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OPINION

La referencia al Estado de Derecho, expresión de las ciencias políticas y jurídicas, que según don Luis Legaz y Lacambra seduce por la gracia misma de su formulación, tiene la particularidad desde la post guerra mundial en la década del 40, de ser aceptada aun antes de comprenderse como un concepto preciso. Su significado obtuvo carta de ciudadanía para definir la realidad del Estado Moderno y el ideal del mismo: el freno constante contra los abusos del poder. La corriente alemana hace alusión lacónicamente al “Estado Constitucional” como expresión integradora.

El entretejer la problemática de la teoría del derecho con la política, debería motivar a los juristas salvadoreños a incursionar en un análisis jurídico o político de los fundamentos éticos del derecho y de la praxis constitucional de la normativa suprema.

El criterio en las décadas recientes respecto a la idea de justicia en nuestra realidad, en la percepción ciudadana, es negativa. Se habla de impunidad, de corrupción, de parcialidad y de falta de independencia judicial. Los salvadoreños y los pueblos latinoamericanos en general exigen reformas en el sistema judicial. La falta de seguridad pública, el fenómeno de las maras, el crimen organizado, el sistema penitenciario ineficiente, el bajo nivel en la capacitación de los investigadores de la policía, la falta de infraestructura, los sistemas administrativos obsoletos, el escaso presupuesto y otros factores relevantes, se ven agravados por la ausencia de un método de transformación del sistema. Es necesaria la voluntad política, la planificación y recursos materiales para alcanzar ese objetivo.

La justicia constitucional, y su instrumento adjetivo, la Ley de Procedimientos Constitucionales, han sido objeto de análisis en función de realizar la reforma judicial y exaltar el papel de la Sala correspondiente. Queremos mejorar la administración de justicia y acelerar la ruta jurídica disminuyendo los trámites de los procesos de hábeas corpus, amparos e inconstitucionalidades. Para ello existe un anteproyecto de Ley Procesal Constitucional que reposa en la Asamblea Legislativa. Al respecto recordemos la expresión de Stahl sobre Estado de Derecho: “no significa finalidad y contenido del Estado sino sólo modo y carácter de su realización”.

Siguiendo a don Eduardo García de Enterría hay un sentido de cambio por cuanto Estado de Derecho es “la convivencia dentro de las leyes”, refiriéndonos a las normas que se producen “dentro de la Constitución” por voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Vemos el rasgo más característico del imperio de la legalidad constitucional en el afianzamiento del poder público, lo que determina la supremacía constitucional y elimina la arbitrariedad.

Las exigencias básicas e indispensables del Estado de Derecho son:

  • El imperio de la Ley, bajo el principio de la supremacía constitucional;
  • Existencia de la justicia constitucional;
  • División de poderes, a lo que modernamente López Guerra, entre otros, llama “separación atenuada de poderes”;
  • Legalidad de la administración o sujeción de los poderes públicos al Derecho, como modernamente se la identifica;
  • Reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales. A esto se agrega modernamente por los constitucionalistas la garantía de la eficacia efectiva de los derechos fundamentales;
  • Necesidad de transformación del marco constitucional. Ello alude a los temas de interpretación y reforma constitucional.

Hemos iniciado cambios hacia un Estado de Derecho y hay avances notables en la justicia constitucional. La pregunta que surge es: ¿Cuándo se alcanzará? Respondemos que mientras nos mantengamos en la lucha por forjarlo estaremos en el sendero.

La profundización de la democracia es el camino óptimo para construir la legitimidad. Al Derecho le compete realizar el humilde y honroso papel de facilitar la libertad y la autoridad, teniendo a la Constitución como norma jurídica suprema para fortalecer los mecanismos de control jurídico a través de la justicia constitucional.

Enfatizamos como necesaria la voluntad política para alcanzar el Estado de Derecho, que configura la expresión constitucional moderna.

En ese sentido, la efectiva operatividad de la Constitución requiere profundizar la democracia para consolidar la legitimidad. Es necesaria en El Salvador la plena vigencia de la Constitución a través de la justicia constitucional, del balance de poderes y de los derechos fundamentales. El acatamiento y la reverencia a la Constitución formal es la clave.

 

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