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Editorial & Opinion

La solicitud española de extradición de salvadoreños

Viernes 1, Abril 2016 - 12:00 am

Cuatro ciudadanos salvadoreños fueron detenidos por la Policía Nacional Civil el  5 de febrero de 2016, en atención a notificación roja girada por la Interpol, a solicitud del Juzgado 6° de la Audiencia Española, por atribuírseles asesinatos, terrorismo y otros crímenes contra la humanidad o contra el derecho de gentes, cometidos en territorio salvadoreño por integrantes de la Fuerza Armada en noviembre de 1989, siendo algunas de las víctimas sacerdotes originarios del Estado español. La solicitud  persigue la extradición de 17 participantes en operativo militar efectuado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La PNC realizó las capturas con base en el artículo 327 numeral 3° del Código Procesal Penal, por ser procedentes aún sin orden judicial “cuando respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales”, en aplicación de reglas  de cooperación jurídica internacional.

La CSJ recibió el 2 de marzo de 2016 diligencias instruidas por la Jueza Primero de Paz de San Salvador. Decidió mantener los cuatro reos en detención provisional durante 60 días, a partir de la fecha de la captura, conforme artículo 10 párrafo 4 del Tratado de extradición El Salvador –España, de 1997, en espera de la solicitud española, vía diplomática, que posteriormente se recibió y estamos pendientes de su resolución.

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En asamblea del IIDC, el 12 de marzo pasado, se estudió el caso. Se señaló que el artículo 28 Cn, párrafo 2°, dispone que sólo procederá respecto a salvadoreños si el tratado expresamente lo establece y que sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías procesales y penales de la Constitución.

La Constitución declara que la extradición procederá cuando se trate de delitos de trascendencia internacional, y que no podrá estipularse por delitos políticos, aunque por consecuencia resultaren delitos comunes.


Participantes en el debate adujeron la improcedencia de la pretensión, por las siguientes razones: a) la prescripción, de diez años, pues el crimen ocurrió en 1989; b) hubo causa penal en la que el jurado condenó a unos y absolvió a otros; c) que hubo amnistía; d) que se violaría el artículo 11 Cn. al enjuiciarse dos veces por la misma causa; e) que hay cosa juzgada firme; f) que la retroactividad en materia penal sólo se admite cuando hay nueva ley favorable al reo; g) que no se cumplía el tipo de delitos de trascendencia internacional, h) que las víctimas eran civiles salvadoreños.

Por su parte, en defensa de la tesis contraria, se ha expresado: a) que se trata de delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, son imprescriptibles; b) que el Estado requirente puede invocar el origen español de tres de los sacerdotes inmolados; c) que no debe prevalecer la impunidad producto de una amnistía cuestionable  d) que el derecho penal internacional es aplicable y que los tribunales de Nuremberg y otros posteriores contra criminales de guerra eran prueba de ello, en el marco del derecho humanitario de los conflictos armados; e) que los avanzados conceptos del tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, que  se ha ratificado, no se deben ignorar; f) que imperan razones de justicia punitiva.

Estimamos: a) que acceder al petitorio violaría el artículo 28 Cn., reformado en el 2000, al validar en forma retroactiva el tratado de extradición con España de 1997, época en que, en El Salvador, era prohibida sin excepciones la entrega de nacionales; b) que la extradición daría lugar a un doble enjuiciamiento; c) que un tribunal   extranjero no puede desconocer, por fraudulencia denunciada, las decisiones de un jurado salvadoreño, que son verdad jurídica, por ser poder soberano responsable del veredicto de la justicia y d) que existe res judicata.

Subrayamos la conveniencia nacional de preservar los  Acuerdos de Paz de 1992, negociados para concluir la guerra civil y la amnistía general subsecuente, que favoreció a los delincuentes del conflicto, desconocidos e imputados, aun los condenados penalmente. Hubo un pacto político trascendente: se creó  instituciones públicas, se transformó al Órgano Judicial y la Fuerza Armada, se reformó la Constitución de 1983, todo en el interés de forjar el Estado Democrático de Derecho y de vivir en paz.




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