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Política

Las contradicciones del Gobierno: ¿Falta dinero o solo una asignación en el plan de gastos?

Redacción Política

martes 18, abril 2017 - 10:38 am

El Gobierno ha hablado de impago, sin problemas de caja o falta de fondos. Foto: Capres.

 

El lunes, antes de la Semana Santa, la diputada del partido de Gobierno, Lorena Peña, pidió aprobar una emisión aunque fuera parcial de los títulos valores solicitados por el Gobierno para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y pensiones de los militares.

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No hubo acuerdo. Peña citó el comunicado del Ministerio de Hacienda emitido ese mismo día y que, sin mencionar la palabra “impago”, pedía “con urgencia la aprobación en esta misma semana de al menos $70 millones”.

“De no aprobarse lo solicitado en la sesión plenaria de esta semana, debemos aclarar que será imposible para el Gobierno de El Salvador hacer los pagos programados para este mes de abril, lo que traería consecuencias financieras imprevisibles para el país”, advertía ese 3 de abril.
En letra negrita, matizaba: “Queremos dejar constancia que este no es un problema de caja. De lo que se trata es que no contamos con la asignación presupuestaria”.


Los diputados hablaban de algo serio. El jefe de la fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, habló de una “zozobra” que les causaba no saber si iban a contar con los 56 votos o no. Ese es precisamente el número mágico, de un total de 84 diputados, con el cual se deben aprobar todas las deudas del Estado. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el resto de partidos no logran sumarlos porque el principal partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) tiene 35.

Al final, no lograron acuerdo. Valoraron sin éxito una reforma presupuestaria o la emisión de deuda a corto plazo por parte del Ejecutivo. La única opción, para el Gobierno, seguía siendo la emisión de títulos valores.

“Impago” pero con “montos” y “mecanismos”

Los títulos valores son documentos mediante los cuales se genera una obligación monetaria. El Estado emite títulos para que inversionistas los compren a cambio de una tasa de interés y a un plazo definido.

Así, el 6 de abril, no pasó nada en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Por la noche, el Gobierno tituló un comunicado: “País amanecerá en condición de impago por culpa de Arena, una situación grave y de incalculables consecuencias que castiga a la población”.

Lo hacía porque el 7 de abril, a las 5:00 de la tarde, se vencía el plazo para que el Estado pagara $3 millones de intereses en certificados. Hasta el 20 de abril, los compromisos que debe honrar el Gobierno en CIP suman $55.2 millones.

El 7 de abril, un día antes del inicio de la Semana Santa, el Ministerio de Hacienda publicó otro comunicado insinuaba que se disponía de los fondos, diciendo que “El Salvador tiene disponibles y programados, dentro del presupuesto general del Estado vigente los montos para el pago de capital e intereses que corresponden a la cancelación de sus créditos en este año”. Sin embargo, unas líneas antes del comunicado, lo decía de manera más abstracta: “Dispone de los mecanismos financieros necesarios para hacer el pago, recalcando que de lo que no disponemos es de la asignación presupuestaria“.

Ese “mecanismo” fue una reforma suspendida por la Sala de lo Constitucional el 4 de noviembre de 2016 y que permitía al Estado emitir nuevos CIP para pagar los CIP que se iban venciendo aprobada el 29 de septiembre de 2016.

Hacienda argumenta que Arena tenía el compromiso de modificar el presupuesto para financiar esos CIP sosteniéndose en un acuerdo político firmado el 10 de noviembre de 2016 y que comprometió al Gobierno y a Arena a: “trabajar para garantizar la sostenibilidad fiscal” y “abordar”, entre otros temas, la resolución de la reforma frenada por la Sala de lo Constitucional.

Durante vacaciones El Salvador terminó siendo degradado por tres calificadoras de riesgo por la falta de pago.

“Emergencia” en cadena nacional

El 10 de octubre de 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén, había declarado que el Gobierno enfrentaba una emergencia por la falta de liquidez. “El país enfrenta una situación de carácter coyuntural que se expresa en una falta de liquidez (…) Quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas declararnos en emergencia como gobierno para que antes de cerrar este año 2016 podamos atender, discutir y construir los mejores acuerdos que permitan las salidas pertinentes en los siguientes temas: aprobar la emisión de bonos de $1,200 millones”, decía en cadena nacional.

Exactamente un mes después, el 10 de noviembre, el Gobierno y ARENA estaban firmando un acuerdo de sostenibilidad fiscal que, entre otros, daba paso a la emisión de $550 millones en títulos valores.

El Gobierno había hablado en ese entonces de un impago por el vencimiento en el pago de Certificados de Inversión Previsional (CIP) durante octubre. El 21 de septiembre, el vocero del Gobierno, Eugenio Chicas, aseguró que un impago “traería graves consecuencias” como la “falta de cooperación y financiamiento externo”. La situación era similar a la actual: el 8 de septiembre Hacienda había solicitado a los diputados que aprobaran aunque fuera $71.5 millones para pagar capital e intereses de los CIP. Fondos obtenidos por el Estado a través de los CIP provienen, por ley, de los ahorros de los cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

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