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Es evidente que nuestro país sigue por un rumbo equivocado, debido a las malas decisiones que se han tomado en materia económica y por los despilfarros indiscriminados de fondos públicos que realizaron las distintas administraciones de derecha e izquierda. La gran mayoría de especialistas en su tiempo sugirieron la responsabilidad fiscal y una recaudación tributaria más agresiva, en cuanto a la persecución de la evasión fiscal y el contrabando, para salir del déficit que asciende a más del 4 %; es decir, que El Salvador en los últimos 25 años ha gastado anualmente más de lo que recibe en concepto de tributos y donaciones, lo cual ha provocado que la deuda pública roce en la actualidad el 60 % del Producto Interno Bruto; de modo que las finanzas públicas deben verse como una economía familiar.

Por ejemplo: Si una familia percibe en concepto de ingresos mensuales $500.00 y gasta $ 600.00, significa que tendrá un saldo en rojo mensual de $ 100.00; sin embargo, para hacerle frente a las obligaciones se ve en la necesidad de financiar su déficit con tarjeta de crédito, lo que a la larga le traerá consecuencias ulteriores, como el embargo de salario o de otros bienes tangibles.

De manera que El Salvador ha caído en una especie de hoyo financiero, que ha sido cubierto, año con año, por medio de empréstitos, letes del Estado y con los fondos provenientes de los Certificados de Inversión Previsional (CIP); estos últimos son los que han sufrido atropellos de todo tipo, ya que el Gobierno, por decreto, decidió pagar una miserable rentabilidad de interés mensual, todo ello en detrimento de los intereses de cada salvadoreño que ha pagado responsablemente cada mes las pensiones y que ha dejado su juventud, sangre y sacrificio en cada dólar ahorrado, para que la Asamblea Legislativa –desde el año 2012– decidiera por decreto que el Gobierno central podía comprar un 30 % (CIP); sin embargo, con la reforma, se autorizó hasta un 45 % como máximo.

Además de ello, la reforma que se impulsó y se aprobó por la Asamblea Legislativa, planteó que podían atropellarse los derechos de los miles de salvadoreños que pertenecen a la clase trabajadora, o sea, al proletariado, los que transforman la materia prima en un producto final, dado que se reduciría el porcentaje que recibirían las AFP en concepto de pensión, bajándolo de 2.7 % al 2.2. El 0.5 % restante se abonaría a la cuenta individual del trabajador.

De tal manera que el dinero de los pensionados ha sido manejado de forma discrecional por los gobiernos de turno, ya que en los últimos años se ha invertido el 45 % del fondo de pensiones en papeles del Estado, con una rentabilidad miserable, y no existe flexibilidad para hacer otro tipo de inversiones.

Dicho de otra manera: El Gobierno está dispuesto a pagar tasas de intereses altas a organismos internacionales o nacionales, pero no desea honrar de la misma manera los fondos de pensiones que son sagrados. Por ejemplo: Los bonos soberanos del Estado pagan más del 7 % y a los CIP en promedio apenas les paga el 1.4 %.

En consecuencia, la resolución de la Sala de lo Constitucional viene a revindicar los derechos de los miles de salvadoreños que se han visto menguados en sus derechos, dada la miserable rentabilidad que se ha percibido en los últimos años. De tal manera que la resolución obliga al Gobierno a pagar tasas de interés más altas, por usar los fondos de pensiones para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones.

Por lo tanto, el Gobierno no debería de tocar el dinero de las pensiones, primero porque es dinero sagrado que representa la sangre y el sudor del trabajador; segundo, las pensiones no son dinero público, nunca lo han sido ni lo serán, de tal suerte que las pensiones provienen de las retenciones que se le hacen a los trabajadores y, en ese sentido, es dinero “privado”.

En suma, el Gobierno debería respetar la voluntad del pensionado y dejar que las AFP, busquen la mejor rentabilidad. Pero que las AFP no abusen tampoco.

 

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