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Editorial & Opinion

La inversión pública como acelerador del crecimiento

Werner Peña / Economista investigador Icefi @whpena

Jueves 13, Julio 2017 - 12:00 am

El Salvador se encuentra en una trampa de bajo crecimiento económico, la cual tiene su raíz en características estructurales de la economía salvadoreña y que el modelo neoliberal implementado en el país desde inicios de los noventa ha agravado. A nivel internacional, el concepto de trampa de bajo crecimiento se encuentra relacionado con el de trampa de ingreso medio, la cual en esencia postula que países de renta media –con un ingreso nacional bruto per cápita de entre $1,006 y $12,235, de acuerdo al Banco Mundial– no logran graduarse y convertirse en países de renta alta; de hecho, se ven atascados en la clasificación de renta media de forma secular. El hecho de caer en una trampa de ingreso medio tiene que ver con registrar exiguas tasas de crecimiento económico: ¿Le suena conocido?

En el estudio denominado Tracking the Middle-income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why? (Rastreando la trampa de ingreso medio: ¿Qué es? ¿Quiénes están en ella? y ¿Por qué?) se estima que El Salvador se encuentra atrapado en la denominación de ingreso medio-bajo y, que a las actuales tasas de crecimiento del PIB per cápita, al país le podría tomar alrededor de 200 años para salir de dicha trampa. Una alternativa para superar esta traba es apostar a la transformación y diversificación productiva, de hecho, la Política Nacional de Transformación y Diversificación Productiva es una herramienta de gran importancia que marca el camino a seguir por el país. Sin embargo, es necesario tomar otras medidas económicas para salir de esta trampa. Una de estas medidas es el establecimiento de un programa de inversión en infraestructura pública de calidad.

Una importante variedad de estudios han encontrado una relación positiva entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico. Por ejemplo, el documento denominado Public Capital and Economic Growth: A Critical Survey (Capital público y crecimiento económico: una revisión crítica) hace una extensa revisión de estudios que investigan el vínculo entre la inversión pública y el crecimiento económico en diversos países. Entre los estudios citados, aquellos que utilizan un enfoque de funciones de producción han estimado que la elasticidad de la infraestructura pública con respecto al PIB es en general positiva y que un incremento de 1 % del capital público incrementaría el PIB entre 0.05 % y 0.40 %. Por su parte, estudios que toman un enfoque de costos, encuentran que en general los costos en el sector privado se reducen entre 0.02 % y 0.23 % por cada incremento de 1 % del capital público.

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Un aspecto que queda claro de esta revisión bibliográfica es que la inversión pública de calidad y bien gestionada es la que tiene un mayor efecto en el crecimiento. Inversiones públicas en la construcción de carreteras que acorten distancias y disminuyan costos de producción, cambio de la matriz energética para producir energía más barata y limpia, hospitales que faciliten el acceso a salud pública pueden dar un impulso importante al crecimiento. Más aún, la promoción pública de infraestructura moderna como las tecnologías de información y telecomunicaciones podrían colaborar a que el país rompa las trampas de bajo crecimiento e ingreso medio.

A pesar de la abrumadora evidencia de la importancia de la inversión pública para el crecimiento, nuestro país está lejos de incrementar la cantidad y la calidad de la misma. Datos del Ministerio de Hacienda muestran que el porcentaje de ejecución de la inversión pública programada hasta el mes de abril es 15 puntos porcentuales menor a la registrada en los primeros cuatro meses de 2016.

Adicionalmente, proyectos mal gestionados –como el Puerto de la Unión Centroamericana– dan un golpe negativo a la calidad de la inversión pública. Por lo anterior, es importante que la inversión pública no se utilice como variable de ajuste en la aplicación de medidas de austeridad. Más bien, el país debe alcanzar un acuerdo fiscal integral que incluya metas claras, una estrategia para utilizar la inversión pública como un potenciador del crecimiento económico en el mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para financiarla.




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