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Editorial & Opinion

Ley de mejora regulatoria, una oportunidad para el país

Jaime Campos / Director ejecutivo del OMR Twitter: @jaimecamppos

jueves 21, diciembre 2017 - 12:00 am

Antes de finalizar el actual período legislativo, El Salvador cuenta ya con una “Ley de Procedimientos Administrativos” y una “Ley de Mejora Regulatoria”, con las que se busca ofrecer mayor transparencia, eficacia y eficiencia a las actuaciones de la administración pública.

La generación de normas o “reglas del juego” claras, trámites y servicios sencillos, así como la transparencia en el proceso de su elaboración y aplicación es importante para incentivar el desarrollo de un mercado interno competitivo y, en general, para devolver la confianza ciudadana en las instituciones de un estado que se ha caracterizado –desde antiguo- por mantener regulaciones excesivas, dispersas y obsoletas, y haber creado un verdadero laberinto de trámites en los distintos órdenes de gobierno.

La aprobación de una ley de procedimientos administrativos que regule los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones de la administración pública, y los derechos de los ciudadanos frente a esta, constituye un magnífico escenario para desarrollar la política de mejora regulatoria, cuya supervisión debe estar a cargo de una entidad con autonomía técnica.

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Para lograr este propósito es necesaria la institucionalización permanente del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), ya creado por decreto ejecutivo, mediante una ley que establezca, además, los principios y las bases de la política pública; la organización y el funcionamiento del sistema de mejora regulatoria; y los instrumentos o herramientas de que se valdrán.

La política de mejora regulatoria tiene como objeto garantizar la calidad de las normas, tanto de las existentes como las nuevas que se generen, buscando que las regulaciones constituyan siempre la mejor alternativa y produzcan mayores beneficios que costos; promueve la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las disposiciones normativas, a través de un mecanismo de consulta pública (“avisos y comentarios”), reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios; y favorece la simplicidad y no duplicidad en la emisión de las regulaciones, trámites y servicios, entre otros.


El sistema de mejora regulatoria deberá comprender en su gobernanza o estructura institucional, además del órgano de supervisión (“oversight body”), la existencia de un consejo que sirva de enlace con la sociedad y como un mecanismo de coordinación público- privado que recabe opiniones en la materia.

Asimismo, deberán establecerse las obligaciones de las instituciones estatales para facilitar los trámites y la responsabilidad de los servidores públicos ante el incumplimiento de las mismas en tiempo y forma. Vale recordar que la Ley de Ética Gubernamental prevé como una prohibición ética de los servidores públicos retardar, sin motivo legal, la prestación de los servicios, trámites o procedimientos administrativos que les corresponden.

Por último, una Ley de Mejora Regulatoria deberá incluir una serie de herramientas (“toolkit”), entre las que pueden citarse la evaluación de impacto regulatorio (EIR); los registros nacionales de regulaciones y de trámites y servicios; el expediente único de usuario que facilite la realización de trámites y servicios ante las instituciones públicas; planes de mejora regulatoria y programas de simplificación administrativa.

El Salvador tiene una oportunidad para mejorar y un excelente inversionista en la Corporación del Reto del Milenio para lograrlo, gracias a la ayuda del pueblo y gobierno de EE.UU.




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