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Editorial & Opinion

La economía en los departamentos

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 28, marzo 2018 - 12:00 am

Una reciente publicación de un estudio de Fusades revela lo dramático del panorama económico en los departamentos del país. Este estudio por primera vez se acerca a la realidad económica fuera de esa visión tan general cuando se habla del desarrollo nacional. Lo publicado es una primera muestra del estudio y pasó un poco desapercibido en medio de la campaña electoral, pero creo que aún estamos a tiempo de retomarlo para plantear realmente salidas a la crisis económica del país. En este estudio que también por primera vez nos aleja de la sofisticada macro economía y sus términos muchas veces complicados para los ciudadanos comunes, es fácil comprender porqué estamos como estamos. Por ejemplo: entre las cifras que determinan nuestra realidad económica está la concentración de actividad productiva en tan solo tres departamentos, siendo San Salvador, Santa Ana y la Libertad donde se acumula el cuerpo productivo nacional y en dos de éstos, San Salvador y La Libertad, se concentra el 50 % del total de empresas de la nación, y estos dos departamentos tienen en ese 50 % el 85 % de empresas grandes y el 83 % de medianas empresas; pero comparando nuestra mejor carta productiva que es San Salvador con los estándares productivos de Uruguay, su desarrollo empresarial, estaríamos en la media baja de la productividad charrúa, lo cual nos deja bastante más preocupados.

El desarrollo y la atracción de inversión, si bien es un punto que se discute mucho, no tiene asidero si no se traslada a evaluar lo que está pasando en el terreno nacional; hay, según el estudio en mención, dos departamentos donde no existen empresas grandes –Morazán y Cuscatlán– y en otros como Chalatenango, Cabañas, Usulután y San Vicente hay una o dos empresas grandes únicamente; en total tenemos 26 empresas por cada 1000 habitantes, un dato muy bajo comparado con Uruguay, donde el indicador muestra 52 empresas por cada 1000 habitantes. Si hablamos de categorías empresariales vemos que el 0.3 % en el país son grandes empresas el 0.4 % mediana empresa, el 3.2 % pequeña empresa y el 96 % microempresa, es decir, que nuestra empresarialidad es de casi subsistencia, lo que tiene también un impacto importante si queremos medir quiénes realmente pagan impuestos, quiénes pueden hacerlo o lo hacen generalmente.

El país atraviesa un drama si hablamos también de concentración de personas y uso de recursos, de la casi inexistente demanda eléctrica industrial y de otros servicios en los 11 departamentos con menos empresas, y del reto para generar empleo en dichas zonas, porque también la baja productividad supone bajo poder adquisitivo, el cual se suple con remesas, demostrándose una directa relación entre departamentos con baja tasa de empresas y alta tasa de remesas, por ende un permanente flujo de personas al exterior.

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El nuevo PIB nos deja también una dosis de realidad 14 % más bajo de lo estimado y no es para menos, si la capacidad empresarial del país está estancada y estacionada en tan solo tres departamentos, según Pedro Argumedo, de  Fusades, es tan dramático el problema del crecimiento del PIB que crecer al 6 %, si acaso lo pudiéramos lograr, tendría un impacto casi 0 en por lo menos seis departamentos, es decir, que aunque cumpliéramos el sueño de crecer, en esos territorios es tan poco lo que hay que ni ese crecimiento impactaría a su población en términos reales y de desarrollo, en las condiciones actuales.

Otro dato importante sobre el empleo a nivel nacional es que el empleo informal representa en promedio el 71 %, en San Salvador el 57 %, en La Libertad 66 % y el resto de departamentos se mantiene en una media superior al 70 %; quiere decir que solo el 29 % de ciudadanos que trabajan lo hacen formalmente pagando impuestos, AFP y Seguridad Social y en la mayoría de departamentos la cifra es menor; para ejemplo, un departamento como Sonsonate no alcanza con su desarrollo ni los 10,000 empleos formales. Esto contrasta con el empleo en el sector público que representa un 22 % a escala nacional, con departamentos como Cabañas, Chalatenango y Morazán, donde el empleo en el sector público es superior al 50 %, siendo entonces el estado y gobiernos municipales los que proveen el empleo a los ciudadanos.


De todo lo anterior se desprenden entonces más interrogantes y se vuelve cada vez más importante escuchar propuestas que comprendan el problema; de lo contrario, seguiremos profundizando las brechas y aumentando los problemas, reduciendo la posibilidad de solución; también se vuelve relevante una administración pública descentralizada y multiplicadora de recursos para que los ciudadanos vean posibilidades en sus lugares de origen y se reduzca la migración como casi única solución.




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