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El problema de la violencia en El Salvador se mantiene, si acaso no se está incrementando.

De hecho, muy poco se puede hacer con tímidas medidas contra la delincuencia. Quiero decir que cuando una persona cae a niveles tales en que no le importa perder la vida, o perder la libertad (morir o caer preso), ha llegado al límite de la convivencia social, y es momento de que se enfoque el problema en forma integral, y se busque una solución definitiva para reintegrarlo, o eliminarlo de la sociedad. Tal tarea obliga a plantearse el problema entre todos los participantes de la comunidad, o sea, incorporar a víctimas y autoridades, quienes deben afanosamente  buscar soluciones prácticas y eficientes en concordancia con lo que sea necesario hacer.

Se escuchan muchas salidas radicales para solucionar el problema, llegando hasta las más extremas, como reformar la Constitución para volver a permitir la pena de muerte. Ha circulado en la Internet el caso de Singapur, en donde un militar, apoyado por su ejército, tomó el control del país en forma violenta (golpe de Estado) y lo saneó de la delincuencia. Arrasó con la corrupción, y con la delincuencia común. De 500 mil prisioneros que rebalsaban las cárceles, los redujo a su mínima expresión, y puso orden. Hasta los chicles se prohibieron, porque la población los tiraba en la calle y la ensuciaban, y eso ensuciaba el país. El pueblo, satisfecho con su dirigente, cuando convocó a elecciones, lo eligió a él para que siguiera en el cargo.

En nuestro país ya se habla de reformar la Constitución que actualmente  prohíbe la pena de muerte, pero hay un sentimiento generalizado de que la Constituyente del 83, cometió un error cuando aprobó la supresión de la pena de muerte.

Es innegable que el sistema penitenciario actual no logra reincorporar a la sociedad a los reos, sino por el contrario, los centros penales gradúan a l delincuente en la materia “Como mejorar los crímenes” y cuando el interno sale, conoce más y mejores formas de delinquir. Sin embargo, de toda esta situación que agobia al ciudadano honrado, y lo hace pensar en el derecho a la legítima defensa, mientras la autoridad no ataque de frente el problema y lo trate con medias tintas, por otro lado tenemos ya que enfrentarnos a quienes de oficio recurren a los derechos humanos de los sectores fuera de la ley, sin referirse a los derechos humanos de las víctimas de tanto antisocial que no le importa morir, ni estar encarcelado, porque ya se acostumbró a vivir del crimen, y no tiene interés ni deseo de reintegrarse a la sociedad, y empezar a trabajar como Dios manda, ya sea con su negocio propio, o laborando en cualquier empresa.

Dirán que no hay ofertas de trabajo, y así es, pero eso no justifica que deban matar, extorsionar, robar o violar a cualquiera de sus semejantes. Aunque ya hemos  tenido noticias provenientes de la Procuraduría de Derechos Humanos, esta institución debe de velar también por los derechos humanos de la sociedad en general. Seguir como estamos en la creciente inseguridad, podría devenir en una situación similar a la Singapur, en donde –como hemos dicho- se puso orden, y el pueblo aprobó mayoritariamente la acción, y premió a su salvador, con una elección democrática como premio. Eso nos haría cerrar el círculo que los tratadistas mencionan, en el sentido de que la dictadura deviene en democracia y ésta deviene en demagogia, y cuando el pueblo se cansa, ésta a su vez regresa a la Dictadura.

Recuerden, si no les parece nuestro caso: El presidente Araujo, democráticamente electo, pero con un desorden y caos social, es derrocado por Hernández Martínez, igual a Dictadura, y después un periodo de calma política (orden), hasta llegar a cierta democracia (PDC y ARENA) y en nuestros días, donde el desorden provocado por las maras, clama por un orden para regresar a una dictadura (de derecha o de izquierda), pero que imponga el orden que se ha perdido.

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