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Editorial & Opinion

La independencia judicial

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Florentín Meléndez. (Magistrado de la Sala de lo Constitucional)

viernes 22, diciembre 2017 - 12:00 am

Según la Constitución (art. 172): “Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.”

Lo anterior implica que los jueces no dependen de ningún otro poder del Estado, ya que deben garantizar el debido proceso judicial y la imparcialidad en sus fallos, y deben asegurar que no exista ningún conflicto de intereses en los casos que conocen; es decir, que no se produzca el doble rol de ser juez y parte interesada al mismo tiempo.

Para ello, debe garantizarse un adecuado y transparente proceso de selección de jueces por parte del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, alejado de todo tipo de influencias, ya sean éstas partidarias, gubernamentales o de otra índole, que asegure el nombramiento de los mejores jueces —hombres y mujeres—, sobre la base de méritos profesionales y personales, honestidad e independencia.

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También debe garantizarse la inamovilidad y estabilidad de los jueces nombrados, a fin de que no estén sometidos más que al régimen disciplinario y no estén sujetos a amenazas arbitrarias de destitución o remoción por ser incómodos al poder y no doblegarse ante él.

En cuanto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República, debe comprobarse y documentarse por parte de la Asamblea Legislativa —como Órgano elector—, el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos, con énfasis en la garantía de independencia de dichos funcionarios, por el mandato y las atribuciones de contraloría que la Constitución les encomienda, independencia que también debería exigirse y comprobarse respecto de todo ente estatal que ejerza funciones de supervisión y control en el país.


La independencia de los jueces, en una sociedad democrática, es la máxima garantía de protección de los derechos fundamentales de la persona humana. De tal manera que si un país no cuenta con jueces independientes e imparciales, no están asegurados los derechos de la población. Pero esta exigencia de independencia es mucho más intensa cuando se trata de los Magistrados que ejercen control constitucional del poder político del Estado, como el que ejercen los magistrados de la Sala de lo Constitucional y, especialmente, su presidente.

La independencia e imparcialidad también se exige de los magistrados de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, ya que desde estas instituciones se ejerce control de la clase política y de los altos funcionarios públicos, que generalmente pertenecen a partidos políticos.

Por su parte, la Sala de lo Constitucional, a petición de los ciudadanos, ejerce el control constitucional de las leyes y de otros actos y omisiones del aparato del Estado, siempre que sean susceptibles de violentar la Constitución (art. 183).

Estas facultades que la Constitución le encomienda a la Sala han sido establecidas con el fin de que en el Estado no existan zonas exentas de control constitucional, y de que la supremacía y la fuerza normativa de la Constitución irradie efectos frente a todos los funcionarios, instituciones y poderes públicos, sin excepciones de ninguna naturaleza; pero también frente al poder político, económico y social del país por actos contrarios a la Constitución. Es por tal razón que en una sociedad democrática se exige con más fuerza e intensidad que los funcionarios judiciales que se encargan de controlar y supervisar a los que ejercen el poder frente a la población estén separados y no dependan de los sectores de poder a los que tienen que controlar, garantizándose con ello los pesos y contrapesos necesarios para la adecuada separación de poderes, que constituye un principio esencial de la vida democrática y republicana.

La independencia de los jueces y magistrados, pues, es de suma importancia para preservar el Estado Constitucional de Derecho y para garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población, y constituye un principio constitucional fundamental que debemos respetar y defender en nuestro país para erradicar la impunidad y la corrupción en todas sus manifestaciones, y hacer prevalecer la justicia y la seguridad jurídica a la que tiene derecho el pueblo salvadoreño.




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