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Es oficial, el resguardo de la tranquilidad social, está en manos de policías: Los nuevos titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública son miembros de la PNC. Está muy claro que la incursión de comisionados de Policía en el gabinete de gobierno va en sintonía con el esquema que privilegia el control y la represión del delito como la columna vertebral de la política pública de seguridad.

La seguridad es un problema complejo y desde el modelo de seguridad ciudadana no se concibe únicamente como un tema que se resuelve solamente nombrando policías en la cartera de Estado o haciendo más cárceles, sino resolviendo los problemas estructurales del país, encarando los jinetes sobre los que cabalga la inseguridad que vivimos: la desigualdad, exclusión y la pobreza con políticas públicas integrales que garanticen a los ciudadanos empleo decente, mejores condiciones de salud, educación, en fin, un nivel de vida más alto.

A propósito de esta situación tan delicada, es bueno recordar lo que se planteó hace 15 años en la Conferencia de Nápoles sobre prevención y seguridad: “A menudo se ha recurrido a los servicios policiales, a la justicia penal y al encarcelamiento masivo para reducir la delincuencia, la violencia y la inseguridad” y esto no da los resultados que se buscan.

Entonces, las preguntas para las que hay que tener respuestas son: ¿Qué hace falta hacer? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para un correcto abordaje a la inseguridad?

Un buen punto de partida para resolver el problema que nos agobia es partir de lo conceptual y aclarar de qué se está hablando cuando se habla de seguridad: la definición de seguridad es un concepto amplio que comprende no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de bienestar social. El concepto es el del desarrollo humano sostenible, que tiene a las personas y la equidad como principio.

Es cierto la seguridad es tarea de todos, pero es obligación, en primer lugar, del Presidente de la República el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública. Está escrito en la Constitución.

Por eso es saludable recordar lo que el mandatario expresó en su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2014: “A partir de hoy, me pongo al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”

“Pero el desarrollo no es posible si no se garantiza la seguridad ciudadana. Para alcanzarla, necesitamos de una gran unión de país que nos permita combatir a la delincuencia de forma eficaz. Debemos superar cualquier diferencia y unirnos por el interés común: vivir en paz, libres de violencia”. “La seguridad ciudadana requiere que trabajemos unidos contra el crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones y toda expresión de violencia. Vamos a combatir la delincuencia en todas sus formas, con todos los instrumentos legales”

La búsqueda de la seguridad ciudadana debe tener como guía una estrategia clara que dé una ruta que proporcione certidumbre y confianza. Necesitamos un nuevo diseño que coloque la prevención del delito, la recuperación del territorio y la instalación en serio de una policía comunitaria como la alternativa a un pensamiento conservador que ve la seguridad únicamente como un asunto de hacer muchas capturas que al final terminan en que de todos los casos de personas capturadas solo se judicializan 14 y se condenan tres y el resto sale libre.

Es evidente que no es posible ganar la lucha contra la delincuencia si no hay un cambio de concepción de seguridad. Sacar adelante al país no es un asunto de rotar funcionarios. Hay muchas dimensiones en las que se debe trabajar, porque la seguridad no se limita a poner más policías y hacer más capturas. Derrotar la criminalidad que sufrimos requiere del concurso de todos los sectores.

A los que administran el aparato del Estado les toca la responsabilidad principal, es cierto, pero también el principal partido de oposición debe abandonar su posición obstruccionista de pasar tirando piedras y decir que todo está mal.

Lo que hay que hacer es tender puentes, buscar articular acuerdos básicos de país con todos los sectores políticos y sociales, acercar posiciones y analizar a fondo los problemas para aportar soluciones que resuelvan los problemas y no para empeorarlos.

 

 

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