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Editorial & Opinion

La ignorancia es atrevida

Dr. Mauricio E. Colorado / Abogado

viernes 22, diciembre 2017 - 12:00 am

En ocasión de la celebración de los 34 años de vigencia de nuestra Constitución Política (a la cual dicho sea de paso no asistió nuestro flamante presidente de la República), una diputada, en representación del partido oficial, expresó con la mayor tranquilidad de las expresiones que la escogitación de los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional a elegirse por la próxima Asamblea Legislativa debería ser realizada  por elección popular; es decir, por medio del voto popular de los ciudadanos; es decir, omitiendo el proceso establecido en las leyes establecidas para ese efecto, que establece un procedimiento determinado en el cual la Asamblea Legislativa deberá escoger a cinco abogados de la República, previamente calificados por  el Consejo Nacional de la Judicatura y las asociaciones de abogados legalmente constituidas.

Estos abogados deben reunir los requisitos que previamente señala la ley, entre los cuales se supone: experiencia profesional, honradez y capacidad en el ejercicio profesional. Sin embargo, la propuesta de la abogada, según entendemos, simplifica dicho trámite y lo reduce a una simple elección política en la cual determinado grupo de ciudadanos (no se explica cómo) escogerán de una determinada propuesta a quienes ejercerán las funciones de interpretar la máxima ley de la República; es decir, la Constitución, teniendo o no la capacidad o experiencia para realizar tan delicada función.

De esa forma, estaríamos llegando más aceleradamente a lo que ya se ha visto en países vecinos y de sur América; de llegar al absurdo de declarar que la norma jurídica de la prohibición de la reelección presidencial se “interpreta” como no existente, como ha sucedido en Nicaragua y Honduras más recientemente.

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Es indudable que el poder político de una nación se ejerce en la medida de que los pueblos permiten los abusos de los gobernantes. Actualmente, tenemos en Honduras una alarmante tensión política originada por la ambición de un gobernante deseoso de continuar gobernando pese al mandato constitucional que se lo impide.

Sin embargo, lo que suceda en el vecino país no autoriza a nadie en el nuestro para sugerir ni imponer reglas que nos lleven al desorden y mucho menos a la violencia, que a la larga no nos conducirán a nada bueno ni a la paz social que nuestros países necesitan para avanzar en el desarrollo. Por nuestra parte, quisiéramos quedarnos con la responsabilidad de que el llamado al procedimiento equivocado es atribuible a la ignorancia, y no a la mala fe, aunque no la descartamos, porque dirigentes políticos de tan larga data no podrían sostener desconocimiento de los efectos de su propuesta.


La justicia no puede ejercerse por mayoría de votos, ya que se requiere de valoración de elementos de juicio de lo sucedido en los procesos, y para tales evaluaciones, se requieren capacitaciones de años de especializaciones y estudios de los jueces y abogados, para que los fallos judiciales sean apegados a la justicia, y nada tienen que ver con la simpatía que tengan ante los electores de sus nombramientos. Por eso, nuestro sistema judicial está cayendo en un peligroso sistema dependiente de la política partidarista, en el cual las altas autoridades judiciales, cada vez más frecuentemente son escogidas con base en su compromiso con tal o cual partido político, que distorsiona la verdadera función de la independencia judicial.

Afirmar que hemos caído de una dictadura militar a una dictadura judicial no deja de ser una barbaridad. Tal afirmación solamente denota la frustración de un sector totalitario que no realiza que existe una Constitución que hay que respetar, y que existen ciudadanos que están dispuestos a hacerlo, pese a las amenazas que se les ofrezcan. En efecto, los magistrados que sustituyan a los actuales serán difíciles de encontrar, especialmente, si los queremos independientes, honorables y capaces, como deben ser.




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