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OPINIONJuan F. tiene 15 años y Otoniel F. tiene 17. El 3 de marzo pasado ambos participaron en la masacre de San Juan Opico, donde 11 hombres fueron asesinados a machetazos y a balazos. Algunos de ellos fueron decapitados mientras agonizaban, tal como quedó registrado en un vídeo que los mismos homicidas realizaron. Fue una masacre horrible y estúpida. Repugnante.

Entre las víctimas se encontraban ocho empleados de una empresa distribuidora eléctrica y tres pobladores del caserío Las Flores del cantón Agua Escondida de San Juan Opico. Según las investigaciones de la Fiscalía los hombres fueron asesinados por terroristas de la pandilla 18 para que las autoridades inculparan a mareros de la MS.

Hasta ahora las autoridades han detenido a 12 sospechosos, entre ellos 10 adultos que esperan juicio, así como los menores Juan F. y Otoniel F. a quienes la semana pasada el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla encontró culpables y les impuso a cinco y 15 años de internamiento.

Otoniel F. recibió 15 años de internamiento y Juan F. cinco. Apenas se conoció la pena contra los menores comenzaron las críticas contra la juez que emitió el fallo. En las redes sociales la población indignada comenzó a tratar de corrupta a la juez y a todo el sistema judicial. Lo más triste es que muchas críticas son externadas por periodistas y personas con poco criterio y que se consideran analistas.

No se trata de defender a la jueza porque no hay motivos para hacerlo. La jueza solo actuó apegada a las leyes. La Ley Penal Juvenil de El Salvador establece que un adolescente, cuya edad oscile entre 12 y 16 años, no puede ser sancionado con una pena mayor de cinco años de internamiento. Es el caso de Juan F. quien al momento de participar en la masacre de los 11 hombres solo contaba con 15 años.  La misma ley establece que un adolescente que tenga entre 16 y 18 años no cumplidos, la pena máxima a recibir es de 15 años de internamiento, aunque haya participado en la muerte de mil personas.

Si un juez se atreve a poner un día más de sanción contra un “menor infractor”, como dice la ley, se expone a ser destituido y hasta procesado por violar las leyes. Los jueces de menores están amarrados a hacer cumplir la Ley Penal Juvenil y son ellos los menos culpables de lo que dicha ley contempla.

Las leyes las hacen los diputados y ahí prevalecen los criterios políticos. Recordemos que El Salvador es suscriptor de convenios internacionales y la fabricación de las leyes se sujeta a no transgredir dichos convenios, los que a mi juicio han sido convenidos para países del primer mundo.

Aquí tenemos adolescentes con mentalidad y conducta criminal, capaces de matar, secuestrar, violar, extorsionar y cometer cualquier acto de terrorismo.  A esos menores hay que aplicarles la ley con base al delito cometido y no con base a su edad, desde luego ello implica reformar las leyes y denunciar los convenios internacionales. No es posible que a un menor que ametralla a familias solo se le imponga un máximo de cinco o 15 años de internamiento, dependiendo de su edad.  Es irónico que si a un adolescente le hace falta un día para cumplir 18 años no se le puede condenar como adulto, aunque haya cometido atrocidades.

Juan F. y Otoniel F. actuaron como adultos criminales cuando participaron en la muerte de las 11 personas y de haber tenido 18 años fácilmente se les hubiera condenado a 220 años de prisión a razón de 20 años por muerte.

Por supuesto que los salvadoreños tenemos que estar indignados. Juan F. pagará 165 días de internamiento por cada una de las víctimas. En Estados Unidos seguramente le dan cadena perpetua y en algunos estados le imponen la pena de muerte.

Los jueces no tienen la culpa de las leyes bonancibles que favorecen a los menores criminales. No es lo mismo que un adolescente de 17 años participe en un delito menor que en una masacre. Tampoco los diputados tienen la culpa de hacer leyes tan alcahuetas, pues al final es el Estado el que debe denunciar los convenios internacionales relacionados con las penas a los “menores infractores” y crear nuestro propio marco jurídico con base a nuestra dolorosa realidad.

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