22 casos emblemáticos, entre 1989 y 2014,  produjeron una pérdida de recursos equivalentes al 2.1 % del PIB, lo que equivale a: 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94% del presupuesto del ramo de salud; o, 60 % del presupuesto del ramo de educación, por poner algunos ejemplos.  Más específicamente la corrupción representó 379,000 personas sin acceso a protección social, o 1.2 millones de niños y niñas sin alimentación y salud escolar, o más de medio millón de vacunas sin aplicar.

En estos momentos, frente a la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo fiscal, debemos exigir que éste contenga una agenda en la que se incluya una política nacional de transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto; se asegure la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas; garantizar el acceso a la información pública; facilitar la participación ciudadana; incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción; reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y, reformar estructuralmente el sistema de administración de justicia.


Con la corrupción perdemos todas y todos, ya que no solo implica el robo de recursos, también encarna el sacrificio de la libertad y el bienestar de todas las personas en cualquier sociedad. En muchos casos, la corrupción es un fenómeno político, ya que el corrupto y el corruptor tienen cuotas de poder que les permiten quedar impunes. Por lo que la lucha contra la corrupción es una lucha contra la impunidad y es tarea de todos los sectores. Nuestra sociedad está muy polarizada y alcanzar acuerdos se está volviendo una utopía, pero la lucha contra la corrupción debería ser capaz de unirnos.




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