Cerrar [X]

Editorial & Opinion

La defensa del Golfo de Fonseca

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Luis Lovo Castelar

viernes 2, junio 2017 - 12:00 am

La defensa del Golfo de Fonseca compete al Presidente de la República en el marco de sus atribuciones, al consignarse el deber de “2º Mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio” (Art. 168 de la Constitución). Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores el seguimiento diplomático, político y jurídico, de dicha obligación. Asimismo la Constitución establece que: “La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio” (Art. 212 Cn.).

Nos referimos, por tanto, a la defensa de la soberanía territorial, concebida así: “El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible” (Art. 84 inc. 1º Cn.). En lo concerniente al Golfo de Fonseca, el párrafo 3º del mismo determina que comprende aguas territoriales y en comunidad; que es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado; y que el régimen está determinado por el Derecho Internacional y por la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del 9 de marzo de 1917.

El Golfo pertenece a tres Estados, que tienen intereses divergentes y comunes en la parte compartida del territorio. Hay en consecuencia una disputa internacional que se ha vertido en controversias jurídicas y políticas no resueltas, de alta sensibilidad.

publicidad

Ocurre que la Sentencia de La Haya de 1992, fuente internacional reconocida, es inejecutable per se por varias razones: 1. Requiere un acuerdo formal, un tratado, entre los tres Estados ribereños; 2. No obliga a Nicaragua; 3. Es una unidad jurídica de un objeto geográfico tripartito. Por ello se ha dejado las diferencias abiertas, conviniéndose en la práctica en un ejercicio específico de los poderes soberanos Estatales, de cada país, en el área adyacente a sus costas, continentales e insulares, en lo que respecta a los derechos de navegación y a la seguridad.

En esa perspectiva, se pudiera dejar indefinidas las cosas, tal como están, el statu quo, y concertar los ámbitos geográficos correspondientes a cada uno. Sin embargo, debe mantenerse la alerta y el máximo cuidado, ya que existe un caso abierto por Honduras en torno al Golfo y sus islas, en contra de El Salvador, al que acusa falsamente de incumplimiento de sentencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que no debe soslayarse de manera alguna, a la luz de la responsabilidad constitucional de defensa de la integridad territorial.


Las diferencias deben solucionarse por medio del trato directo, la negociación trinacional u otros medios de solución pacífica de controversias en el campo internacional (mediación, arbitraje, etc.). Obsérvese que la Sentencia de 1917 resolvió una disputa bilateral entre Nicaragua y El Salvador, por lo que sus alcances vinculantes son limitados a estos dos Estados, términos que no coinciden con los contenidos de la Sentencia de 1992, que sólo obliga a Honduras y a El Salvador.

En razón de lo anterior, será necesario un acuerdo entre los tres países costeros que supere las diferencias, tales como: 1. La naturaleza de las aguas más allá de las tres millas marinas, que para la Sentencia de 1992 están bajo soberanía conjunta, en tanto que para la Sentencia de 1917 son zonas contiguas o de inspección, cuyos efectos son jurisdiccionales, muy distintos en Derecho a los efectos de la soberanía. 2. La discrepancia en cuanto a la naturaleza de las aguas del Golfo, que para la Sentencia de 1917 son territoriales, en tanto que en la Sentencia de 1992 son aguas interiores. Por otra parte, cabe distinguir los conceptos de aguas en comunidad, copropiedad y cosoberanía. En resumen, será necesaria una interpretación armónica y conjunta de las dos Sentencias, y conservar el statu quo confirmado en los términos del acuerdo trilateral naval, en materias de seguridad y navegación, en ejecución.

Otra divergencia concierne a las islas del Golfo, pues la Sentencia de 1917 atribuye algunas a El Salvador y otras a Honduras, en contraste con lo resuelto en la Sentencia de 1992. Asimismo, queda pendiente el indebido reclamo de Honduras respecto a la isla salvadoreña de Conejo, que El Salvador ha protestado enérgicamente por la ocupación fáctica e ilegal de nuestro territorio.

La defensa del Golfo impone un ingente esfuerzo nacional.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras,
de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.