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Foto: DEM

Un mecanismo que podría favorecer un financiamiento partidario sin ilegalidades es, según el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, el financiamiento público. Pero también sugiere que se creen instituciones robustas y eficaces, que permitan trascender secretos bancarios y fiscales, porque, dice, no solo basta con que los partidos den cuentas. El control del financiamiento partidario, según él, no puede basarse en la buena fe.

¿Cuál es el nivel de infiltración del dinero ilícito en los partidos políticos de Latinoamérica?

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En América Latina, tenemos una regulación muy disímbola, respecto a los modos de financiar a la política, y los modos de controlar los recursos que las campañas (y de) los partidos políticos, incluso en su vida ordinaria, se financia, es decir, es un problema doble: de financiamiento pero también un problema de financiación, el control de ingresos y gastos de los partidos. Hay muchos países, que incluso podríamos definir como democracias consolidadas o medianamente consolidadas como Chile, en donde no existen mecanismos de control o está discutiéndose apenas la introducción de mecanismos de control; siempre existe un riesgo de infiltración de tipo ilícito, como en el caso de México de personas que tienen fuentes de actividades legales pero que tienen prohibido hacer aportaciones a los partidos políticos, eso depende de cada realidad (…) Hay una virtud enorme del financiamiento público frente a los recursos privados, te permite generar mayor equilibrio en las condiciones de la competencia (y) te permite tener transparencia sobre buena parte de los recursos que reciben los partidos. Tiene la virtud de inyectarle autonomía a los partidos porque detrás del dinero público no tienes el peso de los intereses que están detrás del financiamiento privado. En política, quien hace aportaciones a un partido, en una campaña, no está haciendo filantropía. En la medida que los mecanismos de auditoría sean más robustos, más difícil va a ser para los partidos o las campañas, o los candidatos, allegarse a recursos ilegales. El riesgo del financiamiento ilícito, sobre todo el financiamiento de la criminalidad organizada a la política ahí está.

¿Cómo evitarlo?

Pensando o repensando el financiamiento público como una manera de permitirle a los partidos contar con recursos y de acortar la necesidad de buscar (dinero) donde no queremos que lo busquen y por otra parte con la existencia de controles contables, pero esto implica también, contar con estructuras robustas, bien dotadas en términos legales, que le permitan trascender los secretos bancarios, los secretos fiscales y, al llegar esa información, que les permita seguir la ruta del dinero que utilizan los partidos.

¿Recurrir solo al financiamiento público?

Es una alternativa y tienes varios modelos, por ejemplo, en Estados Unidos, los partidos pueden optar o bien por un esquema de financiamiento público, tienen un tope, no pueden recabar financiamiento privado y puede traer un desequilibrio como en la campaña de la primera elección del presidente Obama. El candidato, el señor McCain, optó por el financiamiento público y tuvo un monto considerable, importante, para poder realizar la campaña de $150 millones, mientras que Obama tuvo a su disposición, se dice, alrededor de $650 millones, la desproporción es brutal. Hay otros esquemas, otros países en donde no existen recursos públicos y solamente existe financiamiento privado o bien otros, como el caso que mejor conozco, el de México, en donde existen ambas rutas de financiamiento, no excluyentes pero donde el financiamiento público tiene que ser prevalente, está establecido en la Constitución. Tiene ventajas en términos de transparencia, autonomía, equidad en la competencia, porque tú puedes jugar cómo distribuyes el financiamiento privado para inyectarle mayor competitividad a las elecciones, aunque el financiamiento tiene elementos positivos. Por ejemplo: el tener que recurrir a fuentes de financiamiento que no son solo públicas para atender necesidades de gasto de un partido implica que tendrá un vínculo cada vez mayor y una dependencia, porque no está mal, por ejemplo, con su propia militancia.

¿Cuál es el mecanismo de verificación adecuado?

Hay que definir quién va a ser el órgano encargado de hacer esa supervisión, puedes tener o recurrir, como ocurre en Europa a los órganos de auditorías del Estado como tribunales de cuentas o contralorías generales o bien como ocurre en México, que se le ha dotado a la autoridad electoral, en este caso, al Instituto Nacional Electoral (INE) de México, muy poderosas herramientas de control de auditoría. En México, el INE no solamente es la autoridad ante la que los partidos deben entregar sus informes periódicos, gastos ordinarios, pago de sus estructuras partidistas, de su burocracia, sino también informes para las campañas; y el Instituto Nacional Electoral está obligado a tener una estructura permanente muy grande que le permita realizar tareas contables, puede acceder a las cuentas bancarias de manera irrestricta, puede acceder a las cuentas del sistema hacendario, puede realizar auditorías in situ, puede requerir a cualquier ente público, pero también a cualquier persona privada, información que sea relevante, está obligada a hacer un monitoreo en campo para hacer estimaciones de la publicidad, que está en la calle, en fin y calcular su costo.

Entonces, ¿no es suficiente que los partidos declaren para tener control?

No, porque todos los mecanismos jurídicos y de control de cuentas deben partir del principio de la buena fe, pero no puede quedarse en el principio de la buena fe. Los partidos tienen la obligación de declarar pero no basta con eso, la historia de nuevo. En épocas pasadas hay un par de casos, uno llamado los amigos de Fox y el caso de Pemex Gate, implicaban una red de financiamiento ilegal paralela a las cuentas formales; una contabilidad subterránea, una doble contabilidad que no se había reportado a la autoridad electoral; esto puede detectarse y sancionarse, porque la autoridad tuvo, además de recibir y revisar lo que los partidos estaban obligados a presentar, la posibilidad de auditar. Entonces, es importante la obligación de los partidos, que reporten pero tiene que haber una especie de músculo, de control y de revisión de la autoridad para garantizar que no exista ningún ilícito en términos financieros.

Perfil

Lorenzo Córdova Vianello.

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor de investigación en teoría política de la Universidad de Turín, Italia. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En 2010, recibió el premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

 

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