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La PNC detuvo a 377 menores por homicidio

Yessica Espinoza

lunes 15, enero 2018 - 12:03 am

Un total de 377 menores de edad, entre los 12  y 17 años, fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de homicidio entre 2013 y 2017. De ellos, 360 son hombres.

De acuerdo con la Ley Penal Juvenil, estos adolescentes, al comprobárseles el delito, pueden ser enviados a un internamiento (equivalente a la condena en el caso de los adultos) de 15 años como máximo. El artículo 15 de la ley establece que esta medida debe aplicarse en casos “excepcionales, como última medida” y “por el menor tiempo posible”.

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Para un mayor de edad acusado por el mismo delito, la pena mínima es de 15 años, según el Código Penal, y la máxima de 60 años, dependiendo de la circunstancia en que fue cometido el delito.

Una jueza de menores del departamento de San Salvador –que pidió el anónimato- afirmó a Diario El Mundo que, aunque sean “hechos grotescos”, la ley obliga a tratarlo diferente por su condición de menor de edad.


“Es un trato diferenciado que debe darse porque son personas desiguales. El adulto, se supone, tiene madurez; un niño de 15 años, un adolescente de esa edad va a pensar diferente por el tiempo de vida que tiene”, explicó tras aseverar que su especialidad radica en hacer estudios de campo y de perfil antes de emitir resoluciones.

Aunque la jueza aseguró que la mayoría de los menores procesados por homicidio son enviados a internamiento, en algunos casos otorgan la libertad bajo medidas porque se comprueba que el menor fue presionado o amenazado para que cometiera el hecho.

“Que tenga en su entorno posibilidades que va ser una persona útil en la libertad, pues se va a encaminar, si tuvo un tropiezo y se ve que la persona no está en un grupo (de pandillas) y que los padres tienen control, podría (quedar libre). Cada caso es diferente, pero la mayoría va a internamiento”, enfatizó.

Según el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) hoy en día hay 508 menores de edad en internamiento definitivo, de los cuales 253 están por homicidio.

La psiquiatra Tania Abrego considera que no se trata de eximir de responsabilidad al menor, sino de entender que su mentalidad es distinta a la de un adulto. Explicó que a esa edad las partes del cerebro que “permiten tomar decisiones adecuadas y reflexionar en las consecuencias de nuestros actos antes de actuar” no se han terminado de formar.

Ambas, la jueza y la psiquiatra, externaron que el perfil de estos jóvenes está marcado por la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, los escasos recursos y la influencia de pandillas. “Los lugares donde ellos residen están asediados por estos grupos y en muchas ocasiones son intimidados para que se metan al grupo y después, como requisito, realizar un acto de estos”, manifestó la jueza.

Indicó que en algunos casos resulta peor internar al menor porque el Estado no brinda programas de atención integrales que le ayuden a su recuperación e inserción ya que, al salir, vuelven a delinquir.

“Eso es responsabilidad del Estado (que salga y vuelva a delinquir) porque uno de los fines de las medidas definitivas es que en el centro donde ellos se encuentran les de toda la atención, todos esos programas, sensibilización, valores y todo”, aseveró la jueza.

“Si un joven sale de un centro y sale a cometer delitos, ha fallado el Estado porque el Estado lo tuvo ahí y no hizo lo que debió hacer; no lo preparó para la libertad, para que el joven salga con un proyecto de vida”, agregó.  (Ver nota secundaria).

La perspectiva psiquiátrica indica que si no hay un proceso psicoterapéutico integral es muy “difícil” que el menor se arrepienta y cambie.




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