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Las tendencias innovadoras comenzaron, es cierto, con la Constitución de 1950, una de nuestras Constituciones claves por su cambio de orientación del liberalismo económico al Estado intervencionista.

En esa Constitución se habló por primera vez, en relación al poder judicial, de la estabilidad de los jueces y la carrera judicial; la gratuidad de la justicia; la jurisdicción laboral y  los tribunales de casación. De su exposición de motivos rescatamos una oración  esclarecedora: “El inciso propuesto por la Corte que “el Poder Judicial estará sometido únicamente a la Constitución y demás leyes” no se acepta por innecesaria, pues ya quedó establecida la independencia de los poderes y es lógico que el Poder Judicial sólo obedezca a las leyes. Si en la práctica, los encargados de administrar justicia se plegaron alguna vez a las inspiraciones de los funcionarios del orden administrativo, lo hicieron con descrédito de su sagrada misión, y a espaldas de la Ley. Pero no es sólo con preceptos que se evitan estas caídas humanas. No toda la solución está en las leyes; hay una parte en la calidad de los hombres”.

Ninguna innovación añadió a este campo la Constitución de 1962, la cual, como sabemos, fue promulgada exclusivamente con el propósito de viabilizar el acceso al poder a determinadas personas y, con mínimas variantes, constituye una copia al carbón de la Constitución de 1950.

Fue en la Constitución del 15 de diciembre de 1983, en efecto, cuando se inició el más reciente proceso de reforma judicial al aplicar en el capítulo referente al Órgano Judicial una sustancial modificación -justificaron los propios legisladores- por considerar que su funcionamiento, especialmente en lo que concierne al control de la constitucionalidad de las leyes y a la legalidad de los actos gubernamentales, es el eje alrededor del cual gira el ordenamiento democrático. Son los tribunales los que en última instancia dan al ciudadano la garantía que las leyes pueden hacerse valer, no sólo frente a los particulares, sino frente a cualquiera de los detentadores del poder que las infrinja. Si la Constitución puede llamarse Ley Fundamental -continúan diciendo- es porque existe un organismo y unos procedimientos capaces de imponer sus disposiciones y de interpretarla de acuerdo, no sólo con el espíritu y la intención de sus autores, sino de las necesidades cambiantes de los pueblos.

Con ese criterio, en 1983, se reorganizó la Corte Suprema de Justicia; se creó la Sala de lo Constitucional; se aumentaron los requisitos en cuanto a la edad y experiencia profesional de jueces y magistrados; se otorgó a la Corte la función de elaborar el proyecto de presupuesto del Órgano Judicial; se fortaleció la carrera judicial y se garantizó la estabilidad de los jueces.

Las reformas constitucionales de 1991 (55 en total) fueron llevadas a cabo de conformidad al nuevo procedimiento. Así, se amplió aún más el horizonte reformista, incorporando modificaciones en aspectos cruciales de la Carta Magna de 1983, de las cuales un 18.18% correspondieron al Órgano Judicial. Al respecto, afirmó el Ministerio de Justicia: “Probablemente la de mayor significación es la de contar con un órgano judicial independiente, confiable y debidamente capacitado y organizado para realizar sus tareas con eficiencia, habida cuenta del papel que le corresponde en la protección de los derechos humanos, en la salvaguardia de los principios constitucionales y en la realización de los postulados del Estado de derecho”.

En 1991, se reformaron en el campo de la administración de justicia los artículos 172, 174, 180, 182, 186, 187 y 188.  Se dotó al Órgano Judicial de una asignación anual no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto. Se reguló la elección del presidente de la Sala de lo Constitucional; se elevó a nueve años el período de los magistrados de la CSJ; y un novedoso procedimiento para elegirlos a través de listas de candidatos, elaboradas con el aporte de las entidades representativas de los abogados “donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes de pensamiento jurídico”.

Las otras reformas versaron sobre el régimen de excepción, el sistema electoral, la elección de funcionarios, la formación de la ley, el Ministerio Público y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

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