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Editorial & Opinion

La tregua: ¡Cayó la careta!… ¿Y ahora qué?

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 15, agosto 2017 - 12:00 am

Sin ninguna sorpresa escuchamos las declaraciones reveladoras de Monseñor Fabio Colindres en el juicio incoado contra varios personajes ante un tribunal especializado por el caso de la tregua con estructuras pandilleriles efectuada, a troche y moche, durante la administración presidencial del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, primer mandatario del partido “Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional” o FMLN. Y digo sin sorpresa, porque antes, durante y después de ese pacto, mucho se dijo, comentó y se escribió sobre el mismo, ya sea unos pocos en favor, pero muchos en su contra.

Revelar los pormenores de esa tregua antijurídica, lo único que ha despertado en la ciudadanía son las expectativas sobre si ahora actuará la ley con todo su imperio constitucional, o si los actuales funcionarios de gobierno acatarán las sentencias judiciales que se pronuncien como, por ejemplo: solicitar al gobierno de Nicaragua la extradición del señor Funes Cartagena, para que cumpla con una muy probable sentencia condenatoria u otra equivalente, si fuera pertinente. Advierto: estamos elucubrando sobre posibles escenarios, no estamos afirmando nada, pues los fallos corresponden al ámbito judicial y deben ser respetados, aunque “gusten o no gusten”.

Para quienes tuvimos la oportunidad profesional de laborar en la Dirección General de Centros Penales y de Readaptación (nombre oficial en esos tiempos), entidad importante del entonces Ministerio de Justicia a secas, pudimos comprobar que, en dicha institución del Estado, nadie, ni siquiera el director general, podían girar una orden sin el previo conocimiento o autorización “del señor ministro” y éste, a su vez, no ordenaba nada sin que el “señor presidente” le diera su pase anticipado.

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Esta verticalidad de mando, era el modus operandi de dicho ramo a nivel ejecutivo del Estado, pero hubo ministerios como Educación o Hacienda, donde también laboré, en los cuales percibí cierta elasticidad y autonomía para tomar decisiones, sin “previo permiso” de la superioridad.

Pero esa flexibilidad nunca fue el caso de Centros Penales y hasta la fecha sigue igual dicha rigidez administrativa.


En base a dicho régimen estricto, desde un comienzo comenté que era poco factible que Nelson Rauda u otro funcionario de menor categoría en la Dirección General de Centros Penales, tomara por sí la “facultad” de permitir lo que escandalosamente se permitió y que, por razones de espacio y para no repetir lo mismo hasta el cansancio, lo omitimos por ahora.

Conociendo la jaula de los tigres, teníamos la suficiente experiencia de saber cómo se comportan los domadores y sus auxiliares, para hacer las cosas adentro del circo, en este caso, el Ministerio de Seguridad y Justicia, entonces bajo la responsabilidad del general David Munguía Payés y hoy titular del Ministerio de la Defensa Nacional, mismo que, a su vez, tampoco podía autorizar la tristemente célebre “tregua pandilleril”, por lo que la mirada debe detenerse indefectiblemente en un principal autor de la misma, o su principal impulsor: el mandatario del país. Y para hacer esta conclusión, no se necesita siquiera un diplomado en Administración Pública. Las versiones expuestas por Monseñor Colindres confirman lo expresado.

El “tamal” venenoso, en principio parecía bien cocinado, con todo y sus aderezos sabrosones, conjuntos musicales, aparatos de sonido a todo volumen, muchachitas “sex service” danzando “encueradas”, entrada libre de celulares, drogas y licores y lo peor: la oportunidad, nunca imaginada, de reagrupar las estructuras criminales, de armarse mejor sus componentes y penetrar las interioridades de la seguridad pública del país. Éste es el meollo del juicio a mi entender y saber. Éstas son acciones inexcusables e imperdonables.

Desde entonces para acá, se disparó de nuevo el alto índice de asesinatos, los ataques mortales contra agentes policiales y elementos del Ejército, mayores controles territoriales por parte de las pandillas, etcétera. Olvidar esos detalles tenebrosos sería un acto antipatriótico y pienso que quizás esta es la oportunidad para que el FMLN recupere algo de su hoy deteriorada imagen política.

Confiamos que en la sentencia por pronunciarse no se deje impune a ningún culpable por acción u omisión, complicidad o instigación, para que los gobernantes sepan que, ante la ley, ningún acto arbitrario se disculpa.




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