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Editorial & Opinion

La Reforma Constitucional imprescindible

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

Editorial & Opinion | Diario El Mundo

Miércoles 11, Enero 2017 | 12:00 am

Un acuerdo de fin de conflicto, para que sea de cumplimiento obligatorio, debe comprender una reforma constitucional. Lo acordado debe ser convertido en ley de la República: de otra manera no sirve. Por eso el corazón de los Acuerdos de Paz lo formaron las reformas constitucionales a los artículos vigentes y los artículos nuevos que se aprobaron, para blindar los acuerdos.

La reforma constitucional en abril de 1991 era considerada misión imposible; sin embargo, después de 24 días, se reformó la Carta Magna y dio inicio la carrera de los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar las reformas constitucionales antes que terminaran su período legislativo el día 30 de abril.

La reforma constitucional de los Acuerdos de Paz es, sin duda, la que posibilita la independencia del Órgano Judicial. La reforma del artículo 173 establece que los magistrados durarán en sus cargos nueve años y se necesitan dos tercios de los votos de los diputados para su elección. Se asignó como resultado de la reforma el seis por ciento de los ingresos corrientes al presupuesto de justicia.

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El Salvador tiene hoy: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un sistema electoral reformado que sustituye al Consejo Central de Elecciones por el Tribunal Supremo Electoral, una nueva Policía Nacional Civil como producto del cambio constitucional.

A partir de 1991 se cambió la doctrina de la Fuerza Armada. La institución castrense hoy solo tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Lo demás es historia.

No soy abogado pero a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz es indispensable dar paso a otras reformas constitucionales: al menos se debe reformar el Artículo 85 de la Constitución para romper el monopolio de la representación del pueblo en el gobierno por medio de los partidos políticos.

La reforma a la Carta Magna debe permitir la existencia de movimientos políticos con los mismos derechos que los partidos. Todos los salvadoreños debemos tener derecho a constituir partidos y también movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas. Ya es tiempo que la democracia en El Salvador madure y se pase a una combinación de democracia representativa y democracia participativa. No sería malo considerar, con la mente abierta, la aprobación del plebiscito.

Para que la lucha contra la corrupción sea más efectiva es necesario, en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, modificar totalmente el capítulo V de la Constitución. Se trata de cambiar la Corte de Cuentas de la República por una Contraloría General.

La Contraloría General de la República sería el órgano constitucional, encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control político y ciudadano.

La labor de la Contraloría sería, de aprobarse una reforma a la Constitución, el fiscalizador de carácter jurídico, contable y financiero; estaría destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, a verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. Se ocuparía del resguardo del patrimonio público y del respeto al principio de probidad administrativa.

Ya es tiempo que se considere la reforma de los artículos 200 y 201 de la Constitución referentes a las gobernaciones. Es necesario plantearse seriamente ¿Cuál es la utilidad de estas instituciones? A lo mejor tendrían algún beneficio si se pasa a cambiar la división política del país con un ordenamiento territorial y el establecimiento de cuatro regiones con descentralización y desconcentración de funciones.

Finalmente considero que hay que cambiar el artículo 240 inciso último y sustituir la prescripción de 10 años de los juicios por enriquecimiento sin causa justa; doblando el periodo en el que se pueden perseguir judicialmente estos delitos contra el patrimonio público.

No hay que tenerle miedo al miedo. Hoy en día, el problema planteado es cómo construir un nuevo pacto de Nación y abrir el espacio para el lanzamiento de un diferente proyecto de país con vigencia duradera, eso significa identificar el conjunto de compromisos políticos y sociales que deben ser elevados a rango constitucional para que se cumplan en los próximos 25 años.



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