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Antes que nada hay que estar claro que el constituyente de 1983 adoptó un modelo de control constitucional al que se le conoce en doctrina como “Control difuso de la Constitución” -art. 183 Cn.-, y que en cierta medida reproduce el modelo constitucionalista de los Estados Unidos.

También hay que estar claro que no obstante nuestra tradición “juscivilista”, no se adoptó el modelo de corte “kelseniano” de control concentrado absoluto de la Constitución que hubiera obligado la creación de un Tribunal de Constitucionalidad, situado fuera del poder judicial –y en general de todos los órganos del Estado-.

Siempre me gusta citar al gran jurista francés Alexis de Tocqueville quien al referirse al sistema de control constitucional estadounidense afirmaba: “los americanos han establecido el Poder Judicial como contrapeso y barrera al poder legislativo; lo han hecho un poder legislativo de primer orden…El juez americano se parece, por tanto, perfectamente a los magistrados de otras naciones. Sin embargo, está revestido de un inmenso poder político que éstos no tienen. Su poder forma la más terrible barrera contra los excesos de la legislatura…La causa está en este solo hecho: los americanos han reconocido a los jueces el derecho a fundar sus decisiones sobre la Constitución más que en las leyes. En otros términos, le han permitido no aplicar las leyes que le parezcan inconstitucionales”. Mejor no lo pudo haber descrito Tocqueville.

En el modelo de nuestra Constitución, el organismo de control constitucional se sitúa en el pináculo del poder judicial -como es el caso la Sala constitucional-, y no fuera de él, y ello implica por tanto que todo poder lo es en la medida en que crea e impone lo creado sobre otro. El poder se constituye como tal frente a su opuesto, el no-poder, pero éste no es menos poder que el poder –legislativo-, aunque no sean de la misma naturaleza.

Por ello, “la expectativa de legitimidad se entrelaza -como diría Habermas- con la facticidad de la producción legislativa y con la facticidad de la imposición del derecho”. De ahí que pueda afirmarse que el derecho vive en una tensión permanente entre la forma en cómo se produce -su creación formal o positividad-, la manera en que se impone -la coacción estatal o efectividad-, y su necesidad de justificación y pretensión de validez, y por supuesto la forma en que éste es expulsado de la existencia normativa por el poder, esto es, el poder mismo del Estado, el Poder Judicial.

El Poder judicial crea derecho, pero lo crea de modo diferente –lo que les cuesta de sobremanera entender a muchos legisladores en nuestro país-, lo hace precisamente a partir de la interpretación normativa y la emisión de resoluciones y sentencias, la interpretación es inherente e ineludible de su actividad, y lo es más en el ámbito constitucional.

Así, en cuanto a la interpretación de la ley secundaria, el juez –cualquiera- en el modelo concentrado europeo se vuelve únicamente “esclavo de la ley” y de ella no puede abstraerse, pero en nuestro modelo de control difuso, si bien se debe a la interpretación normativa como opción de administrar justicia ordinaria, él es “esclavo de la constitución”, de hecho es un Juez de la Constitución, pero en sentido concreto y en forma negativa, referido al caso que deba dirimir. En el sistema del “control difuso”, el juez constitucional tiene el deber de realizar una interpretación para llegar a un juicio con respecto a la constitucionalidad de la norma o del acto contrario a la constitución –enjuicia la norma y/o enjuicia el acto. La decisión del juez ordinario es tan legítima como la decisión del tribunal situada en el pináculo del poder judicial –Sala de lo Constitucional-, ya que tanto el juez ordinario como el Supremo, tienen legitimidad constitucional para tratar de la cuestión de constitucionalidad; y en tal contexto, el poder que nuestro sistema les asigna es en definitiva, el que ambos tienen la misión de equilibrar las tensiones entre los fines constitucionales y la justicia de cada caso concreto.

Lo anterior, convierte por tanto a nuestro tribunal constitucional en un legítimo “legislador negativo”, y ello no debería ser objeto de expresiones de escándalo por parte de ciertos actores políticos quienes por ignorancia injustificada de cómo funciona nuestro sistema de interpretación constitucional, sólo les alcanza para ver las cosas en blanco y negro: La Sala es de “derecha” -o de “izquierda”-. Nada más alejado de la realidad.

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