Cerrar [X]

Editorial & Opinion

La “Operación Cuscatlán”

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 21, febrero 2018 - 12:00 am

Como un “golpe contundente a la red de lavado de dinero de la estructura criminal MS-13”, ha sido calificado el reciente operativo policial, con apoyo estadounidense, realizado la semana pasada en diversos sitios del territorio nacional y que fue denominado, según el director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, como “Operación Cuscatlán”. Según el tenor de las informaciones periodísticas al respecto, señalan que esa acción sorpresiva contra el hampa organizada del país, misma que tiene en vilo las decisiones migratorias en favor de nuestros compatriotas lejanos por parte del presidente Donald Trump, trajo como una consecuencia directa la incautación de muchas cuentas bancarias aperturadas a favor de esa organización delictiva, así como el allanamiento de muchos negocios con permisos municipales y sucios prostíbulos enmascarados como “salas de belleza”, y otras “linduras” conexas, que hacen por hoy un monto provisional aproximado al medio millón de dólares, cuya fuente directa de obtención son las extorsiones. Por cuestiones de espacio, dejamos hasta este punto, el comentario sobre lo concreto que se obtuvo en dicho operativo que, como salvadoreños, confiamos sea un punto de inflexión positivo para nuestros hermanos aún protegidos por corto tiempo por el “status temporal de protección laboral”, o TPS, que vencerá definitivamente en marzo del próximo año.

En esa misma línea de temor e incertidumbre, se encuentra  otro grupo mucho más numeroso, o sea, los que fueron amparados por el plan DACA, por haber llegado niños o haber nacido en territorio estadounidense, aun cuando sus padres biológicos no estaban en calidad migratoria debidamente legalizada y, cuya expulsión, es un punto de controversia que se discute en el Senado y el Congreso de la nación, así como en los órganos legislativos estatales, con indicios de ser favorable la mayor parte de las posturas y proyectos que se piensan implementar en este ciclo de sesiones, que en estos momentos viven los Estados Unidos, antes de llegarse a épocas de feriado obligatorio.

Volviendo al tema que encabeza esta columna, el operativo, reitero, fuera de sus alcances legales y policiales, dejó revelar aspectos que es preciso recalcar como un llamado oportuno para que esos errores de ayer no vuelvan a repetirse. Veamos, como primer punto, que capturas en los sitios de allanamiento o de intervención fueron apenas unas tres decenas. Realizar esa cantidad escasa de capturas en siete departamentos de la república, resulta en ser un promedio escaso, pero que, a contrarium sensum, se compensa con creces cuando la Fiscalía General de la República y la PNC, intiman a más de doscientos pandilleros que se encuentran prisioneros e incluso condenados judicialmente, en diversos penales del país.

publicidad

Muchos de ellos, dijo el comisionado Cotto, “ya guardaban prisión desde hace bastante tiempo”. ¿Qué significa ese dato revelado por el jefe de la corporación? A buen entendedor, pocas palabras. Deduzco tres situaciones: una, los penales siguen siendo “nidos de acciones ilícitas”, que urge investigar exhaustivamente, porque ¿cómo pueden los privados de libertad seguir nutriéndose económicamente de las operaciones ilícitas que hacen compinches que están fuera de los centros penales? Segunda, ¿cómo se comunican los privados de libertad ambulatoria con quienes están incluso muy lejos de los centros donde ellos guardan detención? Y la tercera consideración: se dejó entrever que entre  esos capturados e intimados, unos ya estaban libres desde hace varios años atrás y otros, recalcaron, estaban “próximos a cumplir su condena y salir libres”.

Eso, aunque no lo mencionó específicamente el comisionado policial, trajo a la mente de muchos ciudadanos, la triste y perturbadora experiencia de aquella “tregua oficial”, fraguada y ejecutada con el aval del entonces mandatario Carlos Mauricio Funes Cartagena, con la complicidad de funcionarios, ciertos fiscales y algunos políticos de diversos colores, de cuyos nombres no quiero acordarme.


Siendo honestos e imparciales, los lodos de antaño, son los polvos de hogaño. Tarde hemos llegado a comprender los efectos colaterales y los remanentes perjudiciales que aún pesan, como lastre indeseable, en el sistema judicial, penitenciario y policial, de aquella trágica decisión que vulneró el orden constitucional y la justicia en general. Ojalá esa dura experiencia nunca vuelva a repetirse, para bien de la institucionalidad patria y la sociedad en general.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.