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La Constitución es el gran marco jurídico del Estado y contiene disposiciones que se refieren de manera expresa al deber de respetarla y hacerla cumplir. Son controles formales primarios y superiores para preservar esta fuente primaria del derecho, las normas que establecen la forma de gobierno, el sistema político, el orden económico, los órganos de gobierno, los derechos y garantías individuales, así como la razón de ser del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (Art. 1).

El Salvador es un Estado soberano y esa connotación fundamental, la soberanía, en una República reside en el pueblo. El primer patrón de protección constitucional estriba en limitar el poder soberano del pueblo a lo que está prescrito en la Constitución (Art. 83). El detentador de la soberanía del Estado, del poder público, está circunscrito a lo que ésta proclama. No puede ir más allá. El Estado es una persona jurídica establecida en los términos de su Constitución, que reconoce al pueblo, el elemento humano, como su principal bastión, pero aún éste queda circunscrito a los preceptos de la Ley Fundamental.

Así, en el marco de esas disposiciones para su defensa, en el enfoque hacia el pueblo y dentro del mismo a los ciudadanos, destacamos entre los deberes políticos de éstos la obligación formal que se les exige como máxima de acción y responsabilidad, “cumplir  y velar porque se cumpla la Constitución de la República” (Art. 72 N° 2).

Por ende se fija como primera atribución y obligación del Presidente de la República, el deber de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución…” (Art. 168 N° 1).

La responsabilidad de los funcionarios públicos se patentiza en el juramento que deben prestar antes de tomar posesión del cargo, bajo palabra de honor, de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen…” (Art. 235). La responsabilidad de éstos por  violarla, alterarla o infringirla se ordena en el Art. 244 y la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes (Art. 182 N° 6).

La Sala de lo Constitucional tiene competencia para conocer las demandas de inconstitucionalidad de las leyes (Art. 174), en tanto la Asamblea Legislativa no puede ratificar tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales (Art. 145).

Serán nulos los decretos de los funcionarios del Órgano Ejecutivo, y no deberán ser obedecidos, cuando se emitan excediendo las facultades que les otorga la Constitución (Art. 164).

En lo que respecta al Poder Legislativo, está sujeto a que cualquier proyecto de ley debe ser sancionado por el Presidente de la República, pero si este proyecto fuere considerado inconstitucional por el Presidente, lo devolverá a la Asamblea Legislativa con el señalamiento correspondiente del motivo constitucional que lo afecta, y si el Órgano Legislativo lo ratificare, el Presidente de la República debe dirigirse a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida si es o no constitucional (Art. 138). Así funcionan los pesos y contrapesos.

Por supuesto que el tema se expande al Ministerio Público, a la Corte de Cuentas, al Tribunal de Ética Gubernamental, etc. Corresponde al Fiscal General de la República la acción de la justicia en defensa de la legalidad y, naturalmente, dentro de ésta tiene la mayor jerarquía la legalidad constitucional. En fin, la Constitución, en sus diferentes capítulos, establece la primacía y controles de constitucionalidad, así el artículo 212 fija, respecto a la Fuerza Armada, que cualquier órgano fundamental del Gobierno puede disponer de ella para hacer cumplir la Constitución, dentro de sus respectivas áreas de competencia, si bien su Comandante General es el Jefe del Ejecutivo.

Por ende, la responsabilidad primaria de los funcionarios públicos es defender la Constitución y deberán responder por los daños que causaren como consecuencia de violaciones a la normativa constitucional. De ello no está excluido el Órgano Legislativo cuando viola por omisión sus obligaciones constitucionales, como es la falta de nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

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